Por Mariángeles Guerrero

La Legislatura de Río Negro avanza en la modificación de la Ley de Tierras y del Código Minero provincial sin consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias que habitan el territorio. Los proyectos fueron presentados por el partido oficialista, Juntos Somos Río Negro, el lunes 13 de noviembre, votado en primera vuelta el viernes 17 y su tratamiento terminará en 15 días, en una segunda votación. El impulsor de las reformas es Alberto Weretilneck, que el 10 de diciembre asumirá nuevamente como gobernador. “El tema de la tierra en Río Negro está ligado al genocido indígena que ocurrió hace 145 años. Las comunidades vamos a defender nuestro territorio y a expulsar a cualquier empresa minera”, manifestó Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche de esa provincia.

La Ley de Tierras, de 1961, clasifica el uso de la tierra rural en agrícola, pastoril y forestal. Tiene como espíritu ―explica Carriqueo― que la tierra es para quien la trabaja y que cumple una función social. El artículo 15 del proyecto en tratamiento establece que "una unidad de uso puede destinarse a toda actividad económicamente rentable, socialmente valiosa o ecológicamente sustentable; en particular se contempla la producción agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, de servicios, tecnológica, actividades culturales, relativas a la conservación o mixtas".

Hugo Aranea, también integrante del Parlamento Mapuche de Río Negro, sostiene que la incorporación del uso minero implica “abrir la entrega del territorio a la voracidad de los grandes grupos económicos, que son los que están pidiendo las garantías jurídicas para llevar adelante los proyectos extractivistas”.

Carriqueo califica como “antidemocrático” el tratamiento exprés de las reformas y lo comparó con la modificación constitucional de Jujuy. “Acá no se fue por una reforma constitucional, pero se modifican leyes centrales que tienen que ver con la tierra, con el derecho indígena y con la idea de un proyecto minero”, compara.

Hasta el momento, hay 34 empresas (canadienses, inglesas, australianas y argentinas) con intereses mineros en Río Negro, que incluyen proyectos de extracción de oro, plata, cobre, litio y producción de hidrógeno verde.

El werken anticipó que en los próximos 15 días habrá movilizaciones y articulación con diferentes sectores, organizaciones sociales y de la agricultura familiar, para reclamar el derecho a la participación en el contexto de estas modificaciones. “Todos los comunicados, opiniones y análisis técnicos que se puedan hacer, se pueden incorporar al expediente legislativo y luego nos servirá en el caso de que presentemos una medida cautelar”, asegura.

Aranea llama la atención sobre la estrategia de presentarlo con tan poco tiempo y de su tratamiento exprés. “Estamos ante una entrega lisa y llana del patrimonio territorial y de los bienes comunes”, sentencia. Como antecedentes, cita las derogaciones inconsultas de la Ley 3388 de protección del Golfo San Matías, en 2022, y de la llamada "ley anticianuro", en 2011, que limitaba la megaminería. 

Carriqueo resalta que “la sociedad, mapuche y no mapuche, merece discutir sobre el acceso a la tierra, sobre el planeamiento de hacia dónde se va a volcar ese territorio y a qué tipo de producción: si a la que contamina o a la que produce menos impacto en el territorio”. Y añade: “Las comunidades están en alerta para defender el territorio, porque lo que se esconde detrás de esta reforma es la extranjerización de la tierra, su venta y mercantilización”. 

Desde el Parlamento Mapuche cuestionan las demoras en la implementación de la Ley Nacional 26.160 de propiedad comunitaria indígena. Aranea indica que “está frenada hace doce años en la provincia por decisión política”. Hasta el momento, se relevaron sólo 60 comunidades de las 170 que hay en Río Negro. Las reformas apuntan a “tierras fiscales”, pero desde el Parlamento Mapuche remarcan que son tierras habitadas por las comunidades mucho tiempo antes de que exista el Estado. 

Con apuro y sin la voz de los pueblos originarios, las asambleas y los municipios

Entre su presentación y el debate en la Legislatura, el proyecto tuvo 96 horas de tratamiento. Durante la sesión del viernes, los bloques que no acompañaron la propuesta (Unidad Ciudadana y Frente de Todos) marcaron que la misma no había sido puesta a consideración de los municipios afectados específicamente por la explotación minera. Además del Parlamento Mapuche, también manifestaron su desacuerdo organizaciones socioambientales y de derechos humanos.

Paradójicamente, en los fundamentos de la reforma al Código Minero, tratado sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, se lee: "Esta revisión subraya la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con la minería, promoviendo la transparencia y la inclusión en el proceso".

Las Asambleas del Curru Leufú denunciaron “parodia de trámite legislativo” para la reforma. “La Legislatura de Río Negro sigue usando las viejas metodologías que nos niegan la información y la participación a la ciudadanía rionegrina, sin grieta”, cuestionaron. En la previa a la sesión del viernes, habían exigido que “se detenga cualquier tratamiento hasta que no se informe por todas las vías posibles a la ciudadanía y se propicie el más amplio debate social de la población, así como la consulta previa libre e informada a las comunidades”.

En tanto, el Espacio Asambleario Autónomo puntualizó que las modificaciones involucran cerca de cinco millones de hectáreas que en una proporción significativa están en posesión de comunidades Mapuche-Tehuelche. Y criticó que “la maniobra ignora el mecanismo de consulta previa e informada que establece la normativa internacional vigente en la Argentina”. Es decir, el Convenio 169 de la OIT y el recientemente aprobado Acuerdo de Escazú.

El Espacio Asambleario Autónomo está integrado por el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política (Bariloche), la Organización Ecologista Piuke (Bariloche), Sociedad Ecológica Regional (Comarca Andina), Vecinxs Autoconvocadxs (Comarca Andina), Autoconvocadxs Cordilleranxs (Villa La Angostura) y Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (Allen).

“La celeridad con que la Legislatura aspira a aprobar las iniciativas se emparenta con los intentos de reformas constitucionales en Jujuy y La Rioja, en función de poner el sistema jurídico al servicio del saqueo de los bienes comunes”, contextualizó el colectivo.

Asimismo, denunció "el racismo estructural que orienta el accionar de los gobiernos, siempre en desmedro del Pueblo Mapuche-Tehuelche y en connivencia con los poderosos, aunque esa identificación signifique cada vez más desigualdad, enfermedades derivadas de la contaminación, pobreza y pérdida de culturas ancestrales".

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) señaló que "el apresuramiento en reformar una Ley (la 279) sin tener en cuenta la participación y la consulta previa, libre e informada para el consentimiento sobre cualquier reforma que afecte a los territorios comunitarios constituye un avasallamiento a los derechos constitucionales de las comunidades, que se verían afectadas si se concretara la inconsulta reforma".

Pese a estas manifestaciones, Juntos Somos Río Negro hizo uso de su mayoría en la Legislatura y, con el apoyo del Frente Renovador, avanzó en las reformas. Alberto Weretilneck, senador nacional e impulsor de la reforma exprés, asumirá como gobernador el 10 de diciembre. "Él ha sido uno de los negadores de los derechos indígenas", describe Aranea. La expectativa de cara al próximo gobierno provincial es nula para el Pueblo Mapuche. 

"La única expectativa es con el grado de organización que podamos lograr desde las organizaciones, desde el Pueblo Mapuche Tehuelche en conjunción con muchas organizaciones ambientales para rechazar estas políticas de muerte y plantear proyectos productivos que sean de vida, del buen vivir, de respeto y armonía con nuestra Madre Tierra que está en peligro", afirma el integrante del Parlamento.

"Los recursos que están en el territorio comunitario son de los pueblos indígenas"

En sintonía con el discurso prominero, el proyecto de reforma del Código Minero señala: "La actividad minera provincial puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo económico de nuestra región, generando empleo de calidad, impulsando la industria local y contribuyendo significativamente a los ingresos fiscales". Además, ubica a la minería como "un componente esencial de la transición energética a nivel global".

Aranea señala, sobre los proyectos mineros: “Son espejitos de colores que nos muestran ganancias hoy pero sabemos que es muerte para mañana”. Como ejemplo, relata la experiencia de la mina Gonzalito, ubicada a 80 kilómetros de Sierra Grande y en cercanías de San Antonio Oeste y operada por Trendix Mining. “En su momento se fundamentó que iba a dar trabajo e iba a ser la salvación para mucha gente y terminó siendo la muerte para muchos trabajadores, dejando un pasivo ambiental que remediarlo sale mucho más caro que las pingües ganancias que se han tenido en su momento”, comenta.

Denuncia que estos proyectos avanzan con complicidad y corrupción. “La dirección de Tierras es cómplice de que muchos sectores del gran capital y muchos sectores extranjeros hayan accedido no solamente a la tierra, sino a las mejores tierras y a los lugares donde se encuentran recursos estratégicos”, explicita. El caso más cercano es la cesión de 625 mil hectáreas a la empresa Fortescue para la explotación del hidrógeno verde.

El Espacio Asambleario Autónomo recuerda que la megaminería forma parte de una trama compleja que se impone a los pueblos, en el marco de un "esquema colonial que se acentuó en los últimos años ante el peso de nueva deuda externa ilegítima, deuda que también es ecológica y que se diseñó al aprovechar la ignorancia y la indiferencia que edifican los medios de comunicación de las corporaciones".

Carriqueo resume: “Los recursos que están en el territorio comunitario no son del Estado, son de los pueblos indígenas. Eso marca el Convenio 169 y la misma Constitución Nacional, y por eso tenemos la herramienta de la consulta para dar el consentimiento a los proyectos extractivos dentro de esos territorios. Y si no hay consentimiento, la respuesta es no”.