Cooperativistas todavía sin casa, algunos ya construyendo, otros pendientes de los bancos. Vecinos desalojados. Metros cúbicos y metros cúbicos de tierra removidos. Y un futuro que no ha dejado de ser incierto desde que, hace casi un cuarto de siglo, la Xunta se imaginó un polígono para empresas tecnológicas y oficinas, de nombre vintage: el parque ofimático.

Tras importantes movilizaciones en los meses antes de las elecciones locales de 2011 de los miembros de las cooperativas -unas 300 familias que habían arriesgado esperanzas y ahorros en la zona para tener un piso a precio razonable-, el Gobierno local, formado entonces por PSOE y BNG, decidió tramitar en un plazo récord el mayor proyecto de urbanización residencial de Galicia, la millonaria contratación que acababa de ser anulada por un juez.

El 8 de abril de 2011, a mes y medio de las elecciones municipales que ganaría Carlos Negreira, el Ejecutivo municipal tomó una decisión: adjudicar las obras a la macroconstructora Acciona Infraestructuras, por 42 millones de euros, imponiéndose en el concurso a FCC Construcciones y la UTE de Arias, Copcisa y Fontenla.

El Ayuntamiento había consignado en los presupuestos de 2011 la partida correspondiente para poder abordar el mayor proyecto inversor de la historia de la ciudad. Es dinero, en todo caso, que deben abonar los promotores privados que pretendían hacer negocio inmobiliario en el lugar antes del estallido de la burbuja del sector, además de la Xunta, en calidad de dueña de la otra mitad de los terrenos, destinada a vivienda de protección oficial.

Desde ese primer momento del contrato, y ya con nulas perspectivas de edificar, los promotores se opusieron a la decisión municipal, impugnaron el concurso y amenazaron con no pagar las cuotas correspondientes. El sector exigía meter en la nevera el plan y denunciaba "prisas" con "fines electorales". El juzgado rechazó su petición de parar cautelarmente los trabajos, y el Concello, ya bajo la Alcaldía de Negreira, defendía ante las críticas la "total seguridad jurídica" de las decisiones del Ejecutivo.

Antes, como candidato del Partido Popular en 2011, Carlos Negreira trataba de navegar entre la tesis de la Xunta de Núñez Feijóo, que ejercía duramente su contrapoder en la ciudad y también rechazaba la continuidad del proyecto a pesar de los recursos judiciales en los que estaba inmerso, y las peticiones de los cooperativistas, que incluso lo abordaron en algún acto de campaña, exigiéndole promesas "firmes" en el caso de que se convirtiese finalmente en alcalde.

Todavía como aspirante, Carlos Negreira tenía que responder a las familias si Núñez Feijóo estaba comprometido a adjudicar las parcelas a sus entidades una vez que estas fuesen finalmente registradas. "Yo tengo el compromiso de intentar que eso sea así", toreaba el líder de la oposición, ya a punto de convertirse en alcalde, que había clamado contra la "inseguridad jurídica del proyecto".

Consumado el éxito en las urnas y pocos días después de su toma de posesión, Negreira echa el freno a las máquinas en los terrenos con la justificación de que un tercio de las parcelas todavía estaban ocupadas, que había trámites administrativos sin solventar, que las parcelas no estaban definitivamente adjudicadas y que había que indemnizar a los propietarios originales de los terrenos. El regidor coruñés dio por finalizada dichas incertidumbres solo cuatro meses después de que se decretase la suspensión y prosiguió con el contrato ahora anulado. El pasado mayo, este periódico desveló que el coste del movimiento de tierras, la primera y única parte cerrada, se disparó un 67%.