Barcelona, 4 jul (EFE).- Dos responsables de la empresa Gespol, el jefe de la policía local de Tiana (Barcelona) y un informático del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona) han pasado hoy a disposición del juez tras ser detenidos ayer en una macrooperación contra una supuesta red de amaños en sistemas de tráfico.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, estos cuatro detenidos en Cataluña, que han pasado la noche en la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda de Barcelona, han sido trasladados ya a los juzgados de Badalona (Barcelona), donde pasarán esta mañana a disposición del titular del juzgado de instrucción número 2, que mantiene el caso bajo secreto.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que de los casi "cincuenta detenidos" en la operación, que se llevó a cabo ayer en Barcelona, Gijón, León, Málaga, Madrid, Huesca, Oviedo, Zaragoza, Teruel y Valladolid, una decena pasarán hoy a disposición judicial y otros cinco mañana.

Entre los detenidos que está previsto que pasen en las próximas horas a disposición judicial figura el jefe de la policía local de Fuenlabrada y el empresario José Luis Ulibarri.

En la operación de ayer se practicaron 55 registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades vinculadas con esta supuesta trama, a la que se investiga por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en la administración pública, malversación, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Los hechos presuntamente delictivos, que salpican a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, se remontan a 2012 y 2013, cuando supuestamente se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.

Los investigadores sospechan que se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad solo recaudatoria.

La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.

Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada. EFE.