El día que Victorino Alonso convirtió la Atapuerca de Huesca en un abrevadero

Imaginen que una retroexcavadora entra en la sierra de Atapuerca y arrasa todo el yacimiento para hacer un abrevadero de animales. Pensarán, con razón, que es una escena absurda. Pues no vayan tan rápido porque esa escena ocurrió en realidad. No en Atapuerca, sino en la cueva de Chaves, Huesca, una de las dos joyas del Neolítico español, con potencial según los expertos para ser el gran yacimiento europeo de ese período prehistórico. El crimen se perpetró en 2007, se descubrió en 2009 y el juicio ha comenzado esta semana. El acusado y por ahora único imputado es Victorino Alonso, el ‘rey del carbón’, presunto propietario de la enorme finca en la que se asienta el yacimiento y responsable de que las máquinas hicieran un puré con los restos prehistóricos y los tiraran barranco abajo.

"Nunca me he encontrado con un caso tan salvaje y de tanta importancia histórica. Se han destruido el 95% de los restos neolíticos y buena parte de los paleolíticos y de la Edad del Bronce", afirma Pablo Malo, abogado de Ecologistas en Acción, presente en el juicio como acusación particular junto a Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y el Gobierno de Aragón. "Han desaparecido huesos tallados, miles de muestras de cerámica, cantos rodados, un yacimiento funerario, figuras geométricas. No sabemos dónde están".

Los arqueólogos solo habían excavado el 9% de la cueva (100 metros cuadrados en un recinto de 3.000), pero ya era, junto a la Cova de l’Or en Alicante, el enclave neolítico más relevante de la península ibérica. Qué joyas arqueológicas atesoraba el 91% restante es un misterio que difícilmente podrá ser revelado, ya que las máquinas acometieron un fabuloso trabajo de movimiento de tierras (más de 6.000 metros cúbicos) y nivelado del terreno para acondicionar abrevaderos y comederos para las cabras, gamos y rebecos que habitan el coto de caza al que pertenece el yacimiento.

Solo se había excavado el 9% de la cueva y ya era una de las dos más importantes de la península ibérica, con características "únicas en toda Europa"

En su momento, Juan Luis Arsuaga, codirector del yacimiento de Atapuerca, definió Chaves como "un asentamiento con características únicas en toda Europa, con restos que datan de los comienzos de la agricultura y la ganadería en la península ibérica". El paleontólogo calificó la pérdida como "un vacío que arranca una página de la Historia de la Humanidad", en concreto la de la vida en la península desde el 8.000 a.C. hasta la Edad del Bronce. Paradójicamente, la pérdida apenas mereció un puñado de artículos informativos.

El yacimiento forma parte de la finca cinegética de Bastarás, en el parque natural de la sierra de Guara. Un pueblo abandonado que fue comprado en 1974 por la familia Raventós (cavas Codorniu) para convertirlo en coto de caza. Los Raventós la vendieron a los Lafayet (bolígrafos Bic) y estos a la actual gestora, la mercantil Fimbas, en la que presuntamente el magnate Victorino Alonso maneja las riendas mediante un complejo entramado societario.

Victorino Alonso está acusado de ocultar su propiedad del coto de Bastarás tras una maraña de sociedades, hecho que el empresario ha negado en el juicio

Ahí radica la clave de todo el asunto. Alonso se escuda en que él no tiene ninguna relación con la gestora, que solo acudía a Bastarás como un invitado más. Sí reconoce que, en efecto, una de sus empresas (Maderas Bodelón) participa en Fimbas, pero que eso no le otorga ningún poder de decisión. Así lo ha dicho desde el inicio de la fase de instrucción en 2009 y así lo repitió en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca este miércoles, en el primero de los tres días de vista oral. La acusación, por contra, asegura que Bastarás ha sido durante años el coto privado del mayor empresario minero de España, el lugar en el que organizaba fastuosas monterías para agasajar a amigos, socios y clientes.

"No solo controla Fimbas. También Ferpi, la empresa propietaria de las máquinas que destruyeron la mina, está participada por empresas de Victorino Alonso. Pero es que además hay varios testigos que confirman que él daba las órdenes sobre todo lo que allí se hacía", señala Carlos Bitrián, miembro de APUDEPA. Uno de esos testigos es Alejandro Millet, apoderado de Fimbas entre los años 2000 y 2005, quien en enero de 2014 y en calidad de imputado declaró en el Juzgado número 3 de Huesca que Alonso dio "directamente la orden de actuar masivamente en la cueva de Chaves. (…) Le dijo al palista que los materiales removidos, todos con restos arqueológicos del Neolítico, fueran a parar a un barranco para actuar de dique”. Y Millet sentenció tajante: “(Alonso) era el único jefe y patrón de todos los negocios en la finca del coto de Bastarás”. Esta semana, de vuelta en el juzgado, ha repetido lo mismo.

El exapoderado de la finca ha declarado ante el juez que el 'rey del carbón' ordenó lanzar los restos arqueológicos a un barranco para hacer un dique

“Destruir la cueva para resguardar allí a los animales que luego serán cazados fue la gota que colmó el vaso”, prosigue Bitrián. “Durante años, Alonso abrió pistas, removió terrenos, construyó balsas y cortó caminos de forma irregular para acondicionar su coto de caza, causando un grave daño medioambiental en toda la sierra de Guara. Incluso introdujo el arruí, una cabra del norte de África, para sus monterías, un delito por el que fue sancionado. Pero a él le ha dado igual, ha ido acumulando sanción tras sanción impunemente”, prosigue el activista. Entre 2003 y 2007, el Gobierno de Aragón abrió seis expedientes sancionadores a Fimbas y Ecologistas en Acción presentó hasta 30 denuncias. Nada de esto pudo detener el trajinar de la maquinaria pesada, que siguió operando a su antojo en la finca, habilitando más de 80 kilómetros de pistas, 50 balsas para el ganado y roturando más de 100 hectáreas. Todo sin el permiso de la Consejería de Medio Ambiente.

La impunidad de Fimbas y Ferpi para alterar el parque natural y el yacimiento neolítico de Chaves alcanza niveles sonrojantes. Ni siquiera ha sido capaz el Gobierno de Aragón de detener las monterías. Fimbas ha ido interponiendo recursos a las órdenes de retirar el vallado de la finca hasta llegar al Tribunal Constitucional, que no ha aplicado hasta la fecha medidas cautelares. Lo que se traduce en que cazadores de toda España han seguido gozando de magníficas monterías en Bastarás a 3.800 euros el puesto, la última esta misma primavera, usando la gran joya del Neolítico ibérico (o lo que queda de ella) como un exclusivo elemento del tablero. En noviembre, diciembre y enero hay programadas monterías en Bastarás, a pesar de tener la licencia de coto retirada. Un parque temático de 500 hectáreas que la empresa Cabezas, Servicios de Caza no duda en promocionar como “una de las mejores fincas que en la actualidad se puede montear en España”.

Ni siquiera el expolio de una joya del patrimonio histórico ha detenido la actividad en el coto, que sigue organizando monterías a 3.800 euros el puesto

"Allí sigue el ganado, nadie lo ha sacado de la cueva", denuncia Chesus Ferrer, miembro de Ecologistas en Acción. "Es un escándalo. El yacimiento continúa vallado de manera ilegal y gestionado por la empresa de Victorino Alonso. En estos años solo los peritos han podido acceder para catalogar el desastre y a cuentagotas, siempre pidiendo permiso a la empresa. Eso sí, si quieres ir a cazar, solo tienes que ponerte en contacto con sus intermediarios", prosigue.

Vicente Baldellou, quien fuera director de las excavaciones arqueológicas durante 30 años, cuantificó la pérdida patrimonial en 50,9 millones de euros. Peritajes posteriores indujeron al Juzgado número 3 de Huesca a fijar una fianza de 66 millones para el empresario. En un principio, el ‘rey del carbón’ solo aportó 3.000 euros del aval, escudándose en que esa es la pensión que percibe como ingeniero jubilado. Finalmente Ferpi, Fimbas y la aseguradora Mapfre cubrieron la cantidad fijada.

"El juicio acaba de comenzar, pero tiene todos los números de extenderse en el tiempo, recurso tras recurso, hasta llegar al Tribunal Constitucional", admiten desde Ecologistas en Acción, que reclama a Victorino Alonso la cuantía fijada por Baldellou (50,9 millones) y una pena de seis años de cárcel, tres años por delito contra el patrimonio y otros tres por delito contra el medioambiente. Apudepa, por su parte, reclama tres años de prisión, una multa de 288.000 euros y los 50,9 millones de indemnización. Por último, la Fiscalía de Huesca cifra el daño en 14 millones y pide dos años y ocho meses de cárcel para el empresario.

Bregado en mil litigios

"Supongo que Victorino estará preocupado, pero se ha tomado el caso con mucha tranquilidad. Está acostumbrado a pisar juzgados", indica Ferrer con resignación. El empresario minero más importante del país, hoy ya retirado, es especialmente célebre en León, su lugar de origen, y Asturias, donde se le conoce ilustrativamente como don Vito por sus negocios turbios. Entre otras polémicas, como la apropiación indebida de fondos públicos y la venta de carbón estatal, Alonso es un viejo conocido de los grupos ecologistas por ser el mayor impulsor de las minas a cielo abierto en España, explotaciones con menor coste en personal pero con un enorme impacto ambiental.

Fiel a su imagen de empresario implacable (se ha llegado a declarar insolvente para no pagarle la pensión a su exmujer), el ‘rey del carbón’ entró en el juzgado de Huesca haciendo una peineta al grupo de ecologistas que se congregaron para increparle. Terminados los tres días de vista oral, las partes aguardan ya la sentencia del juzgado penal de Huesca, mientras las cabras y los ciervos siguen pastando tranquilamente en lo que fue una de las mayores joyas prehistóricas de Europa.