Los querellados afirman que no pagó cantidades ordenadas por una sentencia firme

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha citado a declarar como investigado al presidente de CreditServices, Javier López, a finales de este mes de noviembre por un presunto delito de insolvencia punible. Hace unas semanas, la magistrada abrió diligencias de investigación tras aceptar a trámite una querella interpuesta por la sociedad Análisis Financieros Zofra, S.L. contra el investigado por considerar que presuntamente no había querido pagar una deuda reconocida en 2013 por el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Barcelona y confirmada por la Audiencia de Barcelona.

La querellante, representada por el letrado Luis F. Alamán, destaca que es acreedora de la mercantil administrada por el investigado por sus relaciones de franquicia, tal y como han fallado diversos tribunales estimando las demandas presentadas contra CreditServices que debía pagar unos 120.000 euros. Esta sociedad comercializa franquicias dedicadas a la intermediación y asesoramiento financiero y bancario en España. Precisamente la sociedad querellante contrató a CreditServices para ubicar una oficina en la provincia de Barcelona en 2006 aunque dos años más tarde se dejó de pagar el «royalty mensual por una serie de incumplimientos reiterados de la franquiciadora», según la querella.

El conflicto acabó en los tribunales que condenaron a la empresa del investigado a abonar 156.000 euros -el importe de la deuda más los intereses legales-, aunque los siguientes recursos hicieron que esta ejecución definitiva de la sentencia no llegase hasta julio de 2015. La querella indica que «después de tres años intentando obtener el pago de lo debido, lo cierto es que, hasta la fecha del presente escrito de querella, todavía no se ha obtenido la satisfacción ni tan siquiera parcial; aún es más, en una evidente obstinada actitud de menosprecio hacia cualesquiera actuación judicial y hacia la institución de la Justicia, el legal representante de la deudora, el querellado señor López Pérez, ni tan siquiera había comparecido en las actuaciones ejecutivas y había informado al juzgado de la relación de bienes y derechos de la deudora para proceder por vía coactiva de apremio».

También se indica que el investigado aportó una serie de notas simples de las fincas gravadas que son propiedad de su sociedad aunque la querella detalla que en 2007 presentaba «un activo neto, patrimonio propio, de 10 millones de euros» por lo que destaca que «resulta obvio que es muy difícil haber perdido en un plazo relativamente corto por motivo, estricto, de operaciones comerciales». Por eso, considera el querellante que el investigado pudo cometer un presunto delito de insolvencia punible ya que existe «una contradicción del Neto declarado, que tuvo en su momento sin duda y seguramente todavía tiene, con la información parcial, sesgada e interesada presentada al juzgado».

El sociedad que presentó la querella añade que pidió información de las cuentas de CreditServices al Registro Mercantil de Barcelona y que las últimas depositadas hacen referencia al ejercicio 2007 y cuentan con un patrimonio neto, sin deudas, de casi 10 millones de euros. Pese a esto, indica que la última averiguación patrimonial solicitada por el juzgado correspondiente a 2016 indica que existen una serie de cuentas corrientes con saldos exiguos o negativos y que la mercantil también ha presentado las cuentas anuales de los años 2012, 2013 y 2014 que especifican «una progresiva y lenta reducción de los fondos propios» hasta los 7,3 millones de euros.

La querella considera que, para evitar las deudas, el investigado presuntamente constituyó «la clásica y bien conocida en el ámbito mercantil estructura de grupo societario abusivo», en concreto, usar un entramado complejo de sociedades «con la finalidad de ocultar, mediante complejas operaciones» su patrimonio a los acreedores. Supuestamente el querellado camufló su patrimonio cambiando la propiedad de algunos inmuebles en las provincias de Barcelona y Girona o vehículos entre mercantiles. La querella destaca que «le constan igualmente a esta parte actos de reactivación de sociedades vinculadas con la deudora, todas ellas administradas o controladas por el querellado, que va ejerciendo actos de distribución de activo con el fin de dejar las situaciones de liquidez precisas para frustrar los créditos». Javier López deberá declarar en el juzgado a finales de noviembre. Hace unos meses, el empresario denunció que el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, presuntamente lo había extorsionado.