Cerca de 400 fuentes de trabajo corren peligro ante el vaciamiento del ingenio San Juan. Entre las ofertas de arrendamiento, una llamó la atención por ser la de un primo del gobernador, con un cargo en el gobierno de la provincia y sin ningún antecedente en el negocio azucarero.
Domingo 20 de marzo de 2016 | 09:00
Con una deuda salarial de 9 millones de pesos y deudas millonarias con la AFIP, SAT, y EDET, y los servicios de luz y agua cortados por falta de pagos, el ingenio San Juan se encuentra en una situación alarmante.
Si a principio de año el grupo Los Balcanes había manifestado interés en arrendar el ingenio a cambio de una fuerte reducción del personal, luego de retirarse Jorge Rocchia Ferro, quedarían dos interesados en el arrendamiento del Ingenio.
El pasado 2 de marzo ingresó al expediente del concurso preventivo del Ingenio San Juan, una oferta de arriendo por 3 años con opción a tres años más, a nombre de Jorge Nicolás Varela Rudyk (27) y Pedro Ernesto Manzur (55).
Jorge Nicolás Varela es propietario de VyE Contructora SRL, una empresa inmobiliaria con domicilio en Av. Roca 950 y serios problemas financieros. De acuerdo a los reportes de AFIP el joven emprendedor tendría los aportes patronales impagos desde diciembre de 2014, un contrato rescindido por falta de pago con la aseguradora de riesgos ASOCIART, una deuda de 100 mil pesos con dos bancos privados en situación de “alto riesgo de insolvencia” según el BCRA, y más de 1 millón de pesos de cheques rechazados por falta de fondos.
A pesar de semejante historial, la oferta de arriendo de este joven empresario llama la atención por el apellido de su socio.
De acuerdo a lo que nos informan los obreros del ingenio, Pedro Ernesto Manzur se ha presentado en varias ocasiones como el “primo del gobernador”. Y es muy probable que así sea porque, según ANSES, Pedro Manzur tiene un cargo en el Gobierno de la Provincia de Tucumán al menos desde abril de 2014.
¿Por qué esta dupla sin ningún tipo de experiencia en el negocio azucarero, con serios problemas de solvencia, y estrechos vínculos con la casa de gobierno aparece como interesados en uno de los ingenios con más problemas de la provincia?
De confirmarse las sospechas, no sería la primera vez que familiares de Manzur se encuentran detrás de maniobras fraudulentas. En octubre de 2015 se hizo público el procesamiento de Claudia Viviana Manzur y Sandra Patricia Manzur, primas del gobernador y funcionarias del Ministerio de Educación, por malversación de caudales públicos y asociación ilícita, por el desvío de fondos públicos destinados a haberes de los docentes de la provincia.
Hace algunos días la oferta de esta dupla fue desafiada por otra oferta de arrendamiento a cargo de Juan Carlos Crovella, quien se comprometía a cubrir parte de la deuda salarial y solicitaba el arriendo por cinco años, con opción a dos años más.
La jueza Nilda Dalla Fontana evaluó a esta como la mejor oferta, pero a fin de forzar su retirada, le ofreció el arriendo por sólo un año. Una decisión arbitraria que cubre a la propia jueza en un manto de sospecha. Después de todo, fue bajo su responsabilidad judicial que se llevó a cabo la administración fraudulenta del ingenio por parte del grupo Altamiranda Omill.
¿Quién es Juan Carlos Crovella?
La otra oferta de arriendo pertenece al empresario Juan Carlos Crovella, dueño del molino harinero Concepción SA, también conocido como Molino San Patricio, ubicado en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
A fines de 2012 los obreros del molino tomaron la planta denunciando atraso de 2 meses y medio en el pago de los salarios y un proceso avanzado de vaciamiento de la empresa.
La lucha se extendió varios meses hasta mediados de 2013. Por aquel entonces los obreros explicaban a una revista local que “esta es la cuarta vez que se cierra esta fábrica, la metodología siempre es la misma: cambio de propietarios que presentan quiebra, un par de años cerrada la planta y luego su apertura con la necesaria reincorporación -y eliminación- de mano de obra (…) desde el 2003 somos empleados de Alimentos San Patricio, pero el edificio y la maquinaria, pertenecen a Juan Carlos Crovella, empresario que vive en Buenos Aires y alquila las instalaciones a distintas firmas”.
Luego de recibir varios llamados a audiencia de conciliación por parte de la Secretaría de Trabajo, Juan Carlos Crovella manifestó su desinterés por las negociaciones y los obreros fueron notificados de sus despidos por telegrama.
Quien ahora se presenta como interesado en el ingenio San Juan tampoco es un desconocido para Roberto Palina (Secretario General de FOTIA y actual Secretario de Trabajo de la provincia), que en 2005 lo denunciaba por incumplimiento en los aportes previsionales y de la obra social de los 280 obreros del Ingenio Aguilares.
Por aquel entonces afirmaba en La Gaceta que "hasta ahora, la arrendataria del Aguilares era la firma IOSA, del empresario Juan Carlos Crovella, quien, a su vez, es uno de los dueños minoritarios del ingenio, con alrededor de un 40% de la empresa", explicó Palina. "Pero resulta que este año el mismo arrendatario, que sigue siendo Crovella, cambió el nombre de la empresa, que pasó a llamarse Fericar. Nos preocupa que cambie el nombre de la empresa el mismo arrendatario que viene evadiendo aportes y obligaciones".
Juan Carlos Crovella acercó una oferta de arriendo que incluye el despido de la totalidad de los contratados, jubilaciones anticipadas, y un examen médico que anticipa nuevos despidos.
¿Qué garantías tienen los obreros?
Sea quien sea el arrendatario los trabajadores deben exigir garantías de conservar todos los puestos de trabajo y el respeto de los derechos laborales, como trabajo en blanco, obra social, y un control de la estiba obrera.
Omill ya ha demostrado que sólo puede estafar a los trabajadores y seguir vaciando el ingenio. Si ningún arrendatario puede garantizar estas condiciones legales básicas, el Estado se debe hacer cargo del ingenio. Y podría hacerlo con la sola razón de que gran parte de la deuda que mantiene Omill es con entes estatales. La propiedad sería estatal y la administración del ingenio podría realizarse con control obrero. Pero sería un ejemplo demasiado peligroso ante los trabajadores azucareros de la provincia que vienen soportando la violación de sus derechos.
Es por ello que no se puede esperar respuestas en los pasillos ministeriales, ni en los dictámenes de una justicia patronal corrupta.
