Interior recauda en año y medio 9,8 millones en Galicia por multas de la 'ley mordaza'

Negarse a identificarse, impedir un desahucio, manifestarse ante el Congreso, Senado o los Parlamentos autonómicos si se "perturba la seguridad" o consumir drogas en lugares públicos. Son algunas de las acciones tipificadas como delito en la conocida como ley mordaza y que acarrean multas que van desde los 100 euros hasta los más de 600.000. Desde que la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana entró en vigor en julio de 2015 hasta el pasado mes de diciembre, en Galicia se interpusieron un total de 20.619 multas por un importe de 9,8 millones de euros. Este balance coloca a la comunidad gallega en el quinto puesto del ranking nacional, tanto en número de multas como en la cantidad reclamada a los infractores denunciados, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El grueso de las denuncias interpuestas por la policía en Galicia son por asuntos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas en lugares públicos (más de 15.700, casi el 80% del total en la comunidad), seguidas de las infracciones por delitos propiamente de seguridad ciudadana (casi 3.400, lo que supone el 16,4%) y, finalmente las relacionadas con armas o explosivos (1.481).

A la cabeza de la tabla se encuentra Andalucía, con casi 86.500 sanciones (el 30% de toda España) y 42,2 millones reclamados. Le sigue de lejos Comunidad de Valencia, con casi 33.000 multas por un importe de casi 12,8 millones. En el tercer puesto por el número de infracciones está Canarias (29.570 cuya cuantía asciende a 10,9 millones). Pero en cantidad reclamada, el tercer lugar lo ocupa Madrid (28.597 infracciones por 11,6 millones de euros). En el extremo opuesto están País Vasco, con poco más de 500 multas por apenas 358.000 euros, y Cataluña, con 1.007 denuncias por casi 347.000 euros.

Las provincias gallegas están entre los primeros puestos de sanciones derivadas de la Ley de Seguridad Ciudadana. Destacan en el ranking A Coruña y Pontevedra, que ocupan los puestos 7º y 11º, respectivamente, de todo el país. Lugo se encuentra en la mitad de la lista, en concreto en el puesto 27º de las provincias que más multas acumulan en el primer año y medio de la aplicación de la ley mordaza. Y en el 13º lugar empezando por la cola está Ourense.

De las más de 20.600 infracciones denunciadas por la policía en la comunidad gallega desde el verano de 2015, la provincia de A Coruña concentra casi la mitad (un total de 10.280). Le sigue Pontevedra con 6.887 (el 33,4% de las contabilizadas en la comunidad). Y de lejos, cierran la lista Lugo (2.227) y Ourense (1.225).

Por importe es, sin embargo, Pontevedra la que lidera la tabla autonómica, por lo que las infracciones detectadas son de mayor gravedad que las registradas en A Coruña. Solo en Pontevedra el importe de las sanciones acumuladas en año y medio superan los cinco millones (el 52,3% del total en Galicia). Las multas en A Coruña sobrepasan los 3,2 millones (32,5%). Mientras que en Lugo se quedan en algo más de 797.000 euros y en Ourense, 668.000.

La provincia española con más sanciones por acciones tipificadas como delito en materia de seguridad ciudadana es Málaga (27.675), seguida de Las Palmas (23.950), que en ambos casos suman más denuncias que las registradas en toda Galicia desde julio de 2015. En la cola de la tabla provincial están Girona (47 infracciones), Tarragona (94) y Álava (118).

El informe de la Secretaría de Estado de Seguridad revela la interposición de un total de 285.819 denuncias en España por un importe que ronda los 131,5 millones de euros. La mayoría de las sanciones son por infracciones relacionadas con drogas, seguidas del menoscabo de la seguridad pública y el tráfico de armas o explosivos, que son las tres grandes categorías delictivas que incluye el balance de Interior.

Aunque la conocida como l ey mordaza fue suavizada durante su tramitación parlamentaria, rebajando incluso la gravedad de algunas conductas tipificadas como delito, salió finalmente de las Cortes, con único apoyo del PP, el anuncio de derogación si otros partidos llegan al poder y con un recurso ya presentado de inconstitucionalidad.

Pese al rechazo de todos los partidos de la oposición y de las organizaciones sociales a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, Interior mantuvo que la ley es más garantista que la norma que ha sustituido -la conocida como ley Corcuera o ley de la patada en la puerta-, que respeta plenamente la Constitución y deja menos margen a la discrecionalidad.