La Junta de Andalucía ordenó en julio el cierre de Cárnicas Sierra Nevada por listeria, aunque esta siguió comercializando sus productos

Inspectores de la Junta de Andalucía visitaron en julio la empresa granadina Industrias Cárnicas Sierra Nevada, una compañía con 50 años de antigüedad situada en la localidad de Cájar, a pocos kilómetros de Granada, y que se dedica “a la fabricación de jamones y embutidos basados en los métodos artesanales”, según su web. En esa visita, según confirman fuentes de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, los técnicos del departamento de Salud Pública comprobaron que las instalaciones no reunían las medidas sanitarias suficientes para estar seguros de fabricar sin riesgo de listeriosis y ordenaron su cierre y la inmovilización de 2.000 kilogramos de producto ante la sospecha de que pudiera estar contaminado.

Cárnicas Sierra Nevadallevaba en el punto de mira de la administración desde que en 2021 se ordenara el cese temporal de sus instalaciones por haber hallado rastros de listeria monocytogenes en los embutidos que elaboraban, informa Eva Saiz. Tras la visita del pasado mes de julio, los inspectores regresaron a la cárnica en agosto para comprobar si había realizado las mejoras requeridas en materia de higiene y prevención de contaminación cruzada. Entonces no se constató que se hubiera comercializado la carne inmovilizada y se le informó de que si quería distribuirla debería realizar análisis de muestras supervisados por un laboratorio acreditado, señalan las mismas fuentes.

Es a finales de septiembre cuando, en una nueva visita para acreditar que en las tres semanas previas en las que se le había autorizado retomar su actividad había cumplido con las mejoras que se había comprometido a realizar, constatan no solo que no se habían producido esas mejoras en cuanto a higiene y seguridad alimentaria, sino que varios lotes de la carne inmovilizada se habían comercializado. El propietario muestra unos análisis que no habían sido validados por un laboratorio acreditado y la administración decide tomar sus propias muestras en las que se constata que la cantidad de listeria es superior a los 100 unidades formadoras de colonias por gramo, que es límite permitido por la normativa vigente, recogida en el reglamento 2073/2005. Esos resultados se reciben en octubre y es entonces cuando se comunica la alerta, “al constatar que esos productos suponen un riesgo para la salud y están en manos del consumidor”, indican las mismas fuentes.

Este jueves es cuando ha conocido la orden de cierre y el incumplimiento de la empresa, ya que así lo ha admitido el viceconsejero andaluz de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán. “Sabemos que los productos están inmovilizados y hay una alerta que los consumidores conocen”, señala. Esta semana, de hecho, el Ministerio de Consumo ha lanzado una alerta alimentaria por presencia de la bacteria en varios productos —fuet, chorizo y salchichón ibérico— de la misma empresa. A lo largo del martes inspectores del departamento de Salud y Consumo junto con agentes de la Guardia Civil estuvieron inspeccionando las instalaciones y las facturas para comprobar que no se hayan podido comercializar otros productos con riesgo de estar contaminados, indican las fuentes consultadas.

La organización de consumidores Facua ha emitido un comunicado al conocer las declaraciones del viceconsejero en el que considera “una grave irresponsabilidad” que la Consejería de Salud ocultara los hechos el pasado verano. Sin embargo, fuentes de esta consejería afirman a EL PAÍS que no existe obligación legal de hacer públicos esos cierres de empresas aunque se deriven de deficiencias sanitarias que pueden provocar problemas de salud pública. Lo mismo señalan fuentes del Ministerio de Consumo, que argumentan que las autónomas tienen la obligación de comunicar a la población si retiran productos afectados por una alerta alimentaria para evitar riesgos para la población, cosa que se ha producido ahora. Estas fuentes añaden que si en una inspección se recurre el cierre de una empresa, tan solo hay obligación de informar al registro Sanitario de Empresas y Alimentos.

Ningún contagio

“La mejor noticia es que no se conoce a día de hoy absolutamente ningún caso”, ha concluido Guzmán. Facua Andalucía señala en su comunicado que la transparencia e información a los ciudadanos debe ser vital en estos casos, precisamente para evitar que puedan estar adquiriendo alimentos peligrosos para su salud al desconocer que la empresa que los produce lo hace pese a existir una orden de las autoridades que le imposibilita a hacerlo.

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa granadina y, aunque no ha sido posible hablar con ningún directivo, ha mantenido una breve conversación telefónica con un trabajador de la empresa —que no ha querido identificarse— : “No hay víctimas… Han montado un número y está claro que la cantidad de listeria está dentro de los márgenes. Esto no es como Magrudis [empresa sevillana que comercializó hace un par de veranos carne mechada con listeriosis con graves problemas de salud para quienes la consumieron, e incluso fallecimientos], que estaba muy por encima de lo permitido”. Así, la línea de defensa de la empresa, a falta de otra comunicación, parece ser que la bacteria estaba en su límite más bajo y nadie ha tenido problemas de salud.

Productos afectados

Según la información que facilitó la Junta el pasado martes, con la activación de la alerta alimentaria, productos proceden de la empresa Industrias Cárnicas Sierra Nevada SL, con número de autorización 10.05545/GR. Los productos fueron distribuidos en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. El consejero andaluz ha reconocido que los productos de Cárnicas Sierra Nevada se están distribuyendo también en Baleares, donde también se ha lanzado una alerta sanitaria “y allí también lo tienen perfectamente controlado”, ha concluido Guzmán.

Tras el control de la Administración, en el marco de una investigación en la que ha colaborado la Guardia Civil, la empresa limitaba su actividad este pasado miércoles a distintas tareas de mantenimiento industrial, según comentaron a Europa Press en dicha cárnica.

Facua ha añadido en su comunicado que “la Administración andaluza parece haber priorizado los intereses de una empresa que se encontraba vulnerando de forma flagrante los derechos de los consumidores —al poner a disposición de ellos productos en cuya elaboración no se reunían las condiciones seguridad necesarias para poder ser comercializados—, ocultando una información tan relevante como su cese de actividad. Con la opacidad que ha mantenido hasta ahora, parece que el Gobierno andaluz no ha aprendido de los errores cometidos con el caso Magrudis”. Por otro lado, la federación espera que la Junta imponga multas contundentes a Cárnicas Sierra Nevada por haber producido y comercializado alimentos no seguros, con la agravante de haberlo hecho pese a tenerlo prohibido.