Ayuntamiento de Mutxamel / Foto: MAPIO.NETMUTXAMEL. Caducidad para un proyecto con 15 años de antigüedad. El Ayuntamiento de Mutxamel pone el punto al expediente que arrancó el 3 de febrero de 2005 y que versa sobre urbanizar el sector de Les Penyetes, dándolo por concluido el 30 de marzo de 2020 con el anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sobre la cancelación del programa de actuación de suelo urbano en esta zona del municipio muchamelero. Sin embargo, este no es un punto final, sino más bien aparte, ya que "estamos caducando un procedimiento que estaba abierto, no cargándonos un sector; allí sigue existiendo un suelo urbanizable pendiente de desarrollo que se puede retomar", aclara la diferencia Vicente Gomis (PP), concejal de Urbanismo.
"Estamos iniciando el proceso para declarar como caducado el expediente, con el correspondiente plazo de alegaciones", resume la acción del Ayuntamiento. "Sin embargo, todos los procedimientos están paralizados a causa del estado de alarma, por lo que, hasta que no se levante este decreto del Gobierno, los 30 días para realizar las alegaciones no comenzarán a correr", explica. Pero apunta que "ya hay una alegación presentada".
Se trata de un expediente "antiquísimo", tilda el edil, "de los que se arrastran en temas de planeamiento". Este podría ser el paradigma de proyectos que "empiezan con una normativa antigua y les sobreviene la crisis de 2008, así como formas de proceder y adjudicar distintas a las que regulaba la normativa anterior", sintetiza las múltiples trabas con las que se ha encontrado este plan de actuación.
"Aunque caduque el expediente no se acaba todo aquí", enuncia Gomis, quien desarrolla este titular explicando que, "en concordancia con la normativa actual, existe la posibilidad de reiniciar la tramitación de un nuevo programa de actuación integrada, ajustado en su contenido y procedimiento a la legislación urbanística vigente". Esto se traduce en que la parte interesada -siempre como agrupación de interés urbanístico- puede volver a presentarse para desarrollar el plan de urbanización.
"Esta caducidad no significa que un sector que era urbanizable de pronto deja de serlo; la calificación no cambia y este sigue siendo un suelo urbanizable pendiente de desarrollo que cualquiera puede reiniciar de nuevo", insiste. Sin embargo, no solo la agrupación de interés urbanístico puede volver a poner el proyecto en marcha, sino que también puede partir de la iniciativa municipal, ya que la intención del Ayuntamiento es, según manifiesta el concejal, "redefinir mejor el sector, pero esa es ya una mirada futura".
El Consistorio también podría revaluar la situación en la que ha quedado el sector y distinguir entre las zonas que ya están urbanizadas y aquellas partes que han quedado pendientes de ejecución y cuyo desarrollo debería facilitarse, "entendiendo que algunas sí han colmatado el frente de sus parcelas, ciertas calles y demás licencias similares", apunta. Sin embargo, este cierre de expediente resultaba necesario, ya que ninguna de estas opciones se podría llevar a cabo sin la previa declaración de la caducidad.
Pese a que es en 2020 cuando se cierra el expediente de urbanización del sector, los últimos movimientos se registran en el año 2010, con la "aprobación del planeamiento, que fue donde se quedó estancado", informa el edil. Tras este primer paso, se debería haber aprobado el proyecto de urbanización y, una vez dado el visto bueno, adjudicar a una empresa para poderlo ejecutar.
Una adjudicación que nunca se llevó a cabo porque "en esas fechas hubo una serie de discrepancias técnicas y documentales entre la urbanizadora y el Ayuntamiento -con informes por medio de Conselleria y de los órganos competentes-, lo que implicaba que no se pudiera adjudicar y que todo se paralizase ahí", interpreta el edil.
En los años que transcurren desde 2010 hasta 2014, no existe movimiento alguno por parte de la empresa urbanizadora. "Esto, además, se solapa con distintas licencias de obra que se iban concediendo con base en las distintas normas autonómicas en vigor. Una gran cantidad tenía sus dudas jurídicas y muchas no prosperaron. Una de ellas, incluso, se obtuvo por silencio administrativo", explica Gomis.
Una de las promociones sí cumplió con las condiciones de urbanización que en su momento se impusieron, por lo que se le otorgó la ocupación. Sin embargo, "este planeamiento tampoco ha prosperado, con lo cual el proceso que se debe llevar a cabo de manera legal es declarar su caducidad", concluye la aclaración.
En el informe sobre la propuesta de acuerdo que se aprobó en la Junta de Gobierno en febrero de 2005, se fijó un presupuesto de ejecución material y unas cargas de urbanización de 3.169.000 euros, "para un sector con una unidad de actuación de, aproximadamente, 128.000 metros cuadrados", anota el concejal.
Además, informa de los pasos que corresponden a este tipo de actuaciones: "Primero se diseña el sector, se elabora una estimación económica y una propuesta para adjudicar el planeamiento; el siguiente paso es el proyecto de urbanización, es decir, lo que cuestan las obras sumando las indemnizaciones (por si se tiene que demoler una casa para que pase una calle o por afectar a arbolado y/o vallado), y, por último, se confecciona el proyecto de reparcelación, donde se definen las cargas y beneficios". Estos últimos pasos no llegaron a darse, "porque ni se aprobó el proyecto de urbanización ni hubo proyecto de reparcelación donde se definieran dichas cargas", puntualiza Gomis.
