Con bloqueo de la vía Panamericana se agrava el orden público en Nariño

Los indígenas reclaman soluciones del Gobierno frente a las constantes violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades departamentales de Nariño están esperando concretar un puesto de mando unificado con el Gobierno Nacional, que permita levantar el bloqueo y atender la problemática de seguridad. FOTO: COLPRENSA.

La olla a presión de la inseguridad en el departamento de Nariño está a punto de reventar por una serie de homicidios, confinamientos y desapariciones, a las que ahora se suma el bloqueo de la vía Panamericana, un importante corredor vial.

Desde la mañana del miércoles se encuentra bloqueado el paso al municipio de Tumaco. La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá Del Pacífico (Oripap), denominó esta acción como “Minga por la Vida, el Territorio y la Paz”.

“Las Autoridades Tradicionales indígenas del pueblo Awá asociadas a Oripap, en virtud de las sistemáticas y reiteradas violaciones de Derechos Humanos, de la que son víctimas tanto los miembros de los pueblos indígenas como la población campesina del distrito de Tumaco, y considerando que pese a los numerosos hechos victimizantes que han sido de repudio nacional e internacional, cometidos en contra del pueblo Awá de Tumaco, el Gobierno Nacional no ha hecho presencia en los territorios con soluciones ni propuestas que logren diezmar las afectaciones de estas comunidades, determinan: convocar a la Minga por la Vida, el territorio y la paz que iniciará el día miércoles 31 de agosto de 2022, a partir de las 00:00 horas, sobre la vía Tumaco-Pasto”, dijeron en un comunicado los líderes.

De igual forma, reclaman más seguridad en la vía Panamericana. Uno de los problemas que denuncian se relaciona con migrantes que hacen su retorno a Venezuela, los cuales se atraviesan en la carretera para amenazar a los conductores y pedirles dinero o que los lleven gratis entre la carga.

A esto se suma el asesinato de Julio Édgar López Rivera, de 65 años de edad, en el sector de El Estrecho, en el departamento del Cauca, sobre la misma vía Panamericana, al parecer en un intento de atraco. Esta situación se volvió frecuente en los límites entre Nariño y Cauca.

La inseguridad en Nariño se agudizó a lo largo del último mes, con una serie de hechos que prendieron las alarmas de sus pobladores en medio de masacres, confinamientos e inseguridad en las vías.

Entre los incidentes se encuentra la masacre de 15 personas, en tres hechos distintos en los últimos ocho días, así como el confinamiento del que son víctimas cerca de 1.800 personas en zona rural del municipio de Magüí Payán, en la costa pacífica.

También hay zozobra por parte de los transportadores del departamento, quienes están a punto de iniciar un paro, debido a la inseguridad en la vía Panamericana, entre Cauca y Nariño, además de los citados bloqueos de los indígenas Awá en la vía del corregimiento Llorente hacia la cabecera municipal de Tumaco.

Las matanzas

El primer hecho de violencia se registró en el municipio de Magüí Payán, donde los moradores denunciaron el asesinato de cuatro personas, pese a que no hay una denuncia formal. La situación habría quedado registrada en videos.

A este hecho se suma la denuncia de moradores de las veredas de El Rosario y Bolívar, en la zona del Bajo Patía, quienes aseguran que luego de enfrentamientos desde el domingo, tres civiles resultaron heridos y uno de ellos perdió la vida debido a que se impidió el traslado de la zona.

La otra masacre ocurrió en Ipiales, donde seis indígenas que vivían en Jardines de Sucumbíos fueron sacados de sus viviendas el pasado 13 de agosto. Los secuestraron y los asesinaron.

Según expresó la comunidad en un comunicado, después de haber sido retenidas en diferentes sectores, sus cuerpos fueron hallados sin vida en veredas de los municipios del Valle del Guamuez y Orito, en el bajo Putumayo.

Las comunidades Awá y Nasa también son víctimas de este flagelo. El 14 de agosto los cadáveres de Ortiz Bautista y Yobani Ortiz Cabezas fueron hallados en un sector de la vereda Brisas del Palmar; mientras que Manuel Anderson Villacorte y John Fredy Villacorte fueron sacados de sus casas y, cinco días después, encontrados sin vida en un sector de la vereda Santa Teresa.

A su vez, Humberto y Miguel Bastos Illos, pertenecientes al pueblo Nasa, fueron hallados en la vereda Primavera. La comunidad acusa a integrantes del grupo Comandos de la Frontera de ser los responsables de estas masacres.

En Cumbal, el 28 de agosto, fueron asesinados los indígenas Adriana del Rocío Guerrero Tarapuez y Stalin Emilson Calpa Tupue, quienes eran esposos y hacían parte del resguardo de Panan. De igual manera, Diego Armando España, perteneciente al resguardo de Chiles.

El caso ocurrió en la noche del viernes en la vía que conduce del resguardo de Chiles a Mayasquer, en el sector La Puerta, a una hora del casco urbano de Cumbal. En la zona hay presencia del ELN.

Confinamientos

Unas 1.800 personas están confinadas en una zona rural del municipio de Magüí Payán, y muchas están llegando a la localidad de El Charco por el temor a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan la zona, debido a la gran cantidad de coca, rutas del narcotráfico y laboratorios para el procesamiento de coca.

Una líder de Llorente, que prefirió omitir su nombre, comentó que en los corregimientos de Llorente y La Guayacana, y las veredas El Vallenato, Restrepo, La Balsa, Mata de Plátano, La Montañita y Puerto Rico, las personas tienen temor, ya que hasta el momento son dos las personas desaparecidas, entre ellos una menor de edad; además, en julio fueron tres los asesinados, cuyos cuerpos rescató la comunidad.

Mario José Papamisa desapareció en el sector de Palo Seco, en el mes de julio. Esta persona se trasladaba en un vehículo, en el cual llevaba remesas. En agosto se perdió el rastro de la joven Yésika Arizala, en un sector de la carretera que lleva desde Llorente a Imbilí, a unos 40 minutos del casco urbano de Tumaco.

De igual manera, Carlos Santiago Vallejo desapareció en el corregimiento de Ospina Pérez en hechos confusos.

Esperando un puesto de mando

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, calificó como muy preocupante la situación de violencia que ocurre en el departamento y aseguró que urge iniciar un programa amplio de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos, así como manifestó que hay voluntad de la comunidad para tal fin.

“Estamos dispuestos para iniciar los diálogos regionales vinculantes en materia de paz, Nariño necesita la paz, necesitamos una muestra de los grupos la margen de la ley que cesen la violencia, no podemos seguir en estas condiciones. Hacemos un llamado desde Nariño, atendiendo el llamado que hizo el presidente Petro con la vicepresidenta Francia Márquez de una paz total”, dijo.

De igual manera, está pendiente la instalación de un Puesto de Mando Unificado departamental para evaluar la situación. Se prevé la llegada del ministro del interior, Alfonso Prada; sin embargo, no hay fecha para esta reunión.