En la mañana del domingo 4 de junio de 2023, mientras en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, se celebraba el día del campesino, hombres armados irrumpieron en la plaza principal buscando al alcalde, Ider Álvarez. Minutos antes, ráfagas de fusil a la salida del pueblo habían distraído a los policías y militares de la zona. El alcalde y un grupo de personas que se resguardaron en la Alcaldía quedaron atrapados.
Álvarez y su familia habían llegado a La Playa de Belén para pasar el día del campesino con la comunidad. El alcalde llevaba casi un año despachando por fuera de su municipio, después de recibir muchas amenazas que lo desterraron de su tierra natal en la subregión conocida como Catatumbo, un enclave criminal atractivo por su cercanía a Venezuela y por ser un centro de cultivo y procesamiento de cocaína.
Mientras que su familia logró escapar en una ambulancia en horas de la tarde, Álvarez tuvo que permanecer escondido, pues, según le dijeron los miembros de las fuerzas de seguridad que lo estaban protegiendo, había francotiradores en las inmediaciones del pueblo.
Escenas como esta se repiten en distintas zonas de Colombia. Las próximas elecciones locales y regionales tendrán lugar en el mes de octubre y los grupos, anticipando este cambio de poderes, han activado sus acciones, buscando influenciar resultados para mantener o consolidar su control sobre los territorios.
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“Desde el mes de marzo se vienen presentando reuniones masivas con líderes y lideresas, por parte de las organizaciones al margen de la ley diciéndoles por quién deben y por quién no deben votar, qué partido puede entrar y qué partido no puede entrar a la zona”, denunció Fedemunicipios, la asociación que representa a los municipios de Colombia en la formulación de políticas públicas, en un comunicado de julio de 2023.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 12 alcaldes en siete departamentos del país gobiernan por fuera de sus territorios a causa de las amenazas de grupos armados.
El alcalde Ider Álvarez era una de estos, pero su situación se iba a complicar aún más.
Gobernando bajo amenaza
Álvarez creció en La Playa de Belén, un pequeño municipio de Norte de Santander. Se fue de la zona cuando era joven, buscando otras oportunidades, pero regresó en 2016 a trabajar como locutor de radio, y para 2019 era uno de los candidatos a la Alcaldía de su tierra natal.
La Playa de Belén es un municipio de tránsito que conecta Sardinata, San Calixto y Teorama —tres de los municipios con más cultivos de coca en el Catatumbo— con el sur del departamento.
Por décadas, varios grupos armados han operado en la zona, incluyendo las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En 2016, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. La desmovilización de las FARC, el grupo guerrillero más grande de Colombia, dejó un gran vacío de poder en el panorama criminal colombiano. Además, varias facciones que no querían desarmarse y desertaron el proceso, buscaron el control de rentas criminales y territorios.
En últimas, quedaron tres: los que no se desmovilizaron, denominados ex-FARC mafia, el ELN y el Ejército de Liberación Popular (EPL), también conocidos como Los Pelusos.
Entre el 2018 y el 2020, La Playa de Belén fue escenario de una de estas disputas entre el ELN y el EPL. Poco tiempo después de anunciar su candidatura en 2019, Álvarez comenzó a recibir mensajes amenazantes a su teléfono por presuntos miembros del EPL en los que le pedían dinero.
“Me pedían, primero que todo, para dejarme hacer campaña, 50 millones de pesos (US$15,000) y [si ganaba] por año otros 50 millones”, contó a InSight Crime. En septiembre de 2019, un mes antes de las elecciones, mientras realizaba un evento de campaña en la vereda Mesa Rica, hombres con armas largas se le acercaron. Se identificaron como miembros del Frente 33, uno de las ex-FARC mafia, y le dijeron que por ser candidato de un partido no afín a la disidencia no tenía permiso para estar en la zona. “Me dicen que son órdenes, que yo tengo que salir de la vereda”, dijo Álvarez.
A pesar de las intimidaciones y las extorsiones, Álvarez no dio su brazo a torcer. Durante el resto de la campaña, rectificó su compromiso de tener una administración transparente y se negó a pagar el dinero que le exigían. En octubre de 2019, ganó las elecciones.
Pero los grupos criminales tampoco cedieron. Después de los comicios, Álvarez escuchó de los habitantes que los grupos armados decían que no le iban a “dejar terminar” su mandato.
Años después, recordaría con cierta amargura esa consigna.
Para el momento en que asumió el cargo, en enero del 2020, el Catatumbo se vio inmerso en una crisis humanitaria propiciada por los enfrentamientos entre grupos armados que duró 17 días y dejó al menos 20.000 personas confinadas en sus residencias y lugares de refugio, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
A mediados del 2020, mientras la pandemia de la COVID-19 paralizaba a Colombia y al mundo entero, tanto el ELN como las ex-FARC mafia impusieron toques de queda e instalaron retenes a las entradas de veredas, entre otras medidas.
Las ex-FARC mafia interceptaron nuevamente a Álvarez en una visita que realizó a la zona rural del municipio. Los hombres armados se identificaron como miembros de la guerrilla y lo retuvieron durante varias horas. Finalmente, decidieron soltarlo, pero aprovecharon la oportunidad para realizar una serie de demandas que debía asumir Álvarez desde el presupuesto del municipio: medicamentos, comida, automóviles, y hasta obras de infraestructura.
Álvarez no era el único que estaba en la mira de los grupos armados. Debido a la pandemia, tanto el ELN y las disidencias, como otros grupos en la zona, intensificaron sus esfuerzos extorsivos, particularmente a contratistas del gobierno departamental y municipal, encargados de realizar obras públicas.
Era parte de una ola de extorsiones a nivel nacional. A veces pedían una tajada del presupuesto para autorizar los trabajos, y si no la recibían, eran capaces de paralizar las obras que se llevaban a cabo. Además, los mismos grupos armados infiltraron las administraciones locales en distintas zonas del país, para así disponer de recursos para su propio beneficio.
Sin embargo, Álvarez se negó a cumplir esas peticiones. Entonces, los grupos comenzaron una campaña de desprestigio entre los habitantes del municipio en su contra. Tanto las ex-FARC mafia como el ELN cuestionaron sus habilidades, lo tildaron como informante del Estado y decían que incumplía sus promesas. En resumen, ambos grupos aprovecharon su injerencia en la zona rural del municipio, donde pueden movilizarse con libertad y donde tiene un mayor control social sobre la población, para enviar un mensaje fuerte y claro: Ider Álvarez es nuestro enemigo.
Alcalde en exilio
A inicios de 2022, las amenazas que Álvarez había recibido hasta la fecha se concretaron. Para ese momento ya no vivía en La Playa de Belén. Había sacado a su familia a otro municipio, a 45 minutos de distancia, y todos los días viajaba en una camioneta blindada con un escolta que le habían asignado desde la Unidad Nacional de Protección a causa de las amenazas.
A mediados de marzo, Álvarez se reunió con un alcalde de la zona en Cúcuta, la capital de Norte de Santander, y este le dio una advertencia: el Frente 33 de las ex-FARC mafia había declarado objetivo militar a dos alcaldes del Catatumbo, y él era uno de ellos.
Los disidentes, le dijo el otro alcalde, lo tenían en la mira. Según su relato, habían dicho que “a ese carajito lo tenemos que matar porque se está burlando de nosotros y la mejor manera de darle un escarmiento a los demás alcaldes es declarando el objetivo militar y asesinándolo”.
Una semana después, el 24 de marzo, Álvarez llegó al palacio municipal a trabajar. Le surgió una reunión en el municipio de Ábrego, así que alrededor de las 2:40 de la tarde se dispuso a ir por carretera.
Al salir del casco urbano notó que había una persona sospechosa con un celular cerca de donde él estaba. Esto lo preocupó, pero siguió su camino. Diez kilómetros más adelante, en una zona con varias curvas en la vía, notaron la presencia de tres personas que estaban dando la espalda a la carretera. Algo inusual.
Al salir de la última curva, la camioneta fue atacada. “La persona que estaba en la mitad se agacha y del suelo coge un fusil y comienza a disparar. Y los otros dos, uno con una Mini-Uzi y otro con una pistola empiezan a disparar primero al motor, luego al puesto del conductor”, narró Álvarez.
“Eso fue en segundos”, dijo.
Álvarez se puso en posición fetal en el asiento trasero. Luego, llamó a la policía y al ejército, pero al ver que nadie los socorría, dio la orden de seguir y tratar de salir del rango de disparos. Con tres llantas pinchadas y el conductor herido, llegaron hasta al batallón del ejército unos kilómetros más adelante.
Luego del atentado, Álvarez decidió irse completamente de la zona y seguir sus labores como alcalde desde Cúcuta, la capital del departamento que queda a ocho horas de La Playa de Belén. Otros alcaldes de la zona —entre ellos el alcalde de Tibú, Nelson Leal— y de Colombia también han tenido que salir sus territorios, gobernando desde la capital de sus departamentos.
La familia de Álvarez se desplazó con él. Luego de unos meses, la situación parecía haberse calmado, y volvieron a Ocaña, acompañados por su esquema de seguridad.
Pero los riesgos seguían presentes.
‘La presión es extremadamente fuerte’
Casi un año más tarde, el 4 de junio, Álvarez escapó de la alcaldía tras estar atrapado por horas. Salió de La Playa de Belén escoltado por dos tanquetas del ejército. Lo transportaron hasta Ocaña donde lo esperaba su familia.
Después de verificar que su familia estaba sana y salva, Álvarez tomó una decisión: Ocaña, a 45 minutos de La Playa de Belén, era todavía demasiado cerca para su comunidad. Mientras más distancia existiera entre Álvarez y los grupos armados, mejor. Trasladó a su familia a Cúcuta, esta vez de manera definitiva, y allí Álvarez denunció el atentado ante la Defensoría del Pueblo y ante la polícia.
Y días después, en un consejo de seguridad extraordinario, que contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Defensa, estos le insistieron a Álvarez que debía volver a su municipio a terminar su mandato, contó.
Los funcionarios también indicaron que iban a apoyarlo con más presencia de fuerzas de seguridad. Pero entrar con la fuerza pública a un municipio en el Catatumbo no era una opción para Álvarez. “Eso es retar a los grupos”, explicó.
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Ante una situación imposible, Álvarez decidió redactar su carta de renuncia. El 31 de julio, la gobernación del departamento de Norte de Santander aceptó su dimisión. Pocos días después, tratando de no llamar la atención, Álvarez salió del país con su familia.
La violencia política, que se esperaba bajara con el Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano en 2016, ha venido creciendo desde 2017, alcanzando picos en años electorales, según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE). En 2022, por ejemplo, cuando hubo elecciones presidenciales y legislativas, se registraron 418 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas en los siete meses previos a las votaciones, comparado con 202 hechos de violencia registrados en el mismo período previo a las elecciones presidenciales y legislativas de 2018, un aumento del 106 por ciento entre ambas jornadas electorales.
Solo en lo que va de 2023, de cara a las elecciones locales, en Norte de Santander, un candidato al Concejo de Tibú, dos líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC), y al menos 4 líderes y lideresas sociales han sido asesinados. Autoridades judiciales no se han pronunciado sobre quiénes podrían estar detrás de los asesinatos. Sin embargo, el accionar violento de los grupos armados en la zona se ha incrementado en los últimos meses.
Durante un trabajo de campo en la zona en abril de 2023, InSight Crime pudo constatar que, a pesar de las negociaciones que se llevan a cabo con los diferentes grupos armados, las restricciones de movilidad impuestas por estos actores en el Catatumbo son cada vez más frecuentes, comparadas con la información recogida en trabajos de campo en 2021 y 2020. El control social sobre las comunidades parece cada vez mayor en muchas zonas del país.
Miembros de la comunidad internacional y líderes sociales que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato por miedo a retaliaciones, coincidieron en afirmar que algunas de estas formas de control social que han aumentado son las amenazas a líderes sociales y políticos, las retenciones a civiles, las acusaciones y los “juicios de guerra” contra personas de la comunidad, además de ataques contra misiones humanitarias.
A pesar de la ambiciosa política de “Paz Total” del actual gobierno, que contempla desmovilizar los grupos armados ilegales de Colombia bajo los métodos de negociación y acogimiento o sometimiento a la justicia, se ha presentado un aumento del 37,7 por ciento en la violencia política en todo el país, comparado con el último período electoral de 2019, según un reporte de la MOE.
“La presión es extremadamente fuerte”, nos dijo Álvarez desde su habitación de hotel en otro país, refiriéndose no solamente a su situación, sino también a las próximas elecciones. Por el momento, la gobernación de Norte de Santander delegó a una alcaldesa encargada para reemplazar a Álvarez. Pero en el municipio y en el resto de Catatumbo, la violencia y los riegos para candidatos y civiles no cesan.