El objetivo de esta comunicación consiste en analizar las condiciones que generaron el despegue azucarero tucumano (1870-1895), contrastándolas con los factores que ocasionaron el descalabro económico-social de la región azucarera (1956-1970) desde un enfoque que considere la incidencia de las políticas públicas y sus efectos espaciales. La agroindustria se conformó durante el último tercio del siglo XIX, en paralelo a la expansión de las exportaciones del área pampeana y del sistema ferroviario, al influjo de un sostenido crecimiento nacional.² Al cabo de un siglo el complejo azucarero tucumano comenzó a declinar en la segunda mitad del siglo XX, su reestructuración tuvo lugar durante la dictadura militar de Onganía y sus resultados se reflejaron en la abrupta contracción de su volumen productivo y un acelerado proceso de concentración de la propiedad rural y fabril.

La especialización azucarera generó profundas transformaciones socio-espaciales, activó movimientos poblacionales, transformó la circulación de bienes y personas, además de estimular la formación de pueblos en el interior de la provincia que crecieron animados por la expansión ferroviaria y la formación de nuevos ingenios. Alcanzó su máximo nivel de expansión territorial durante la segunda mitad de la década de 1940 estimulada por políticas estatales en el contexto de la postguerra. Así, el cañaveral avanzó hacia zonas no aptas para el cultivo con el objetivo de abastecer el mercado interno, tarea que exigió mayor mano de obra estacional en el marco de una cosecha no tecnificada.

Entre 1966 y 1967 los decretos de la dictadura de Onganía determinaron el cierre de 11 ingenios e impusieron una restrictiva política de cupos de producción que forzaron el abandono de los cañaverales, el eclipse de los pueblos surgidos a la vera de los ingenios y activó un potente movimiento de resistencia pero también de emigración. Tales factores desarticularon el espacio azucarero configurado a fines del siglo XIX.

La especialización productiva en clave azucarera, la organización espacial y la formación de pueblos a la vera de los ingenios

Entre 1860-1875 el ordenamiento socio-territorial de base azucarera se desarrolló sobre la base de la pequeña propiedad, explotada por un extendido elemento campesino que permitió resolver la alimentación de la población provincial, estimada en 108.953 habitantes en 1869. El actor que protagonizó el crecimiento en materia de granos fue el labrador, propietario de un pequeño fundo que explotaba personalmente, ayudado por los miembros de su familia. Logró resistir la proletarización extendida en el departamento Capital donde se desarrollaba el cultivo de la caña de azúcar, actividad que sustentó un modesto desarrollo manufacturero expresado en ingenios rudimentarios, equipados algunos con trapiches de hierro y alambiques para elaborar azúcar y aguardiente que se vendía en el mercado local y regional. Las fortunas de sus propietarios devenía del control de diferentes rutas comerciales con Buenos Aires, Rosario, Bolivia, Cuyo e incluso con Chile. En 1874 poseían el 87 % de la superficie cultivada con caña de azúcar (TERAN, 1874).

En 1876 el ferrocarril Central Norte unió la provincia con las populosas regiones del litoral argentino y generó expectativas en el desarrollo azucarero.³ La conexión ferroviaria era defectuosa al tratarse de una trocha angosta que obligaba a descargar en Córdoba y continuar en otro servicio para llegar a Rosario o Buenos Aires. Sin embargo, significó una rebaja sustancial de los fletes en tanto el viaje se redujo a 24 horas pero no trajo las grandes ventajas imaginadas para la agroindustria (GUY, 2008, p. 88).⁴ En 1888 la línea Noroeste Argentino (1888) impulsada por el estado provincial unió 16 ingenios tecnificados del área pedemontana con la Capital provincial, se construyeron ramales secundarios que unieron los ingenios con los cargaderos situados en el área cañera. El servicio sirvió no sólo a los industriales, sino también a los grandes plantadores cañeros al permitir la expansión de los cañaverales hacia el sur (área del pedemonte).⁵ En 1892 el ferrocarril San Cristóbal sirvió a 9 ingenios del departamento de Cruz Alta otorgándoles una mejor conectividad con el área cañera.⁶ En consecuencia, la política pública en materia ferroviaria modificó el paisaje de la provincia que abandonó la diversificación productiva y avanzó hacia la monocultura cañera.

El crédito fue un instrumento indispensable para la adquisición de maquinaria moderna cada vez más costosa. El financiamiento se realizó sobre todo a través de la banca pública: el Banco Nacional (que funcionó en Tucumán en 1875), el Banco Hipotecario Nacional (1887) y el Banco Provincial (1888). Algunos industriales consiguieron créditos accesibles de las compañías fabricantes de equipos azucareros. En ese contexto, se produjo un proceso de concentración fabril que eliminó a los establecimientos con trapiches de palo y a los parcialmente tecnificados. El parque industrial se estabilizó en 35 ingenios modernos en 1895, de los cuáles el 43 % fueron fundados en la década de 1880.

Otra condición necesaria para la construcción de una región agroindustrial en el norte argentino fue la protección del mercado interno. En 1882 el Congreso Nacional, institución autorizada para fijar los aranceles aduaneros, adoptó por primera vez un impuesto específico al azúcar, medida que significó un recargo del 54 % para la producción azucarera no refinada extranjera (BRAVO, 2008, p. 66). Esta franja de protección permitió a las producciones tucumanas llegar a la ciudad de Buenos Aires, aunque la principal demanda de los consumidores se concentraba en el azúcar refinado que no se fabricaba en el país. En 1888 se aplicó un arancel específico para el producto refinado de 9 centavos oro para otorgarle condiciones monopólicas a la Refinería Argentina en Rosario, empresa fundada por Ernesto Tornquist a la que se acordó una garantía estatal del 7% anual y exención de impuestos por quince años. La protección impulsó el crecimiento vertiginoso de la producción azucarera: de 24.152 toneladas en 1884, subió a 41.000 tn en 1890 y llegó a 109.362 toneladas en 1895; es decir, se multiplicó un 455 % en sólo once años (SCHLEH, 1921, p. 250).En consecuencia, creció el área sembrada con caña de azúcar, tarea en la que se destacó el plantador independiente que llegó a controlar el 42% del cañaveral en 1895 (Bravo, 2008:47). Su desarrollo se explica por la competencia de los fabricantes por la captación de materia prima que elevaron el precio de la caña estimulando el crecimiento de los plantíos. En consecuencia, el número de los cultivadores (que comenzaron a ser denominados cañeros) creció de 330 en 1881 a 2605 en 1895 (Segundo Censo Nacional, 1895, tomo III, p. 188).

Los cañeros se transformaron en un sector necesario para el funcionamiento agroindustrial azucarero tucumano. Se trataba de un universo social heterogéneo que incluía a un propietario de extensas plantaciones como al modesto labrador (propietario o arrendatario) de una pequeña parcela. Por lo tanto, el auge azucarero no arrasó a la pequeña propiedad difundida en el sur de la provincia aunque en el departamento de Famaillá predominaban los latifundios de los ingenios. La compra de la caña se realizó bajo contrato, modalidad que extendió las relaciones capitalistas en el medio agrario. Cañeros e industriales entablaron una sociedad conflictiva en tanto confrontaron por los precios de la materia prima que los ingenios procuraban para imponer de manera unilateral el precio de la materia prima.

Las empresas azucareras explotaron sus tierras bajo un sistema contractual denominado colonato. El ingenio entregaba tierras a un intermediario bajo la condición de cultivar una determinada variedad de caña, estipulaba los adelantos, intereses y el precio de la materia prima. Por su parte, el colono aportaba útiles de labranza y su propia mano de obra. En 1895 funcionaban 240 colonias de ingenio que cultivaban 19.523 hectáreas y representaban el 63 % de las plantaciones de los ingenios. En esos espacios se establecieron galpones para vivienda de trabajadores de surco cuyo número crecía en épocas de cosecha.

El auge azucarero configuró un nuevo paisaje económico y social. A lo largo de la zona pedemontana se erigieron construcciones gigantescas, los ingenios azucareros. Estas unidades fabriles constituyeron el núcleo del proceso productivo, de allí se extendían los ramales ferroviarios que se conectaban con las fincas cañeras y las colonias.⁷ El terreno donde se emplazaban la fábrica, la destilería y las construcciones anexas (talleres varios) oscilaba entre 1 y 4 hectáreas según el tamaño de las mismas, pero la extensión de la propiedad con sus áreas de cultivo y campos yermos era superior.⁸ En un lugar cercano al ingenio se ubicaba la mansión del propietario, el chalet del administrador y las viviendas de sus subalternos, reconocidos como personal jerárquico. Se trataba de un área urbanizada, con amplios jardines y pequeñas plazoletas.

Imagen 1:
Foto panorámica del ingenio Bella Vista, departamento de Famaillá (circa 1920).

En el área de cañaverales se instaló el sistema Decauville, pequeñas locomotoras que circulaban a través de vías portátiles; el terreno estaba servido por canales de riego, cuya longitud varió en función de las tierras cultivadas de las empresas.⁹

En función del nuevo perfil productivo el paisaje social se reformuló. En 1895 las empresas azucareras reunían dentro del perímetro de su propiedad una población que oscilaba entre 1000 y 3000.¹⁰ De modo que, los centros productivos crearon importantes núcleos poblacionales. Se construyeron las viviendas de técnicos, empleados de escritorio, más alejadas los barrios obreros con sus proveedurías autorizadas por la administración del ingenio (PATERLINI DE KOCH, 1987, p. 55). A partir de 1900 los establecimientos azucareros adoptaron la energía eléctrica para el funcionamiento de la maquinaria y la iluminación de las viviendas. Este servicio sólo funcionaba durante los cuatro meses de la zafra. Al terminar la cosecha volvía la oscuridad a las casas de los obreros y a los galpones de las colonias que debían recurrir a las lámparas de petróleo o velas. En el área de los trabajadores se construyeron casas de baño para trabajadores y sus familias dotadas con agua fría y caliente. En las colonias la edificación era rudimentaria, barracas colectivas donde primaba el hacinamiento humano.

A partir de 1920 se reformuló el ordenamiento espacial al instalarse lugares de recreación y de salud. En 1922 el ingenio Santa Ana habilitó para los trabajadores una cancha de fútbol y una plazoleta para los trabajadores donde se veía cine, el personal jerárquico disponía de canchas de polo y tenis.¹¹A instancias de la ley provincial votada en 1925 se obligó a establecimientos de más de 200 empleados a brindar asistencia médica gratuita con servicios de enfermería y salas de primeros auxilios (FERNÁNDEZ, 2017, p. 76.). El control social era férreo. El perímetro del ingenio estaba controlado por rondines, se vigilaba el ingreso a la fábrica y en las colonias la inspección estaba a cargo de capataces y personal auxiliar.

La agroindustria gestó otros núcleos poblacionales, los pueblos azucareros emplazados en las estaciones ferroviarias que evadieron la gravitación de los rígidos reglamentos de fábrica. Habitados por comerciantes, cañeros, trabajadores y profesionales configuraron una interacción vecinal modelada por el emplazamiento de instituciones estatales y sociales donde predominaban las prácticas de fomento y las actividades sociales, culturales y religiosas. Tomemos el caso del pueblo de Bella Vista fundado en 1874 debido a la estación ferroviaria de la línea Central Córdoba. Allí se instalaron las instituciones estatales locales (Registro Civil, Comisaría, Juzgado de Paz, Comisión de Higiene y Fomento, Oficinas de Correos y Telégrafos, escuela primaria, la empresa de Agua y Energía, el mercado, la banda de música, las sucursales del Banco Provincia, de la Dirección de Rentas, de la central telefónica) (VIDAL SANZ, 2017, p. 38-44).

El pueblo atrajo un moderado caudal migratorio español y árabe que estimuló el comercio, la producción agrícola e impulsó el desarrollo administrativo.¹²

En ese espacio se edificó la iglesia de San José Obrero (1895) por iniciativa de la familia García Fernández propietaria del ingenio y con la colaboración de cañeros de la zona que donaron carradas de materia prima. En 1947 se transformó en parroquia y amplió su radio de influencia social en 1961 con la fundación del Colegio San José, único instituto de enseñanza secundaria de la localidad. La vida asociativa del pueblo se activó por la creación de la Biblioteca Popular “Marco Avellaneda” en 1915, el Ateneo Estudiantil Sarmiento, el Círculo de Salesianos San José, el Club Social que contaba con un elenco teatral, el Centro Juvenil Cultural, además de otras entidades (SALAZAR Y VALEROS, 2012).

El peronismo incorporó una dinámica sindical a la vida asociativa local con el establecimiento de las sedes de los sindicatos de base cuyo proceso de organización culminó con la formación de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) en 1944. Al año siguiente se formó el sindicato de empleados de escritorio, adherido a la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA). Estas formaciones locales agregaron densidad a las experiencias asociativas de los pueblos azucareros.¹³

Hasta 1945 las crisis de sobreproducción se resolvieron mediante leyes de regulación azucarera de carácter provincial que se administraron los costos de la crisis según un criterio distributivo. Un precedente central fue el Laudo Alvear que resolvió la primera huelga cañera de 1927 organizada por la Federación Agraria Argentina (FAA). Dictado por el presidente de la nación, Marcelo T de Alvear, concluyó que los costos promedios fabriles eran levemente inferiores al costo cultural promedio, de modo que el valor de la tonelada de caña se computó en el 50 % de los promedios de venta del producto elaborado obtenidos en el mercado interno.¹⁴ Las normas del Laudo Alvear ordenaron la relación comercial de industriales y cañeros según un criterio de distributivo que rigió hasta 1955.

El peronismo pasó la actividad azucarera a la órbita nacional, al tiempo que ampliaba el arco distributivo al sumar a los trabajadores a la discusión salarial. En junio de 1949 creó la Dirección de Azúcar (DA), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, con potestad para decidir la producción, las cuotas de comercialización, los precios del azúcar y de la materia prima según un sistema mixto que computaba el peso y la riqueza sacarina de la planta. En paralelo creó un Fondo de Regulación Azucarero (FRA), alimentado por un impuesto a ingenios, refinerías, comerciantes mayoristas y minoristas, destinado a ayudar ante los desastres agrícolas, la bonificación de sueldos y jornales, la experimentación agrícola e industrial y para nivelar las diferencias ecológicas derivadas de los rendimientos sacarinos.

El nuevo organismo desató un conflicto interregional entre los industriales tucumanos nucleados en el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) y las empresas de Salta y Jujuy representadas por el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA) que se opuso a las compensaciones del FRA por diferencias de rendimiento y las calificó un premio a la ineficiencia productiva. La política distributiva a nivel sectorial y regional del peronismo¹⁵ fue cuestionada durante la Revolución Libertadora que desplazó al peronismo del poder en 1955.

Políticas públicas, desestructuración productiva del modelo azucarero tucumano y efectos espaciales y sociales (1955-1970)

En 1955 con la Revolución Libertadora el FRA dejó de funcionar porque los industriales de Salta y Jujuy dejaron de aportar el impuesto e impugnaron la constitucionalidad del organismo. En consecuencia, la agroindustria tucumana dejó de percibir los fondos compensatorios y se agudizaron las tensiones interregionales. En lo sucesivo el precio de la caña de azúcar se rigió exclusivamente por el rendimiento sacarino, decisión que permitió a la industria salto-jujeña apropiarse de una renta diferencial importante debido a que por su emplazamiento lograba mayores índices sacarinos en el marco del mercado interno protegido. ¹⁶

La sobreproducción azucarera de 1959 profundizó las tensiones las intersectoriales en Tucumán. En el estadio agrario se liberó el precio de la materia prima dejándolo al arbitrio de un acuerdo de partes, se anuló el Laudo Alvear, el efecto inmediato fue dejar sin precio a la materia prima durante las zafras de 1960 y 1961. La situación afectó a 20.520 productores cañeros, de los cuales el 86 % eran propietarios de fincas de 0 a 10 hectáreas que representaban el 37,4 % de la superficie cultivada.¹⁷ La Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) declaró la huelga en 1961 que culminó con una masiva movilización hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán, denominada “marcha del hambre”.¹⁸ En esa oportunidad los cañeros consiguieron el pago del saldo de la zafra de 1959 y 1960, además de la financiación de la cosecha de 1961 con fondos del Banco Nación y el Banco Provincia.

En 1965 se repitió la situación de sobreproducción. En ese contexto, el CART informó que no podía afrontar “el pago de salarios, las obligaciones con los proveedores, los impuestos, aportes jubilatorios, las deudas bancarias” (La Gaceta, 05/08/1965). La declaración de quiebra abrió un escenario de colapso social: los trabajadores recurrieron a paros y a la toma de las instalaciones para forzar el pago de los salarios que llevaban 5 meses impagos en la mayoría de los ingenios, los plantadores iniciaron demandas judiciales a las empresas por las deudas acumuladas. La legislatura provincial votó la expropiación de las fábricas azucareras para mantener en funcionamiento las fuentes de trabajo, objetivo difícil de concretar por la descapitalización de las unidades fabriles.

El 28 de junio de 1966 el presidente Illia fue desplazado del gobierno por una dictadura militar que propinó a la agroindustria azucarera tucumana el golpe más contundente de su historia productiva al decretar la intervención de 7 ingenios con el objetivo de cerrarlos y desmantelarlos (Dto 16.926/66).¹⁹ Al año siguiente, una nueva normativa implementó cupos provisorios de producción e incentivó a sus titulares (industriales y cañeros) a venderlos a cambio de una compensación. Asimismo, resolvió la expropiación de cupos a los pequeños productores de hasta 3 has (a los que se les acordó una indemnización menor). La medida que expulsó de la actividad alrededor de 10.000 cañeros, sin ofrecerle una alternativa productiva viable (Dto 17.163/67).²⁰

Estas políticas -que revelaban un inusitado intervencionismo estatal- cuestionaban la eficiencia del modelo azucarero tucumano. Jorge Salimei, ministro de Economía de la nación, acusó por cadena nacional a los industriales azucareros tucumanos de funcionar a costa de la subvención estatal y de incumplimiento de sus obligaciones, conducta que había convertido a la provincia en un caos social. Al mismo tiempo, responsabilizaba a los productores, especialmente a los minifundistas, por los bajos rendimientos sacarinos.²¹ Con este preámbulo anunciaba la reestructuración del modelo azucarero tucumano con el argumento de sanear su economía.

El cierre de los 7 ingenios no se cumplió en su totalidad al restituirse los ingenios Bella Vista, La Florida y La Trinidad a sus propietarios. En el primer caso, la empresa anuló su cupo de producción de 8000 tn de caña para cancelar su deuda con el Banco Provincia. Por su parte, la Compañía Azucarera Tucumana (CAT) consiguió la reapertura de los ingenios La Florida y Trinidad a cambio de desmantelar las fábricas Lastenia y Nueva Baviera. Estas decisiones se oficializaron a través de convenios suscriptos entre la Secretaria de Industria y Comercio de la nación (SIyC), el gobierno de la provincia y las empresas propietarias. Con similar mecanismo cerraron los ingenios Los Ralos, Mercedes, San José, San Ramón, Amalia, Santa Lucía al entregar los dueños sus establecimientos y tierras para saldar deudas estatales.²² Con este procedimiento el gobierno nacional reunió 10.500 has, de las cuales 7.500 has provenían de los ingenios cerrados, mientras que 3000 has pertenecían a tierras fiscales.²³ Las propiedades quedaron yermas algunas se destinaron a la colonización, proyecto que se implementó parcialmente y precisa ser estudiado en profundidad. La única experiencia exitosa fue la cooperativa de trabajo integrada por trabajadores de surco en Campo Herrera que tuvo el asesoramiento del INTA y contó con la colaboración activa de la Secretaria de Promoción y Asistencia Social (SEPAC).²⁴

La zafra de 1967 irregular y deficitaria, no alcanzó a cumplir con el cupo provincial de 400.000 toneladas y su financiamiento se realizó con fondos de coparticipación que pertenecían a la provincia, adelantados por el Banco Central.²⁵ La situación del sector cañero era crítica. El cambio de política azucarera (sobre todo la eliminación del sistema de reparto del Laudo Alvear) determinó una caída más pronunciada del precio de la caña que cayó entre 1955 y 1969 un 30 % con relación al precio del azúcar, movimiento que revelaba un beneficio relativo del ingenio en relación al agricultor. (CANITROT Y SOMMER, 1972, p. 96).

Por otro lado, la política de asignación de cupos de producción generó la concentración productiva en el estadio agrario.²⁶ En 1969 129 productores de más de 100 hectáreas (cañeros e industriales), el 2 % del total, acapararon 217.750 ton (49 % de los cupos) que representaban 54.437,5 has, el 50 % del total de la superficie cultivada. En contraste, 3.191 propietarios de fundos de 0 a 10 hectáreas, le asignaron 60.190 ton de cupos (14 %), que representaban 15.047,5 has, el 14 % de la superficie cultivada (BILBAO, 1972, p. 13). Otro efecto de la distribución de cupos de producción fue la reducción de la superficie sembrada con caña que descendió de 228.100 has en 1960 a 140.600 has en 1970.

Entre 1966 y 1968 las consecuencias laborales del cierre de 11 ingenios dejaron un total de 8757 trabajadores desocupados (2865 obreros permanentes y 5892 transitorios). En 1967 la provincia de Tucumán alcanzó el índice de desempleo más alto del país, además debían computarse los despidos en los 17 ingenios en actividad realizados en el marco de políticas propicias para la patronal (CFI, 1973: 6) Las reacciones sociales se reflejaron en protestas obreras reprimidas de manera violenta.²⁷

En 1968 FOTIA estaba debilitada por la pérdida de personería, con sus fondos congelados, sin capacidad para contener y revertir la avalancha de despidos. Las presiones derivadas de tantos frentes gestaron conflictos internos que derivaron en la división de la dirigencia sindical y en la renuncia del Consejo Directivo de FOTIA (La Gaceta, 11/04/1968).²⁸ Otro golpe infligido a la Federación fue la formación, en octubre de ese año, de la Federación de Obreros de Surco de la Industria Azucarera y Agropecuaria de Tucumán (FOSIAAT), liderada por Norberto Campos, dirigente que recibió el respaldo del gobierno. En ese contexto, se formó el Comité Operación Tucumán cuya función primordial fue paliar la desocupación estimulando la obra pública con empleos transitorios (bajos salarios, sin derechos laborales).

En el contexto de declive del sindicalismo, durante 1969 y 1970 las acciones de resistencia fueron canalizadas por las comisiones pro-defensa de las fuentes de trabajo (CPD) creadas en 14 localidades del interior de la provincia que exigieron la apertura de las fábricas y la continuidad de las amenazadas con la clausura. La mayoría fueron dirigidas por párrocos e integradas por vecinos, comerciantes, cañeros y dirigentes sindicales de FOTIA. En 1969 la Comisión Pro-Defensa de Bella Vista, adquirió notoriedad al ser reconocida por la dictadura como interlocutora en representación de la comunidad afectada.²⁹ Logró el funcionamiento del ingenio durante las zafras 1969 y 1970, situación que implicó la cesión de un modesto cupo de producción para garantizar la molienda. Las CPD “comunalizaron” la protesta -expresión de Sigal- en tanto la defensa de la fuente de trabajo dejo de ser una demanda exclusivamente obrera para articular los reclamos de los habitantes de los pueblos (SIGAL, 1978, p. 399).

La renovación conciliar que dio origen al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) en 1968 otorgó protagonismo a los párrocos que integraron las comisiones. Su prédica iluminó el significado anti-social de las políticas azucareras y su participación en las CPD introdujo nuevas rutinas de protesta como la celebración de misas de campaña, procesiones, envío de cartas a Onganía, huelgas de hambre y movilizaciones de vecinos para reclamar por el cambio de las políticas azucareras. En ese mismo año, se formó en Tucumán la regional de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA) que reconoció a Raimundo Ongaro su secretario general. Esta organización adoptó una postura opositora a la dictadura y FOTIA tuvo un rol protagónico en su formación. Ongaro visitó varias veces la provincia y articuló las acciones del sindicalismo con el movimiento estudiantil que bregaba por el funcionamiento del comedor universitario.

Durante 1969 y 1970 los funcionarios de la dictadura estuvieron asediados por las demandas de los obreros desocupados, problema que adquirió centralidad en 1969 cuando el censo provincial de 1968 arrojó un total de 35.254 desocupados, de los cuales 20.547 habían tenido ocupación en el pasado³⁰ (La Gaceta, 6.7.69). Famaillá fue el distrito azucarero más afectado, allí la tasa de desempleo alcanzó el 21 %, la más alta de la provincia (Censo de población y vivienda, 1968, p. 2).

Las políticas de racionalización azucarera se asentaron en tres pilares: restricción de cupos de producción zonal a Tucumán, que se reflejaba en una cupificación por ingenio insuficiente, la eliminación del minifundio y la implementación del Operativo Tucumán para paliar la desocupación con empleos precarios. Respecto del primer punto, la drástica reducción del upo zonal obligó a los ingenios en funcionamiento a trabajar por debajo de su capacidad productiva, situación que ponía en peligro el mantenimiento del parque industrial. En 1956 la producción azucarera de la tucumana alcanzaba un 63,24 % del total nacional mientras que al Norte (Salta y Jujuy) le correspondía un 31,74 %; en 1968 la producción tucumana se redujo al 54,25 % del mercado interno, en tanto el Norte creció al 42,98 %.³¹ Estos porcentajes iluminan la intensidad de la crisis y descalabro del modelo azucarero tucumano. En el estadio agrario se prohibió a los productores minifundistas el mercado legal de la caña. No obstante, el resultado más pernicioso de esta política fue dejar miles de has de cañaverales sin explotar profundizando la desocupación en el personal surco.

Tales políticas públicas dejaron marcas espaciales en el área azucarera. El resultado más significativo fue la extendida migración hacia San Miguel de Tucumán y otras provincias. Entre 1960/70 Tucumán fue la única provincia argentina que experimentó una caída de la población, de 773.972 habitantes a 765.963, lo que significó un decrecimiento anual intercensal del 4,1 por mil (Instituto de Estudios Geográficos, 1997, p. 27). El área más castigada fue el departamento azucarero de Famaillá que redujo su densidad poblacional de 51.0 a 43.8. La pérdida de población contribuyó a la declinación de las comunidades rurales y a la disgregación de los núcleos familiares.³² La extendida emigración expresaba un desaliento generalizado que es necesario estudiar en detalle. El movimiento de la población no fue el resultado de un proceso de tecnificación y ni de mejoramiento de la actividad cañera. Por el contrario, reflejaba la descomposición de un modelo de producción que no podía contener a sectores sociales tradicionalmente vinculados a la actividad azucarera. Los técnicos del INTA señalaban que el núcleo laboral más afectado fueron las colonias de ingenio, creadas a fines de siglo XIX, cuyo declive era notorio en la etapa peronista que suprimió la figura del colono y trasladando el control de la producción a los ingenios (DOMÍNGUEZ Y HERVAS, 1970, p. 111-115).

A partir de 1966 se impuso la reestructuración del modelo azucarero tucumano sobre la base de una política centrada en el cierre de ingenios mediante convenios, restricción de cupos de producción (fabril y de producción) que creaba un horizonte de incertidumbre a los ingenios en actividad. En las fábricas en funcionamiento persistió la dependencia de materia prima de terceros porque las empresas entregaron sus tierras -que permanecieron sin explotar- para saldar las deudas con los bancos oficiales.³³ Su efecto más significativo fue el desmantelamiento de las colonias, que representaban un peso económico en función de la reducción del cupo de producción y de los potenciales planes de tecnificación. En consecuencia, el postulado de la diversificación productiva de la dictadura no se verificó en el área núcleo de la caña de azúcar porque los ingresos potenciales de posibles cultivos de reemplazo eran menores a los proporcionados por la caña (Domínguez y Hervás, 1970:75) Tales transformaciones dejaron una estela de desocupación, pérdida de derechos laborales, tierras baldías, comunidades azucareras declinantes económica y demográficamente, en un contexto de articulación sectorial de protestas que confluyeron en la configuración de un movimiento de anti-dictatorial cuyo objetivo principal era el cambio en la política azucarera.

Conclusiones

La protección arancelaria, el crecimiento del mercado interno y la expansión arancelaria, impulsadas por el Estado gestaron a fines de siglo XIX un modelo de producción azucarera expansivo en Tucumán que se estabilizó en 27 unidades fabriles a comienzos del siglo XX. La demanda del parque industrial elevó el precio de la caña y multiplicó el número de cañeros abastecedores. En ese contexto, los ingenios formaron las colonias, un tipo de organización del trabajo descentralizada, donde el colono cultivaba según las normas industriales pero autonomía respecto de la contratación y organización de la mano de obra.

En el territorio cercano a la fábrica se construyó una urbanización jerarquizada según la categoría laboral de los trabajadores. En el área de los cañaverales se emplazaron las barracas de las colonias conectadas con el ingenio por caminos y ramales ferroviarios secundarios. Entre 1920 y 1930 se implementaron servicios educativos elementales, sanitarios y religiosos, según el porte de los ingenios, también se configuraron espacios de sociabilidad discriminados según la categoría ocupacional de los trabajadores (club social, canchas de deportes, cine, etc). El orden en el interior de los espacios fabriles se rigió por la disciplina y controles impuestos por el administrador.

A la vera de las estaciones ferroviarias se conformaron pueblos azucareros que crecieron al influjo del movimiento comercial. Allí se emplazaron las instituciones estatales según la densidad de la población (comisarías, juez de paz, comisión de higiene, registro civil, estafetas postales, sucursales bancarias). Esa área se urbanizó según los cánones de un pueblo cívico, al disponer de plaza, mercado, iglesia, cementerio y estaba habitada por comerciantes, cañeros, profesionales y vecinos. Esta comunidad desarrolló pautas de sociabilidad, cuya arista más importante fue la actividad sindical durante el peronismo. A partir de la década de 1950 las diferencias sociales y espaciales que separaban a los trabajadores del ingenio y los pobladores de los pueblos tendieron a desdibujarse, los obreros comenzaron a utilizar su servicio comercial, pobladores de ambos espacios participaron en las actividades deportivas, las prácticas religiosas y recreativas.

La política azucarera configuró una dinámica social signada por las disputas intersectoriales cuya resolución gestó un patrón distributivo del ingreso azucarero. El primer antecedente importante fue el Laudo Alvear de 1927, vigente hasta 1958, que estableció una distribución paritaria del precio del azúcar. El peronismo incorporó a los trabajadores en la mesa de negociaciones a través del sindicalismo organizado y la implementación de las convenciones colectivas de trabajo que ampliaron el esquema distributivo. Creó la Dirección de Azúcar, organismo que permitió al Estado nacional avanzar en la racionalización de la actividad; al mismo tiempo, implementó el FRA para nivelar las descompensaciones regionales generadas por rendimientos disímiles en función de la localización de los ingenios. Este mecanismo permitió que afloraran con fuerza las demandas de la agroindustria salto-jujeña que disputó a la agroindustria tucumana una mayor participación del mercado interno protegido, con el argumento de la ineficiencia productiva del modelo productivo tucumano.

Durante las crisis de sobreproducción de 1958/59 y 1965/66 la política azucarera adoptó un enfoque diferente al fijar un rendimiento sacarino único para todo el país, decisión que generó una mayor transferencia de los beneficios azucareros al Norte (industria salto-jujeña) en función de la renta diferencial generada por el mayor rendimiento de los cañaverales, política que provocó la descapitalización de la agroindustria tucumana. En ese contexto, la dictadura de Onganía apeló al intervencionismo estatal para la reestructuración de la agroindustria tucumana invocando la búsqueda de eficiencia. Se decretó la intervención de ingenios para su clausura, la confiscación de cupos de pequeños productores, se concertó convenios de cierres de fábrica que implicaban la cesión de cupos de producción y de cañaverales al Estado para saldar las deudas con el estado nacional y provincial en un contexto de restricción inequitativa de la producción azucarera.

Los resultados de dichas políticas generaron el cierre de 11 establecimientos azucareros, la caída de la producción tucumana constreñida por la distribución de cupos zonales, decisiones que generaron una concentración fabril y productiva desordenada. Los efectos de dichas políticas modificaron drásticamente el paisaje social del área azucarera. Los pueblos azucareros de ingenios cerrados declinaron, se degradaron las condiciones de vida debido al cierre de hospitales, la suspensión de los servicios de agua potable y luz que eran solventados por las empresas. Las fábricas en actividad, que trabajaban por debajo de su capacidad productiva, recurrieron a despidos y al desmantelamiento de las colonias, cuyos cañaverales se abandonaron por falta de cupos de producción. Los plantadores se arruinaron en virtud de la política azucarera que les trasladó los costos de la crisis al fijar bajos precios a la caña de azúcar que no guardaban relación con el declinante precio promedio del azúcar, mientras que los minifundistas fueron expulsados del mercado legal de la materia prima. La falta de fuentes de trabajo alternativas promovió una extendida migración que desestructuró las comunidades agrarias y los pueblos del área azucarera.

En 1967 las protestas obreras organizadas por la FOTIA no pudieron revertir tales políticas. El sindicalismo menguó su capacidad de confrontación por el retiro de su personería, la reducción abrupta del número de afiliados, las diferencias entre su dirigencia y la escisión de su base social con la formación de FOSIAAT. En ese contexto, se formaron las CPD que comunalizaron la protesta al articular a diferentes sectores sociales (cañeros, comerciantes, vecinos, empleados) y al centrar su lucha en la defensa de las fuentes de trabajo. El MSTM y la CGTA potenciaron la acción colectiva de los pueblos afectados, lograron revertir la suerte de algunos ingenios cuyo cierre estaba decidido por decreto y reformular nuevas políticas azucareras menos agresivas para el parque agroindustrial tucumano.

Imagen 2:
Ingenios cerrados y en funcionamiento de la provincia de Tucumán

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Notas