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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Imputado el exsecretario del IASS por un desfase millonario

Del Ruste redactó el informe en el que se basó el contrato bajo sospecha. El juez investiga laadjudicación del transporte de dependientes

El exsecretario general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Esteban del Ruste Aguilar, ha sido imputado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, que investiga un desfase de un millón de euros en un contrato por el que se adjudicaba el transporte para dependientes a centros de día de Zaragoza, Borja y Torres de Berrellén.

En este asunto judicial que investiga Nicolasa García también están encartados como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos el exgerente del IASS Juan Carlos Castro y la interventora adscrita a este servicio Marta Ferrandez.

El nombre de Esteban del Ruste Aguilar resalta en la investigación como la persona que elaboró --el 14 de diciembre del 2010-- el informe de necesidad en el que se justificaba y se proponía la elaboración de un contrato que es ratificado ese mismo día por Castro. Es el 25 de abril del 2011, un mes antes de las anteriores elecciones autonómicas, cuando se firma el contrato de casi 13 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas fue el que emitió sus sospechas ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza, ya que el cálculo realizado para prestar este servicio se hizo con una demanda que duplicaba más del doble la que existía realmente. El IASS que recaía en manos del Gobierno PSOE-PAR estimó que el número de personas que iban a necesitar estos desplazamientos estaría en torno a 260 al mes cuando, en realidad, eran 81 usuarios de media.

INFORME

El organismo fiscalizador no duda en señalar que el "importe de adjudicación del contrato se encareció en 971.000 euros en la medida en que a la empresa adjudicataria, Gestión Asistencial Aragonesa, se les está garantizando mediante el pago en la sombra, el mantenimiento de unos servicios cuyo coste responde a una potencial demanda muy superior a la realmente requería".

A esto hay que añadir que "el órgano gestor, es decir el IASS, tenía contratado este servicio en ejercicios anteriores por lo que era conocedor de los usuarios que lo utilizaban y ya disponía de datos objetivos para haber podido realizar una estimación o previsión más aproximada a la real".

La magistrada investiga por qué, a pesar de todo ello, se dio este servicio por un periodo de vigencia hasta el 2021 a esta empresa que pertenece a la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón, de la que el exgerente del IASS Juan Carlos Castro es ahora secretario general.

Tanto Castro como Marta Ferrandez defendieron su inocencia ante la instructora. Afirmaron que las previsiones que manejaron se correspondían con futuros beneficiados de la ley de la dependencia, si bien mantuvieron que los recortes en las ayudas han hecho que no se cumplan los datos con los que trabajaban desde el Departamento de Servicios Sociales de la DGA. Ahora será Esteban del Ruste Aguilar, quien deberá justificar por qué elaboró los términos de este contrato millonario bajo sospecha.

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