La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha dado por buenas las explicaciones del exdiputado del PP, Vicente Martínez Pujalte, sobre los cobros a través de su empresa Sirga XXI Consultores, por “asesorías verbales”. En la causa, iniciada por la Fiscalía Provincial de Valladolid, estaba también la socia de Martínez Pujalte, la exdiputada Ana Torme, que denunció los hechos al sentirse “engañada”.
Precisamente ha sido el Ministerio Público el que ha impulsado el archivo de las actuaciones, puesto que se retiró de la acusación al no hallar indicios de delito. En su declaración judicial, Martinez Pujalte explicó que el carácter mayoritario de su actividad eran asesorías verbales y no había dictámenes o trabajos y si se aportaban eran como análisis o apuntes para que el cliente tomase sus decisiones. Jaime Marín Cózar, socio también de Martínez Pujalte y exdirectivo de FAES, se pronunció en el mismo sentido, e incluso añadió que su trabajo como asesor consistía también en asistir a eventos.
Estas declaraciones fueron corroboradas por los responsables de las empresas que pagaron por esas asesorías verbales, como la constructora vallisoletana Collosa, que pagaba 15.000 euros por trimestre, Mind Talent o Marcenado Economistas.
“La verosimilitud de tales versiones resulta avalada examinando los contratos unidos a la causa”, dice el fiscal del caso, y se basa en que estos tenían como objeto labores de asesoría o consultoría. Así, los informes sin terminar, los esbozos sin fecha ni firma, tienen para el acusador público la explicación de los investigados, que “no es desdeñable” al considerar qye se trata de meros documentos de trabajo, apuntes o borradores facilitados al cliente “para coadyuvar en la labor asesora o para ser desarrollados por aquel”. También la modalidad de pago mensual o trimestral “abona la tesis de la asesoría oral continuada”.
Por otro lado, entiende el fiscal que los informes de la Policía y la Agencia Tributaria y los informes del registro mercantil apoyan la “falta de indicios de actividad delictiva” puesto que los pagos que aparecen en las facturas se realizaron, no se ocultaron y se declararon a Hacienda. Los pagos no eran opacos, ya que se hacían mediante transferencia en cuentas de la empresa. A su vez, las empresas que pagaban no lo hacían a través de sociedades pantalla. Tampoco cree que el fiscal que sea sospechoso que empresas consultoras contratasen con Martínez Pujalte para que las asesorase a su vez y toma por buenas las explicaciones de las primeras: se trataba de una “operativa de colaboración”.
Así, descarta la falsedad documental pero también el cohecho: “sólo se hubiera producido si los pagos efectuados por el receptor de la factura, lo fueran por servicios inexistentes -que descarta- pues en tal caso sólo se entenderían realizados en consideración a la condición de diputados los investigados, cabría la presunción de que el pago se hacía por su actividad política y a cambio de algo”, dice. Pero como no puede acreditarse que el servicio no se prestara, “tal interpretación no puede darse”.
Además, añade que tampoco ha podido acreditarse la finalidad espuria y no da importancia a que las empresas tuvieran contratación pública puesto que ya la tenían con anterioridad y el marco temporal no se corresponde con la obtención de contratos. Por último subraya que ambos políticos, Martínez Pujalte y Torme, tenían concedida la compatibilidad.