Esta nota está suscrita por Jucil, mayoritaria en el Instituto Armado, junto a ASES-GC, AEGC, Unión de Oficiales y la Asociación Profesional de Cabos.

Estas entidades emitieron este comunicado después de que en las últimas horas se haya sabido que la dirección de la Benemérita ha abierto una investigación para decidir si sanciona a los responsables de la Asociación Pro-Guardia Civil (Aprogc). Este colectivo difundió un comunicado en el que aludía a su juramento como militares para "derramar sangre" en defensa de España y la Constitución.

A este respecto, las entidades que emitieron el comunicado este sábado expresan su rechazo a la amnistía, al tiempo que indican que querían trasladar a la sociedad española su “absoluto respeto y defensa de la Constitución, el Estado de derecho y la separación de poderes, junto con nuestra inquebrantable lealtad al Rey”.

“MONEDA DE CAMBIO”

También aluden al punto 2 del Decálogo de la Guardia Civil, que habla de la obligación de los agentes de trabajar en defensa de España y de la Constitución. En concreto, este punto dice lo siguiente: “Mi primer deber es defender a España, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes, con lealtad al Rey”.

Respecto al acuerdo del PSOE con Junts sobre la amnistía, estas asociaciones mostraron su rechazo a que comisiones parlamentarias puedan fiscalizar la actuación de los jueces, como exigía el partido que lidera Carles Puigdemont. Estos guardias civiles sostienen que se trata de “un ataque a la línea de flotación de la independencia judicial, la cual quebranta la separación de poderes, el pilar básico de un Estado de derecho”. Apuntan que también afecta a las Fuerzas de Seguridad en cuanto colaboran con los juzgados en calidad de Policía judicial.

Estos agentes añaden que están “siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar Gobierno y esto tendrá graves consecuencias permanentes para la seguridad de los ciudadanos”.

Afirman que “la Guardia Civil ya perdía influencia y ahora se pretende que pierda competencias y se expulse a los guardias civiles y sus familias del País Vasco y Cataluña”. Afirman que no están dispuestos “a tolerar” esto, al tiempo que dicen ver “con gran preocupación” cómo los socialistas quieren destinar “importantes cantidades económicas” a la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.