Los dueños del último palacio en Palma: "Nos han ofrecido un cheque en blanco, pero Can Vivot no está en venta"

«Formamos parte de un grupo minoritario, una rara avis que no vende ni tiene la intención de hacerlo. No creemos que vender sea la única manera de continuar en estos momentos». Ellos son Pedro de Montaner y Magdalena de Quiroga, los propietarios del último casal mallorquín completo en contenido y continente en el centro de Palma, Can Vivot. Confiesan que reciben muchas ofertas por su casa, sita en la calle Can Savellà. La pasada primavera dijeron ‘no’ a una multimillonaria que les pidió que pusieran precio. «Nos ofrecía un cheque blanco y no entendía que no quisiéramos vender».

Como especialista en historia social, Montaner expone que antes suponía un orgullo «no desprenderte de lo tuyo, ahora es justo lo contrario», lamenta. «Es el fin de esa imagen del mallorquín que conservaba los bienes y el legado como depositario para transmitirlos a las generaciones postreras. Una tradición que debía venir del sistema de sucesiones que tenemos», relata. «Esta realidad que estaba tan afianzada de repente se rompió en los años 60 y luego se sucedió con la llegada de los alemanes a la isla, pero no fue algo tan devastador como lo de ahora», apunta.

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«Cuando compran estas casas las vacían por dentro e incluso cambian sus estructuras, que se correspondían con una manera de vivir. Los patios también los están cambiando. Ahora parecen salitas de estar con las decoraciones que ponen. Es una manera de arrasar con un modo de vida, con una cultura», consideran ambos historiadores, que luchan por que Can Vivot sea un museo vivo y centro cultural. «No queremos vender porque tenemos muy claro que queremos conservar, potenciar y transmitir los valores de este edificio histórico. Ya lo hicieron en los años 20 nuestros antepasados. Hay fórmulas para continuar en otras partes de la península que funcionan, como la del Palacio de los Mencos, en Navarra, donde los propietarios continúan viviendo dentro y muestran la casa a las visitas poniendo una entrada para costear el mantenimiento. Nosotros combinamos también con actividades gratuitas en el patio. Nos gustaría hacer más cosas, pero no contamos con ningún tipo de ayuda», advierte Quiroga. «Mallorca es uno de los únicos lugares de España donde no hay apoyo para mantener este tipo de palacios declarados monumentos histórico-artísticos», denuncia. «Además -subraya Montaner-, ya basta de identificar con una clase social malvada este tipo de casales, estos edificios son ahora un patrimonio histórico de todos», abunda.

Trabas e impedimentos desde las instituciones

Con todas estas ventas en el centro, «se está produciendo por una parte un desprendimiento total de la ciudad antigua y por otra un descontrol total sobre lo poco que queda con valor patrimonial», consideran. Asimismo, constatan las «grandes diferencias» que se producen entre los inversores, «que modifican las casas como quieren», las propias Administraciones propietarias de bienes inmuebles históricos y «los pocos propietarios de aquí que quedamos»: «Para nosotros hay muchas trabas e impedimentos para continuar. Tenemos inspecciones continuas por si hemos movido algún mueble o si hemos iluminado el patio, se nos han denegado ayudas para digitalizar el archivo... Es todo muy complicado y arbitrario. Habría que ayudar y proteger a los que no están por la labor de consumar este desenfreno de compraventas, pero no está sucediendo, al revés, ¿acaso quieren que todo desaparezca?», se preguntan. «La inseguridad jurídica la tenemos nosotros».

Los propietarios de Can Vivot son testigos de la llegada de familias de Europa del Norte al casco antiguo. «Teletrabajan, se traen sus decoraciones suecas, no se integran por regla general y tampoco les preocupa el entorno que les rodea. Viven hacia dentro», comentan. «En el barrio de Santa Eulàlia ha habido un intento por parte de suecos de comprar una manzana entera, pero creemos que al final no se ha consumado la operación».

Can Vivot no siempre estuvo a salvo. «Pudo haber desaparecido en 2012, había un plan para desarrollar 32 apartamentos, pero lo pudimos parar. Había un proyecto encargado por los legatarios en contra de la propiedad, que somos nosotros, pero ganamos en la Audiencia», relatan. «Somos los últimos de Filipinas: ya sólo quedamos Ca n’Alluny en Deià, Els Calderers en Sant Joan, Alfàbia y nosotros. La Granja de Esporles será un hotel».