ANTE LA RECLAMACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Tres dimisiones en el ICF cuestionan el plan de la Generalitat para avalar las fianzas
Las dimisiones de Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger señalan también al conseller de Economía, Jaume Giró, que en un principio apostó por otra vía para cubrir los cargos implicados
Tres miembros independientes de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, dimitieron de sus cargos antes de que este organismo aprobara activar el aval de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat. La marcha de estos consejeros acrecienta las dudas sobre la estratagema aprobada por el Govern para cubrir a la treintena de cargos acusados de malversar dinero por la promoción exterior del 'Procés'. Queda también en entredicho el papel que ha jugado el conseller de Economía, Jaume Giró, quien también en un principio dudó de la viabilidad de la operación.
La Junta de Gobierno del ICF, el equivalente al consejo de administración de un banco, aprobó el pasado miércoles, día 21, activar el mecanismo previsto para que la entidad financiera de la Generalitat presente el aval por los encausados por el Tribunal de Cuentas.
Los consejeros independientes Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger cesaron de su cargo antes de esta votación, que finalmente se aprobó con un ICF dividido, según ha avanzado "La Vanguardia" y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la entidad. Estos tres vocales ya no aparecen en la web del ICF, cuya dirección tenía que renovarse en los próximos días.
El cargo de presidente del ICF todavía lo ocupa Albert Castellanos, que fue secretario general del departamento de la Vicepresidencia y Economía y esta legislatura es secretario de Empresa y Competitividad, mientras que el consejero delegado es Víctor Guardiola. Tras estas tres dimisiones, la Junta de Gobierno cuenta ahora con seis vocales, tres de ellos independientes (Rafael Abella, José Luis Peydró y Abert Vilumara) y otros tres dominicales (Lluís Juncà, Meritxell Masó y Matilde Villarroya), es decir, propuestos por la Generalitat.
La operación de aval de los encausados por parte del ICF había sido descartada en un primer momento para evitar que la iniciativa derivara en problemas legales para los miembros de la Junta de Gobierno.
Sin embargo, Giró rectificó y decidió que fuera el ICF el organismo que firmara el aval, después de que no encontrara ningún banco privado que estuviera dispuesto a avalar las fianzas. Esta opción fue aprobada por la junta del ICF el mismo miércoles por la noche gracias al voto de calidad del presidente, Albert Castellanos.
Según las fuentes consultadas, el consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, se abstuvo, tres de los miembros de la Junta de Gobierno -los representantes de la Generalitat- votaron a favor de la operación, y otros tres -independientes- lo hicieron en contra.
Lluís Juncà, un cargo de ERC en la Generalitat que también es vocal en la Junta de Gobierno del ICF, no participó en la votación para que los independientes fuesen mayoría -cuatro frente a tres- con respecto a los miembros por designación política.
Es por ello que el empate a tres en la votación lo deshizo Castellanos con su voto de calidad como presidente de la Junta de Gobierno del ICF. En este sentido, fuentes cercanas al ICF consultadas por EFE ponen en cuestión si esta votación contó con el suficiente "quorum", teniendo en cuenta las tres dimisiones.