Antofagasta. Basural "La Chimba": miseria y negocios percolados

Antofagasta y la segunda región de Chile continúan siendo el claro ejemplo de irracionalidad capitalista: zonas de sacrificio que se ganaron el mal apodo de “Chernobyl chileno”, abandonadas al tratamiento contaminante de conglomerados multimillonarios como AMSA, de Luksic, o la transnacional australiana BHP, que controla el 57,5% de las acciones de la minera más grande del mundo siendo tan solo una parte de la postal aberrante del goce empresarial.

Saqueo y destrucción del medio ambiente son parte de la receta con que estas corporaciones reproducen un sistema que depreda no solo la tierra sino las vidas de aquellos trabajadores que día a día se someten a un ritmo de trabajo por sobre la media, con complejos turnos que afectan la salud y en el caso de aquellos sometidos a la flexibilización laboral, reciben hasta un tercio de pago por el mismo trabajo.

Sin embargo, no solo se trata de mineras de alto calibre que se llevan más del 90% de utilidades de los recursos naturales a empresas en el extranjero (sin contabilizar el Litio y el agua), que, legal e ilegalmente, extraen minerales fuera “del menú” para obtener mayores utilidades, todo en el marco de una racha alcista que nada tiene de mejoras en la calidad de vida para las y los trabajadores.

Revelado ese gran telón de fondo, se presentan profundos problemas de cruda desigualdad en el corazón al norte del “oasis latinoamericano”: uno de estos ejemplos es el vertedero “La Chimba”, recinto que funciona hace años sin permiso alguno, siendo el más grande de Chile y uno de los espacios con mayor cantidad de basura a nivel latinoamericano.

Se trata de un terreno “de nadie” que reúne de las más variadas contradicciones propias de este capitalismo a ultranza: trabajo en negro, contaminación, precarización y pobreza extrema, entre otros.

La imagen corresponde a la exposición "Señores Papeleros" del fotógrafo Gabriel Navia. Antofagasta.

Espacio que ya cuenta con 50 años de existencia, y que durante el año 2019 -y por secretaría- fue cerrado parcialmente, todo ante la inevitable apertura del relleno sanitario “Chaqueta Blanca”, un verdadero “tesoro en disputa” para los gobiernos regionales y municipales de la época.

¿Quién iba a darle fin a un problema que duró 15 años en destrabarse?, era la pregunta que se realizaba la prensa, mientras los partidos de los 30 años solo buscaban cortar la cinta y poner el candado a un lugar que albergaba casi 200 trabajadores recolectores de basura condenados -sin saberlo- al total abandono.

Chaqueta Blanca significó un desembolso de 8.600 millones de pesos en un contrato de 20 años con el municipio de Antofagasta.

Mientras sucedía esto, los miembros del sindicato de recolectores de basura domiciliaria de Antofagasta (en el basural existen dos sindicatos, uno dedicado a residuos y otro a escombros) se mostraban alertas ante el inminente despido. Finalmente, y bajo la promesa de llevarse a la totalidad de trabajadores al tan ansiado proyecto de reciclado, esta palabra no fue cumplida quedando en la calle casi 120 personas y sus familias.

Esto trajo consigo el cierre del área de residuos domiciliarios del vertedero, decenas de despedidos y la instalación de una empresa que genera millones con menos de un octavo de los trabajadores a quienes indicó falsamente el entregar una solución laboral tras su instalación.

Hoy, a poco más de un año de iniciado el proceso de cierre, nuevamente se pone en juego la estabilidad laboral de 80 trabajadores recolectores del sector escombros, que ante los anuncios del nuevo alcalde Jonathan Velásquez del cierre definitivo de este recinto, buscan respuestas a un problema que pareciera no tener al menos administrativamente, una solución al problema del trabajo en negro y el sistema de licitaciones externas que solo genera más precarización.

Si bien, su cierre administrativamente corresponde al Ministerio de Salud -cosa que técnicamente se encuentra ejecutoriada- hoy toma contornos políticos frente a la intervención de los organismos del Estado y el municipio, donde son los concejales de la comuna quienes deciden finalmente por el futuro de los contratos al interior del concejo municipal.

No obstante, comer basura, dormir en medio de los desperdicios y vivir sin agua ni luz por semanas es una postal que no ha acabado en Antofagasta: una historia de larga data que se ha obviado convenientemente por décadas.

Son grandes los negocios al interior de este recinto, que cuenta con administración privada y bajo la venia de Bienes Nacionales, ministerio que entrega a modo de concesión (y no como comodato) el terreno donde está emplazado el basural, con la promesa de prometedores tratos comerciales con la miseria ajena como requisito implícito.

Nada se dice de los reales problemas de este recinto, que hoy continúa cerrado y con 80 familias en la calle. La basura lleva 28 días acumulándose en las afueras del basural, lo que acarrea un gran impacto ambiental en quienes viven a su alrededor.

Reacciones

Ante esto, la concejala por Antofagasta Natalia Sánchez (PTR) se solidarizó con los trabajadores recicladores y se hizo parte de la denuncia.

"80 familias sin trabajo debido a licitaciones y acuerdos a puertas cerradas. Hay que dar respuesta a los trabajadores y al problema ambiental que genera la basura.
El alcalde tiene la responsabilidad de pronunciarse sobre el subcontrato, como forma de precarización laboral. Exigimos el paso a planta de los trabajadores recicladores y una solución inmediata a los problemas administrativos para que se deje de depositar la basura en cualquier punto de Antofagasta", publicó en sus redes sociales.

Otros concejales también se hicieron parte y se encuentran viendo las vías para obtener respuestas frente al alcalde. Hasta el cierre de esta edición, ni el Municipio ni el Gobierno Regional se han manifestado respecto a este problema.