La de la 'tasa RTVE' es una de las peleas más largas que mantienen las operadoras de telecomunicaciones con el Gobierno. Telefónica, Orange y Vodafone han batallado en los últimos años para que este pago, en base a sus ingresos para financiar el funcionamiento de la radiotelevisión pública española, sea tumbado en los tribunales. Lo intentaron en el Supremo y no fue posible. Ahora logran una pequeña victoria: el Tribunal Constitucional deberá dilucidar si el decreto ley que la regula es o no inconstitucional. Ya está en la mesa del órgano presidido por Juan José González Rivas.
Todo surge en el año 2009. El Gobierno aprueba la ley que suprime definitivamente la publicidad en RTVE. Un año después se da luz verde a un decreto por el que se desarrolla dicha normativa. Entre los que financiarán el funcionamiento del organismo público están las televisiones privadas y también las operadoras de telecomunicaciones. Éstas aportarían el 0,9% de sus ingresos anuales. Ante esta decisión, las compañías del sector se revolvieron y trataron de agotar todas las vías en los tribunales. Primero lo hicieron en el Tribunal Supremo, que rechazó todos los recursos con los que reclamaban su nulidad total. Después acudieron a la Audiencia Nacional, reclamando todas las liquidaciones de esa tasa que recibieron en los primeros años.
La Audiencia Nacional acudió primero al TJUE, a través de una cuestión prejudicial, para comprobar si iba en contra de la normativa europea. Había pocas esperanzas en este camino, pues ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó los recursos interpuestos por Telefónica y Digital+ a finales de 2016. Y los peores presagios para las operadoras llegaron: en marzo de 2019 concluyó que es compatible con las directivas continentales. Pero quedaba una 'bala' en la recámara. La Audiencia se había comprometido a acudir al Tribunal Constitucional en las últimas semanas de 2017. Finalmente, lo ha hecho.
En el primer trimestre de este año presentó formalmente esa consulta prejudicial para dilucidar, como aseguran las operadoras, si se trata de una tasa anticonstitucional. Es decir, el tribunal deberá ahora 'mojarse' tras más de una década desde las primeras liquidaciones. Las compañías tienen un clavo ardiendo al que agarrarse: la sentencia del Tribunal Supremo que les quitó la razón. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estuvo dividida y tres magistrados -Rafael Fernández Montalvo, José Díaz Delgado y Francisco José Navarro Sanchís- plantearon un voto particular. Estos expresaban la necesidad de haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad, ya que consideran que la Ley de Financiación podía ser contraria al principio de capacidad económica reconocida en el artículo 31.1 de la Constitución.
En ese voto particular, los tres magistrados ponen en duda que las telecos sean beneficiarias de la eliminación de la publicidad en la RTVE y, por tanto, deban compensarlo con esta tasa. Respecto a los operadores de comunicación electrónica -telecos, principalmente, a los que se gravan con un 0,9%-, insistieron en que las supuestas ganancias de ese veto a los anuncios serían para los anunciantes en internet. Sobre los prestadores del servicio de televisión de pago -que deben abonar un 1,5% de ingresos anuales-, apuntaron que la mayor parte de su negocio procede de las cuotas a los abonados "y, por tanto, cabe considerar que la eliminación de la publicidad en RTVE difícilmente tiene repercusión positiva en la actividad".
¿Cuánto dinero hay en juego? Se conoce cuánto recauda RTVE a través de esta figura, pero no qué proporción la aportan las telecos. En el año 2019, según las cuentas anuales del ente público, ingresaron 190 millones de euros a través de estas vías de financiación (una cifra que ha sido muy similar en los últimos ejercicios), lo que suponía una reducción de casi 22 millones respecto a lo presupuestado. De acuerdo a las operadoras, ellos soportan hoy casi el 70% de esa cantidad. La razón es que tienen una doble función: la de operadores de la red y también la de grupos audiovisuales, porque todos cuentan con televisión de pago incluidos en sus contratos paquetizados.
Esta no es la única tasa que está judicializada y que afecta a las telecos, pues también el Tribunal Supremo debe dirimir si la que grava con el 1,5% de los ingresos brutos de las compañías -y que es cobrada por ayuntamientos- se extienden a operadores fijos y de internet. En los últimos años, las principales firmas del sector se han quejado continuamente por la mayor presión fiscal sobre su actividad. La última vez que repitieron el mantra fue en la cumbre de reconstrucción ante la pandemia del coronavirus organizada por la patronal española. Tanto Telefónica, como Vodafone y Orange reclamaron un cambio normativo para reducir ese pago de tributos ante la nueva oleada de inversión para el despliegue de las redes de 5G.
¿Y Netflix?
Este último capítulo de la pelea por la llamada tasa RTVE se produce justo en mitad de la elaboración de la nueva Ley Audiovisual. El objetivo del Gobierno es que se someta a consulta pública el proyecto de ley en las próximas semanas. Esta actualización de la normativa persigue modernizar las reglas del juego y adaptarla al nuevo mercado, con la incorporación de las grandes plataformas de internet como Netflix o HBO. El Ejecutivo, ante la presión de los grandes conglomerados tradicionales y las propias telecos, se plantea si exigir un porcentaje de sus ingresos tanto para financiar la radiotelevisión pública como el cine español, equiparándolos al resto de actores.
Pero quizá lo más doloroso para estas compañías podría ser el ejercicio de transparencia sobre los números en España. Todas estas multinacionales facturan a sus clientes desde Países Bajos o Suecia, bajo esquemas societarios que buscan una reducción de la factura fiscal. No aportan ningún tipo de dato que permita valorar su tamaño. Los intentos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sido basados sólo en encuestas limitadas y con un significativo margen de error. El último dato que dio el regulador de la competencia: unos 6 millones de contratos firmados por este tipo de plataformas en España.
Mientras se dilucida qué hacer con las grandes del vídeo bajo demanda, el Tribunal Constitucional tiene sobre su mesa el 'salvoconducto' de las operadoras de telecomunicaciones para tumbar una tasa con la que llevan peleando desde hace casi una década. Es el último cartucho. Y la cuenta atrás para saber si valdrá para algo ya ha comenzado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios