Mientras que Omar Terán, indígena zenú, deleita en su paladar un masato sin azúcar antes de labrar la tierra, el mulato Oswaldo Moreno disfruta un guarapo, sin que estos dos líderes pierdan de vista las múltiples necesidades que tienen sus comunidades. Están unidos en esa lucha.
Las dos bebidas fermentadas son las predilectas de los indígenas y los mulatos que comparten territorio en la vereda El Remanso, en Arjona (Bolívar). En este asentamiento cada comunidad se rige por su gobierno y sus reglas. Los líderes trabajan para mejorar la calidad de vida de estas familias. Son varios los problemas que deben resolver juntos, tales como la falta de agua potable.
La vereda fue fundada hace 22 años por 72 familias desplazadas, entre afros e indígenas del Cabildo Zenú, la mayoría campesinos. Cuentan que fueron ubicados en ese sitio por una orden del alcalde de ese entonces, Carlos Tinoco, en una zona de 240 hectáreas, en el kilómetro 2 de la vía que de ese municipio conduce al corregimiento de Las Piedras (San Estanislao). El mandatario les entregó el terreno para que lo compartieran, cultivaran y vivieran del pancoger. A la fecha no se les ha definido la titulación colectiva. Lea: El cabildo indígena busca una tierra propia
Hoy la vereda es habitada por 250 familias, cuya economía se basa en los cultivos de yuca, ñame, batata, frijol, ahuyama, maíz y frutas tropicales como el mango, tamarindo, corozo, papaya, guanábana, patilla y melón, entre otras. Las mujeres se concentran en actividades de emprendimiento, tejiendo sombreros, hamacas, haciendo sandalias, pulseras y bolsos.
Hay una Junta de Acción Comunal presidida por Oswaldo Moreno, quién señaló que El Remanso, según el POT, está contemplado como una vereda. No tienen redes de agua potable y por ello se abastecen de los pozos artesanales y de los carrotanques que suministra la Alcaldía de Arjona cada 15 días. El agua es almacenada en tres tanques.
“Eso no es suficiente para atender a una población de más de 1.000 habitantes, hace falta un servicio que satisfaga las necesidades de esta comunidad. Instauramos una acción de tutela que fallaron a nuestro favor y está en revisión de la Corte Constitucional. En este momento no hay voluntad política para resolver el problema en forma definitiva, tampoco un acuerdo entre la Alcaldía y la empresa Acualco, operadora del servicio de agua”, indicó Moreno.
En cuanto al fluido eléctrico, fue instalado mediante el programa de Energía Social. Cuentan con un medidor comunitario y la factura desglosada llega a cada vivienda por un valor de $30 mil, “pero en los últimos tres meses aumentó a $100 mil”, aseguran. No tienen un puesto de salud ni un colegio donde se imparta educación diferencial con cultura indígena. Necesitan unidades sanitarias y también un mejoramiento de la vía que los comunica con la zona rural, pues el estado de la misma dificulta el transporte de los productos de los campesinos.
Moreno destaca que el hecho de que las culturas afro e indígena compartan el territorio es una muestra de apoyo mutuo, cumpliendo la Ley 2166 de 2021.
La vereda es compartida por el Cabildo Indígena Zenú, con el asentamiento de 76 familias conformadas por 287 personas en calidad desplazados por el conflicto armado. Cuentan con una autoridad presidida por el capitán, un alguacil mayor, un secretario, un tesorero y cinco personas encargadas de la guardia, las cuales se encargan de garantizar el orden.
Su capitán, Omar Terán, señala que en Bolívar existen 37 cabildos y que la Ley 89 de 1890 les brinda a ellos la oportunidad de conformar su gobierno interno y establecer normas. “En esta norma nos basamos para conformar nuestro grupo, buscando mantener la convivencia. Si alguno de los integrantes, sea mujer, joven o adulto, sostiene una discusión o pelea callejera con alguien distinto a la etnia, será sometido a llamado de atención y hasta castigo, tal como lo tenemos contemplado. Mientras que la otra persona que participó en el conflicto será requerida por la autoridad de Policía”, explicó Terán.
Esta comunidad vive de la agricultura y el trenzado de la caña flecha. Hacen sombreros, hamacas, sandalias, entre otros elementos. Trabajan de la mano de la Junta de Acción Comunal para resolver problemas comunes. No cuentan con tierra, pues la que trabajan es arrendada. “En este caso la Alcaldía nos debe resolver el tema de la tierra, porque de ella nacimos y de ella nos debemos alimentar. Queremos también que dentro de las aulas se les imparta la educación diferencial a nuestros hijos, basada en cultura indígena, ya que es la única forma de que prevalezca”.
Los dos líderes Omar Terán y Oswaldo Moreno buscan que la vereda se convierta en una zona ecoturística. De hecho, hace poco realizaron la Feria de la Vecindad, evento con el que se buscó mostrar las distintas culturas que convergen en ese lugar, así como los distintos productos de pancoger, que fueron expuestos.
La Ley 2166 de 2021 establece: “En todos los procesos comunales se garantizará el pluralismo, la diversidad y la participación en igualdad de condiciones a todas las personas sin distinciones de género, religión, etnia o de ningún tipo. Fomentar la construcción de comunidad como factor de respeto, tolerancia, convivencia, protección integral del ambiente, inclusión, resiliencia y solidaridad para el logro de la pacífica convivencia, por lo que se requiere la formación ciudadana y comunal, así como asumir la no violencia como estrategia que preserva la vida y garantiza las condiciones de convivencia en comunidad”.
La Ley 89 de 1890 contempla: “En todo lo relativo al gobierno económico de las parcialidades, tienen los pequeños cabildos todas las facultades que les hayan transmitido sus usos y estatutos particulares, con tal que no se opongan a lo que previenen las leyes, ni violen las garantías que disfrutan los miembros de la parcialidad en su calidad de ciudadanos”.
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