La Defensora del Pueblo ha pedido al Ministerio de Empleo medidas para que se incluyan en los presupuestos los remanentes de los fondos de formación de los últimos años y subraya el carácter finalista que debe tener la cuota de formación.
En su escrito, Soledad Becerril da la razón a los agentes sociales a raíz de una cuestión planteada por patronal catalana Cecot y otras organizaciones, entre ellas CCOO, sobre el carácter finalista de la cuota de formación profesional y el uso de sus fondos que salen del 0,7 % de la base salarial de cada afiliado.
Así, en línea con lo planteado por estas organizaciones, la Defensora recomienda al Gobierno destinar los ingresos provenientes de esta cuota a la financiación del sistema de formación profesional para el empleo.
También “articular las medidas necesarias” para que los remanentes de crédito provenientes de esta cuota, es decir lo que se ha quedado sin gastar algunos años, se incorporen a los presupuestos “tramitando los expedientes de modificación” pertinentes.
El Ministerio de Empleo ya contestó a la Defensora del Pueblo a finales del año pasado sobre este tema con un informe en el que explicaba que los posibles ingresos sin gastar de esta partida entre 2012 y 2014 están en el remanente de tesorería del Servicio Público de Empleo Estatal y se podrán usar para financiar posibles déficit “sin que deba existir vinculación” a un fin concreto.
Empleo se ceñía en su argumentos al principio general de desafectación de la Ley General Presupuestaria, es decir que los ingresos forman un fondo único para cubrir gastos, y que hasta 2015 no se aprobó un nuevo real decreto ley en el que se recogía la posibilidad de que el dinero no gastado se pasase a los siguientes ejercicios.
Sobre las cifras de 2015 y 2016, Empleo detallaba en 2015 hubo 273 millones que se quedaron sin gastar, de los que 33 millones se destinaron a la convocatoria de 2016.
El resto, 240 millones, pasó al remanente de tesorería.
Con esta recomendación de la Defensora del Pueblo, esos 240 millones -toda vez que ya estaba en vigor la normativa de 2015- tendrían que destinarse a esta finalidad de forma obligatoria y no dejarse a elección del Gobierno.
El Ministerio de Empleo deberá ahora dar respuesta a estas recomendaciones.