El último plan separatista: repetir elecciones y lista única de familiares de presos

155 días después de la aplicación del 155 de la Constitución, los partidos y organizaciones separatistas mantienen el bloqueo político y la tensión en las calles. TV3 y Catalunya Ràdio, al margen del artículo, han intensificado sus funciones de agitación y propaganda. Se han aparcado definitivamente los planes para incluir la casilla del español en las hojas de prescripción escolar, las fachadas de las consejerías y dependencias de la administración autonómica están llenas de lazos amarillos y carteles con consignas a favor de los "presos políticos", el retrato de Josep Lluís Trapero luce en comisarías de los Mossos como el de un héroe injustamente arrinconado en un archivo.

La supervisión gubernamental se ejerce a distancia y con una suavidad extrema. La consigna del Gobierno es que nadie en la Generalidad se sienta "humillado", como si de lo que se tratara fuera de apaciguar los prejuicios de los altos cargos y ganar un concurso de popularidad entre el personal de las consejerías. Salvo la representación en el exterior de la Generalidad, todas sus estructuras permanecen intactas a la espera de que los nacionalistas formen gobierno y recuperen el control.

ERC tiene prisa, pero Junts per Catalunya, el grupo formado por Puigdemont y algunos diputados procedentes del PDeCAT, ninguna. En la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, recién elegida presidenta, presiona para insistir hasta el final en la vía Puigdemont y aboga por la movilización permanente. Compite en discurso "revolucionario" con los "incontrolados" y "espontáneos" Comités de Defensa de la República (CDR) que amenazan con alterar por todos los medios posibles la vida cotidiana de los catalanes hasta que no se ponga en libertad a los golpistas y se proclame la república de manera efectiva.

En el entorno de Puigdemont se fragua un nuevo plan para afrontar una hipotética repetición de las elecciones, una candidatura de los presos y huidos formada por familiares, allegados, representantes e independientes de prestigio entre el separatismo. Se trataría de un frente de excepción independentista, una lista única en el que las siglas quedarían aparcadas en favor de encarcelados y fugados.

Repercusión internacional

Los promotores del proyecto ponderan el alto valor propagandístico de una iniciativa electoral encabezada por esposas, hermanos e hijas y, sobre todo, la repercusión internacional, frente en el que el separatismo cosecha algunas adhesiones mediáticas y de formaciones populistas, xenófobas y antisistema. La deriva radical de los principales actores mediáticos del nacionalismo mete presión en las calles y tiene atenazados a los dirigentes separatistas ante la posibilidad de perder apoyo popular. En ese contexto, el presidente del Parlament, Roger Torrent, es sospecho de "traidor" por sus declaraciones a favor de formar gobierno cuanto antes sin experimentos como los de Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull.

Vetan el plan Maragall

En Junts per Catalunya censuran la propuesta de ERC de nombrar presidente a Ernest Maragall con el apoyo de los podemitas catalanes e insisten en la exposición de los familiares de los presos en la tribuna de invitados de la cámara catalana y en TV3, una dinámica que junto a las soflamas de la ANC y la CUP frena las maniobras de los considerados pragmáticos de ERC y del PDeCAT, que aducen la necesidad de acabar con el 155.

Sin embargo, el sector más fanatizado del nacionalismo considera que el citado artículo es una operación cosmética de incidencia muy relativa y que la intervención real comenzó dos meses antes del 27 de octubre, cuando el Ministerio de Hacienda obligó a los departamentos autonómicos a justificar todos los gastos.

Inmunes al artículo

En cuanto a los cargos de confianza, la imposición del 155 no supuso ningún problema añadido Elsa Artadi, coordinadora "interdepartamental" de la administración autonómica y coordinadora de la campaña de Puigdemon. A decir del Gobierno se comportó con mucha "profesionalidad" hasta cesar en sus funciones para tomar el acta de diputada tras el 21-D. Otro caso es el de Pere Aragonés, que se perfila como el hombre fuerte del aparato de ERC, sigue como secretario de Economía del govern y compagina el despacho con las tareas de portavoz y organizador republicano. Se cesó a los consejeros, pero la mayoría de sus cargos de a dedo continúan en sus funciones a la espera de que un nuevo gobierno los ratifique o de que otras elecciones prolonguen una especie de periodo sabático.