El Gobierno gravará móviles y memorias USB con el nuevo canon digital

Cambio de calado en el canon digital, que puede estrenar un modelo parcialmente inédito que soportaría la tasa sobre la venta de móviles y memorias USB. El Gobierno y las entidades de gestión discuten sobre el pacto de un nuevo impuesto que repercutiría en el precio de teléfonos móviles y otros soportes y aparatos de grabación la tasa que compensa a los creadores por las copias privadas de su trabajo. Así lo avanzaron ayer fuentes conocedoras de un acuerdo que aún se encuentra «muy lejos de estar cerrado», según fuentes del Ministerio de Cultura.

«Existe un documento de trabajo, pero estamos en una fase inicial de la discusión y hay que dejar claro que esto no es una vuelta a formulaciones anteriores del canon digital sin encaje jurídico», apuntan desde Cultura. «Hay que seguir negociado con el sector y los demás ministerios implicados y aún se podrían introducir muchos cambios», insisten.

Se trataría, con todo, de un sistema semejante al que estuvo en vigor hasta el 2011, aunque con variaciones. El dinero para compensar a los autores saldría del precio de venta de los soportes electrónicos o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, esto es cedés grabables, teléfonos móviles, y memorias USB.

El texto incluiría criterios para establecer la cuantía a pagar, como la intensidad de uso de los aparatos y soportes, su capacidad de almacenamiento, el impacto de la copia sobre la venta de la obra original o el carácter digital o analógico de la reproducción.

Dice que no hay obligación de compensación cuando el perjuicio para el autor sea mínimo. Pero la gran incógnita está en la cifra que percibirían los creadores y que varios estudios sitúan entre los 50 y los 80 millones de euros.

Exenciones de la tasa

Según la fórmula que se debate, quedarían exentas de la tasa empresas y administraciones públicas, mientras que las personas físicas y jurídicas tendrían la opción de solicitar el reembolso si demuestran que las copias tienen fines profesionales. Así se establece en un borrador del real decreto «que es solo un documento de trabajo», insiste Cultura.

La normativa establecería la posibilidad de modificar tarifas y criterios según los cambios del entorno digital y las tecnologías. Fija otra exención para «quienes cuenten con la autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, en el ejercicio de su actividad».

El Gobierno quiere que el nuevo canon entre en vigor a principios del 2017, pero será difícil ya que son necesarios informes de los ministerios implicados y la aprobación final del Consejo de Ministros. Cuando se apruebe el texto definitivo del Real Decreto, habrá que desarrollarlo a través de una orden ministerial.

Hasta ahora el canon se sufragaba a través de los Presupuestos Generales del Estado, según impuso la reforma aprobada por el Gobierno en diciembre del 2011. Una medida que fue anulada en noviembre por el Tribunal Supremo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallase en junio que contravenía la normativa comunitaria.

La anulación causó un vacío legal que hace urgente el establecimiento de un nuevo sistema válido. Establecido en 1996, el canon fue actualizado al entorno digital en el 2006 por el Gobierno socialista, pero sufrió repetidos reveses judiciales.