En un contexto de gran incertidumbre a nivel político, social y económico, los comportamientos de pago se han visto significativamente afectados. Son muchos los factores que influyen en estos, y son diversas tanto la forma de medirlos, así como la forma de abordarlos.
Open Hub News ha tenido la oportunidad de entrevistar a Enrique Rodríguez Zarza, abogado especializado en Derecho Mercantil y experto en Legaltech y Fintech. El experto posee una amplia experiencia en la creación de proyectos basados en innovación tecnológica y digitalización. Como socio fundador de ICIRED Credit Services, lanzó un sistema pionero de información crediticia en abierto.
Asimismo, Zarza ideó el Registro de Impagados Judiciales para la Abogacía española, convirtiéndose en el primer fichero de morosidad en el mundo que permite la reclamación y consulta de información sobre deudas con resolución judicial firme y prejudiciales. Además de esto, es fundador y director de Desarrollo de Negocio de Pagoscertificados.com, una plataforma de contratación digital y pagos electrónicos lanzada en febrero de 2021 por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), CTI Soluciones y CaixaBank.
Con una larga trayectoria dentro del sector, el experto ha hablado sobre los comportamientos de pago, su evolución, la influencia de la transformación digital, los impagos en la administración pública y cómo enfrentarlos a través de soluciones tecnológicas, entre muchas otras temáticas.
¿Cuáles son los factores que influyen en los comportamientos de pago?
Los factores que influyen en los comportamientos de pago son sumamente diversos y deben analizarse en función de los diferentes tipos de ámbitos de actividad en los que se analicen. No es lo mismo analizar el comportamiento de pagos en el sector financiero, con el del mercado privado o el de las Administraciones Públicas.
Por ejemplo, la crisis del Covid o una situación política o económica en un momento concreto como la guerra de Ucrania puede generar un escenario de incertidumbre y desconfianza y un mayor riesgo genérico en los comportamientos de pago. Por otro lado, existen circunstancias que afectan de forma más directa a determinados sectores o subsectores de actividad como puede ser la sequía que está afectando ya a la ganadería y a la agricultura y específicamente en aquellas áreas donde se ha dado de forma más pronunciada.
Un claro ejemplo han sido las tensiones en el comercio internacional desarrolladas por políticas proteccionistas y el uso de aranceles que implantó EEUU o los conflictos bélicos, como la guerra de Ucrania o la ocupación de Israel en la franja de Gaza, que han supuesto un serio problema para diferentes sectores de la economía.
Las reformas políticas de la Unión Europea en materia Agraria, la fuerte subida de la inflación y la escalada de precios, o las subidas de tipo de interés para frenar la inflación tienen una inmediata repercusión en la economía y afectan a los comportamientos de pagos.
Por darte algún ejemplo más cercano, la crisis del Covid primero y las huelgas de funcionarios en el ámbito de la justicia y los retrasos judiciales en las fechas de señalamientos a juicio están afectando los comportamientos de pago de los fondos especializados en la compra de carteras morosas, y en la de los bufetes de abogados especializados en el recobro.
Los cambios de tendencias generados por la transformación tecnológica también afectan a los comportamientos de pago y no siempre de forma negativa. Estoy convencido que las nuevas soluciones avanzadas que van a surgir del uso de la Inteligencia Artificial y proyectos disruptivos como el Registro de Incidencias e Impagados Judiciales de la Abogacía Española pueden suponer un gran cambio y una ostensible mejora en los comportamientos de pago de deudas judicializadas.
El RIJ ha supuesto la democratización de los tradicionales registros de morosos y conforme avance su consolidación en el mercado va a suponer un cambio radical en diferentes ámbitos de la actividad crediticia tanto en los departamentos de admisión de clientes, al estudio de operaciones, así como en el ámbito del recobro.
Y ojo con las reformas procesales y de digitalización de la Justicia que está llevando a cabo el Gobierno que van a suponer cambios sustanciales en nuestro sector de actividad.
“Iniciativas de intercambio de información de forma dinámica entre empresas amparadas en el uso de las nuevas tecnologías pueden generar un universo nuevo de información impensable en nuestro sector hasta hace dos días”
En este sentido, ¿cómo se puede medir el comportamiento de pagos?
Actualmente el comportamiento de pagos se puede medir mediante el análisis del crédito, el seguimiento del historial de pagos del cliente y una evaluación de la ratio de endeudamiento del cliente pero, sin duda alguna, en los próximos años vamos a ver como nacen nuevos proyectos y nuevas fórmulas de intercambio de información que van a permitir grandes avances tecnológicos y de negocio en el sector.
Es absurdo pensar y obviar que esta situación de cambio constante provocada por la innovación y la transformación tecnológica no va a afectar a nuestro sector de actividad. Sectores tradicionales como el hotelero se han visto seriamente afectados por la irrupción de startups como Airbnb, y sectores de actividad como el publicitario han sufrido importantísimos cambios con el nacimiento de las redes sociales. Ahora nos enfrentamos al nuevo cambio que va a provocar la Inteligencia Artificial.
Iniciativas de intercambio de información de forma dinámica entre empresas amparadas en el uso de las nuevas tecnologías pueden generar un universo nuevo de información impensable en nuestro sector hasta hace dos días.
Cuando yo defiendo la revolución que está suponiendo y que va a suponer el RIJ en los comportamientos de pago de recuperaciones judiciales, no lo hago solo en base a los datos estadísticos actuales que ya demuestran una mejora sustancial de los plazos de recobro y de recuperación judicial que ya son evidentes a día de hoy. Lo hago con la visión de futuro de que esta iniciativa no ha hecho más que iniciar su actividad y ya permite que 160.000 abogados en España compartan información sobre impagos en tiempo real a través de una plataforma, algo que era impensable hasta hace unos años.
Imaginaros la gran cantidad de información en más áreas de actividad que se puede lograr a aglutinar en otras áreas de actividad con este nuevo formato que yo denomino de economía colaborativa.
¿Cómo están cambiando los comportamientos de pago?
La revolución tecnológica sin precedentes a la que asistimos está suponiendo un cambio radical en los compartimientos de pago. La tecnología es una gran oportunidad ya que su uso permite optimizar el cobro gracias al uso de métodos electrónicos y la automatización en los pagos, lo que facilita, por tanto, las transacciones. Sin embargo, también tiene su lado oscuro, y hay que estar atentos a nuevos escenarios de riesgos como la ciberdelincuencia y los delitos de robos de información o a los secuestros tecnológicos.
En nuestro caso, la Abogacía Española, junto la empresa CTI Soluciones y CaixaBank, hemos desarrollado la primera y única plataforma de contratación digital electrónica basada en tecnología smartcontract que condiciona la eficacia de los contratos a que se haya producido un pago telemático, de tal manera, que se gana seguridad jurídica en la contratación digital online. Esta iniciativa es una solución tecnológica a la cuenta de consignaciones judiciales del Ministerio de Justicia que sufre importantísimos retrasos en librar los pagos consignados.
El hecho de que esta tecnología haya permitido a la Abogacía Española convertirse en certificadora digital de las personas intervinientes en un acuerdo así como de los acuerdos alcanzados online, supone un cambio tecnológico en la contratación digital, hasta el punto de que el uso de esta tecnología permite formalizar compraventa de acciones de una sociedad sin necesidad de ir al notario o inscribir un renting en el registro de bienes muebles que se ha formalizado a través de dicha plataforma sin ir al notario.
En el caso del RIJ, la información que suministra dicho fichero ya supone también un cambio en las reglas del juego en los comportamientos de pago, ya que, gracias a la información compartida en Red por los abogados, se dispone de información en tiempo real que antes era impensable.
La tecnología nos ha permitido poner a disposición de las empresas españolas y particulares un fichero de incidencias judiciales y de morosidad en abierto, y que está información sea accesible al sistema financiero y empresarial español de una forma muy dinámica, logrando acelerar exponencialmente el recobro y evitar riesgos de impagos por la presión social y financiera que ha supuesto abrir el acceso a la consulta del fichero.
“Hemos desarrollado la primera y única plataforma de contratación digital electrónica basada en tecnología smartcontract que condiciona la eficacia de los contratos a que se haya producido un pago telemático”
¿Cuáles son los retos futuros para la gestión de los comportamientos de pago?
El mayor reto al que se enfrentan las empresas es el saber adaptarse a la transformación digital que va a llegar con el uso de la inteligencia artificial y a saber canalizar y procesar correctamente el aumento de los flujos de información que les va a llegar a su departamento de riesgos.
Del mismo modo debemos estar atentos a la tecnología y a la gran oportunidad para optimizar la gestión del cobro gracias a la automatización de los procesos y a la posibilidad de intercambiar información de forma segura, a través de Internet, en tiempo real.
Casos como el del RIJ están permitiendo a los analistas de riesgo y de comportamientos de pago acceder a un tipo de información que hace unos meses era impensable. El RIJ ha permitido hacer visibles deudas que hasta su lanzamiento se gestionaban de forma silenciosa en los despachos de abogados o departamentos jurídicos de las empresas.
¿Cómo debe actuar una entidad financiera desde el punto de vista de la toma de decisión a la hora de otorgar un crédito con la nueva información a la que va a tener acceso a partir de ahora? Antes se decía consultando RAI, Asnef y Badexcug, pero ahora puedes saber si el solicitante de un crédito tiene dos demandas puestas por impago de salarios de sus trabajadores o si tiene una demanda interpuesta por el impago de materias primas esenciales para su actividad empresarial. Sin duda alguna, los impagos financieros se producen con posterioridad a que se hayan producido una serie de impagos en el sector privado, y tener conocimiento de estos hechos relevantes en el comportamiento de pagos va a ser determinante a la hora de tomar decisiones de crédito. ¿Le daría usted una póliza de crédito a un progenitor que adeuda tres meses de alquiler de su oficina y la pensión de alimentos de sus hijos, y que tiene presentadas dos demandas judiciales por estos hechos? La cuestión no va ser solamente tener la mejor información sino saber canalizarla y procesarla y establecer criterios a la hora de tomar decisiones.
La Transformación Digital jugará un papel muy importante en este 2024. ¿Cómo cree que se evolucionará en este sentido en el ámbito de impagos? Teniendo en cuenta la Ley de Eficiencia Digital en la Justicia, los desafíos para las Legaltech y el papel cada vez más importante de la Inteligencia Artificial.
Como he comentado, la tecnología supone una gran oportunidad y una gran amenaza para el que no sepa adaptarse a la misma. Es muy importante tener en cuenta que la digitalización avanza de una forma vertiginosa, por tanto, quien no se adapte a la nueva forma de trabajar se quedará fuera del mercado. La tecnología no ha venido para sustituirnos, sino como un complemento para hacernos el trabajo más fácil, pero es una realidad que quien no la utilice acabará cerrando su negocio.
La Ley de Eficiencia Digital en la Justicia era algo muy demandado por los profesionales del derecho y muy necesaria. Va a suponer un importantísimo ahorro de costes para el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas que tienen cedidas las competencias en materia de Justicia. Los profesionales nos vamos a ver directamente beneficiados de los juicios telemáticos y de la carpeta digital electrónica que nos va permitir el acceso inmediato a los expedientes judiciales, lo que va a permitir un mayor flujo de información y que los profesionales del recobro tengan más control sobre las actuaciones que llevan a cabo los abogados.
Esta ley va a agilizar los procesos legales y va a reducir los tiempos de espera para que se dicten sentencias, pero aún es pronto para saber si mejorará de alguna manera la ejecución de sentencias y el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, que se da en nuestro caso cuando el acreedor acaba cobrando. A día de hoy en España solo se cobran el 39% de las sentencias que se dictan, unas cifras muy pobres para un estado de derecho como el nuestro. En mi opinión, las ejecuciones judiciales son la asignatura pendiente de la justicia española junto con los plazos para la resolución de litigios. Necesitamos una justicia más rápida, más eficaz y que resuelva los problemas reales. El acreedor que necesita cobrar lo que necesita es cobrar y pronto, lo antes posible. Procesos de 3 o 4 años de duración para obtener una resolución judicial definitiva que luego no se va cumplir en casi dos de cada tres pleitos son el problema actual al que nos enfrentamos.
En mi opinión, el desafío para las Legaltech es en gran parte el mismo que he descrito para el resto de las empresas, adaptarse a la transformación digital y aprovechar los importantes cambios que se darán en el sector. Además, las nuevas Legaltech tendrán que lograr demostrar que pueden monetizar la innovación que hayan desarrollado, que es la parte más difícil en España, porque no hay una cultura de apuesta por la innovación ni las grandes compañías quieren trabajar con proyectos en fase muy iniciales.
En cuanto a la Inteligencia Artificial, bien utilizada, desde la ética, la responsabilidad y el respeto a la privacidad, va a suponer un avance sin precedentes para optimizar y mejorar los comportamientos de pago.
“Las nuevas Legaltech tendrán que lograr demostrar que pueden monetizar la innovación que hayan desarrollado, que es la parte más difícil en España”
¿Cuál es el papel de la tecnología en la identificación y gestión de riesgos en la era digital?
En la era digital, la tecnología desempeña un papel clave en la identificación y gestión de riesgos. Esto incluye el uso de big data, Inteligencia Artificial y el machine learning para analizar datos y prever riesgos.
La tecnología es, por tanto, el complemento perfecto a nuestro trabajo, permitiendo optimizar la identificación y gestión de riesgos en una era en la que los datos nos aportan gran cantidad de información. Su uso ya está suponiendo un ahorro de tiempo y dinero, y nos está facilitándonos el trabajo.
Se van a necesitar fuertes inversiones para poder competir en igualdad de condiciones con el resto del mercado y aquellos que renuncien a la inversión tecnológica y a la innovación se irán quedando obsoletos e irán desapareciendo a una velocidad aún mayor a la que estamos acostumbrados. Ejemplos como la pérdida de la posición dominante de Nokia o Blackberry en el sector de la telefonía móvil de finales de los años 90 y comienzos del 2000 que pasaron del todo al nada en cuestión de 3 o 4 años son muy clarificadores de lo que está por venir en todos los sectores.
¿Cuáles son las políticas y regulaciones existentes para abordar los impagos en la administración pública?
España sí que se está llevando a cabo una fuerte inversión y se está desarrollando una política efectiva de lucha contra la morosidad en el ámbito de la Administración Central del Estado y por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Iniciativas como la famosa “ley Montoro” y la publicación de la lista de los grandes deudores con la Agencia Tributaria son un claro ejemplo de ello. La eficiencia de dicha lista ha sido tal, que cada dos por tres la administración vuelve a revisar la ley y cada vez rebaja más las condiciones necesarias para ser incluido en la misma. No descarto que en unos años cualquier deudor de la Hacienda Pública pueda ser incluido en dicha lista sin importar el importe adeudado.
Sin embargo, el recobro en el ámbito Municipal y Autonómico sufre de importantes deficiencias y no se ha producido ningún tipo de avance por parte de Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autonómicas en este ámbito.
Se siguen aplicando procedimientos de recaudación ejecutiva tradicionales que a pesar de tener un alto grado de efectividad no logran rebajar tasas de morosidad en el recobro de tributos que en algunas administraciones alcanza tasas del 15% o del 18% anual de impagos.
¿Qué medidas se pueden implementar para prevenir y reducir los casos de impagos en la administración pública?
Precisamente, tras el éxito del RIJ estamos trabajando en un innovador proyecto que muy pronto os podremos dar a conocer. Os puedo avanzar ya que va a ser una novedosa solución tecnológica, basada en la tecnología del RIJ, especialmente desarrollada por el Consejo General de la Abogacía Española, para optimizar la gestión financiera y tributaria de las Administraciones públicas con el objetivo de mejorar los ingresos de la Administración. Nuestra tecnología va a permitir que las Administraciones compartan datos entre ellas de cara a mejorar la eficiencia en el recobro. No es normal que las Administraciones Locales no compartan datos para mejorar la eficiencia en la gestión tributaria.
“Nuestra tecnología va a permitir que las Administraciones públicas locales compartan datos entre ellas de cara a mejorar la eficiencia en el recobro”
¿Cómo pueden las entidades gubernamentales mejorar la gestión financiera para evitar situaciones de impago?
Como os he avanzado, este es el objetivo del nuevo software que estamos desarrollando para mejorar y optimizar esta gestión. El intercambio de información, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente, va a permitir evitar situaciones de impago, ya que esta automatización de los procesos y la disponibilidad de información de gran valor aumentará la recaudación de impuestos por la vía ejecutiva y, por tanto, sus ingresos para afrontar los pagos con terceros.
¿Cuáles son las consecuencias económicas y sociales de los retrasos en los pagos por parte de la administración pública?
Estos retrasos afectan directamente a la salud financiera de las empresas que viven de la contratación pública, y afectan igualmente a la calidad de los servicios públicos con las consiguientes consecuencias sociales y económicas. Sus consecuencias son, por tanto, muy dañinas para la economía nacional, teniendo en cuenta que el 85% del tejido empresarial de nuestro país son pymes y autónomos con limitados recursos financieros, y a los que un retraso considerable en los plazos de pago o un impago les supone un importante desajuste. Estos impagos afectan a proveedores y contratistas, generando tensiones financieras y problemas de liquidez y, en algunos casos, el cierre del negocio. Socialmente, estos retrasos pueden repercutir directamente en el sector y en la destrucción de empleo, con todo lo que ello conlleva.
¿Cómo afectan los impagos a la administración pública en la prestación de servicios esenciales?
Una deficiente gestión tributaria afecta directamente a la sociedad en general, ya que suponen una disminución de ingresos en la recaudación y, por tanto, una peor prestación de los servicios públicos esenciales, teniendo en cuenta que pagamos nuestros impuestos para contar con servicios públicos esenciales de calidad.
Actualmente muchísimos ayuntamientos españoles hacen malabares cada año para cuadrar los presupuestos y los impagos de tributos locales repercuten en el desarrollo de actividades esenciales y esto acaba suponiendo un retroceso a nivel económico y de bienestar social.
¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta la administración pública en términos de impagos y cómo se podrían abordar con soluciones tecnológicas?
La digitalización es clave en la optimización de la gestión tributaria de las administraciones públicas, por eso, tenemos una gran confianza en el proyecto en el que estamos trabajando. Gracias a la tecnología que usamos en el RIJ, hemos conseguido que deudas judiciales que tardaban en cobrarse más de tres años, según la propia Memoria del Poder Judicial, se estén ya recuperando en menos de 20 días, e impagos extrajudiciales en menos de ocho días. Por tanto, creemos seriamente en la tecnología y el modelo de negocio del Big Data para luchar contra la morosidad en el sector público; por eso, ahora queremos poner a disposición de las administraciones públicas una herramienta especialmente desarrollada para mejorar el comportamiento de pago de los contribuyentes y, sobre todo, aportar una mayor transparencia en la gestión tributaria, todo ellos con el máximo nivel de seguridad jurídica.
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