El dispositivo constará de 70 agentes y cuatro mandos, y tendrá un coste total de 47.331 euros

El Ayuntamiento de Valencia pagará unos seiscientos euros a cada agente policial que trabaje en el dispositivo especial de Nochevieja. El despliegue para esa noche constará de 70 miembros que estarán a las órdenes de cuatro mandos, de los que tres serán inspectores y también habrá un intendente.

El importe total del dispositivo se ha cuantificado en 47.331 euros lo que dividido entre 74 policías, da una media de unos 640 euros. Si bien, la retribución que cobren los inspectores y el intendente se supone mayor atendiendo a su graduación, por lo que los agentes del dispositivo cobrarán alrededor de 600 euros.

Esta medida adoptada por el gobierno municipal de Ribó no ha sido del agrado de todos los agentes policiales, ya que el turno que entrará inmediatamente después de la Nochevieja, sobre las seis de la mañana, no recibirán esta retribución, pese a que probablemente, tendrán también una jornada difícil y atenderán la «resaca» de la noche de fin de año con el grueso de los desplazamientos por la ciudad en esa franja horaria.

Es la primera vez que el dispositivo de Nochevieja cuenta con una retribución de estas características ya que, según diversas fuentes consultadas, la Nochevieja del año pasado se cobraron unas retribuciones extras de unos 200 euros.

El dispositivo extraordinario de Navidad movilizará a 324 policías entre oficiales y agentes, según fuentes de la Concejalía de Policía.

Las retribuciones de los agentes de la Policía Local está constituyendo uno de los asuntos más polémicos del actual gobierno municipal que preside Joan Ribó.

Así, según desveló LA RAZÓN, el coste previsto para 2018 de la escolta del alcalde ascenderá a 700.000 euros. Si bien nadie discute la necesaria seguridad de los cargos públicos, contrasta esta abultada cifra con las declaraciones que en su día reiteró Ribó en las que aseguraba que no llevaría escolta: «si tengo problemas los solucionaré hablado, como haría cualquier vecino».

Además, recientemente, el TSJ ha pedido al Ayuntamiento que identifique al funcionario o autoridad que no ha ejecutado la resolución judicial que obliga a pagar el plus de peligrosidad de los agentes que se les adeuda desde 2011.

El pago de este plus de peligrosidad, al que está obligado el Ayuntamiento por resolución judicial, puede suponer un desembolso de unos cinco millones de euros