El video que muestra la tensa relación entre el Ejército y los campesinos del Guaviare

-¿Quién es el que viene con la manifestación, disculpen?, preguntó un militar mientras un grupo de hombres, mujeres y niños en uniforme de colegio se acercaba a él. -Todos, gritaron varias voces en coro. El grupo de manifestantes llevaba consigo pancartas de cartulina: “no más persecución a las comunidades campesinas”, se leía en una de ellas. Sucedió el 10 de noviembre de este año. Los habitantes de Puerto Cachicamo, en zona rural de San José del Guaviare (Guaviare), marcharon hasta el lugar donde se asentaba el Ejército para protestar. Para ellos, los uniformados son la única figura de la institucionalidad en un territorio que está a ocho horas del casco urbano. “No queremos más grupos armados, legales o ilegales, en el territorio”, era su reclamo principal. -¿Dónde está Fermín Oviedo?, gritó el uniformado al detener el andar de los manifestantes. -Aquí, a la orden, se escuchó al fondo. -Venga, salúdeme. Se quitó el fusil del hombro y se lo entregó a un compañero. -No se presten para esta payasada (...) váyanse por el camino del bien, devuélvanse. Vaya, Fermín, hágale el amor a su esposa.

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| En el vídeo se muestra cómo la comunidad de Puerto Cachicamo organizaron una marcha pacífica para protestar contra la judicialización de campesinos.

Fermín Oviedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Cachicamo, es uno de los voceros de la protesta que se ve en el video. Las imágenes se propagaron rápidamente en las redes sociales, así como la indignación de la gente de la región ante la displicencia del militar. Un desencuentro que tiene raíces tan históricas como complejas. Puerto Cachicamo es una de las veredas del Meta y Guaviare ubicada en los márgenes del Río Guayabero, una zona donde se sabe que operan las disidencias de las Farc lideradas por Gentil Duarte, según la Fundación Ideas para la Paz. El Ejército, a través de la Fuerza de Tarea Omega, hace presencia en el lugar para contrarrestar las acciones de estos grupos. Varias organizaciones comunitarias han denunciado violaciones a la población por parte de la fuerza pública y ese es su argumento para pedir que salgan del territorio. Oviedo asegura que los miembros del Ejército han ocupado bienes civiles, que han capturado injustamente a líderes y han asesinado a campesinos cerca de sus unidades móviles.

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A las orillas del río Guayabero operan disidencias de las Farc, por eso el Ejército está en la zona. © CORTESÍA LÍDERES DEL GUAYABERO

El comandante de la Omega, general Eduardo Zapateiro, ha negado públicamente estas acusaciones. Después de una entrevista que dio en La W, en la que también participó Fermín Oviedo, le dijo a SEMANA RURAL que recibió la orden de no volver a pronunciarse sobre el tema. Sobre el video, solo respondió que el oficial implicado fue retirado del cargo. Para el personero municipal, Andrés Pacheco, estos conflictos son consecuencia del vacío de poder que quedó en esta zona tras la desmovilización de las Farc: “La autoridad antes era la guerrilla y luego del proceso de paz queda ese vacío; en San José por ejemplo hay un solo inspector de Policía y le queda muy difícil hacer presencia en un territorio tan grande”. Precisamente en esa disputa de poder no queda claro hasta dónde llega la influencia de los grupos ilegales. Pacheco asegura que las manifestaciones de Puerto Cachicamo “son producto de las presiones que ejercen las disidencias sobre los campesinos para que el Ejército salga de ahí”.

Para organizar la marcha, los campesinos y sus familias se reunieron en el colegio de Puerto Cachicamo para escribir las pancartas y empezar la protesta. © CORTESÍA LÍDERES DEL GUAYABERO

Deforestación y coca, las otras demandas

Los reclamos que alimentan las movilizaciones en Cachicamo van más allá de la seguridad y pasan inevitablemente por lo ambiental. Las comunidades del Río Guayabero se mueven en tres parques nacionales: Tinigua, Picachos y La Macarena. Este es uno de los puntos donde más ha crecido la deforestación en el país, según Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales: “Hay mucha ganadería (casi 50.000 hectáreas), gente que vive fuera del parque y tiene su ganado dentro. No hay control pues no sabemos de quién es el ganado o si es ilegal”. Oviedo reconoce que las comunidades talan la selva para poder cultivar sus alimentos y meter ganado. Sabe que está mal, pero le preocupan los operativos contra la deforestación porque no hay una alternativa que reemplace esta práctica: “¿Cómo así que no podemos tumbar un árbol para el sustento de nuestras familias? ¿Y entonces dónde está la ayuda del Estado, la maquinaria agrícola, los préstamos, la asistencia técnica?”.

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Otro motivo de discordia entre las comunidades y el Ejército es la oposición de los campesinos a continuar participando en el programa de sustitución de coca o PNIS. Según cuenta Oviedo, y como SEMANA RURAL ha comprobado en varias regiones del país, a muchos no les han cumplido con los pagos ni con los proyectos productivos que prometía el programa: “Esa era la alternativa que nos brindaba algo de confianza. Algunos campesinos ya no tienen coca pero tampoco cultivos; otras comunidades ya están sembrando coca nuevamente”. El hecho es que tampoco hay incentivos para cultivar yuca o plátano, pues el solo trámite de sacar los cultivos hasta el casco urbano implica un largo camino en una trocha que, como resume el Personero, “no les deja sino pérdidas”.

El dilema de los campesinos que viven o tienen actividades económicas en zonas protegidas también es una situación que alimenta la tensión entre la comunidad y el Ejército. © CORTESÍA LÍDERES DEL GUAYABERO

Soluciones nacionales Después de la manifestación que se conoció en el video, más de 2.000 campesinos se reunieron con el Alcalde de San José del Guaviare y otros funcionarios locales, que llegaron en helicóptero hasta Cachicamo para discutir con calma sus peticiones. Fueron pocos los avances, y la única conclusión a la que llegaron, una bastante obvia para todas las partes, es que se necesita la intervención del gobierno nacional: “Debe haber presencia del Estado pero del nivel nacional porque en las entidades territoriales los recursos son muy limitados para invertir de la manera que se requiere en este sector”, explica el Personero. Ahora la expectativa de las comunidades y del gobierno local está en el famoso taller Construyendo País del Presidente Duque, quien llegará con sus ministros a San José del Guaviare el próximo 15 de diciembre. Además de exponer sus necesidades, las comunidades también buscarán que el gobierno reconozca la recién creada Guardia Campesina, una alternativa que proponen para garantizar la seguridad en la zona sin necesidad del uso de armas. “Así como la guardia indígena tiene autonomía y control social sobre el territorio, estamos proponiendo el reconocimiento jurídico de la guardia campesina”, explica Oviedo. Las labores de sus miembros irían desde proteger el medio ambiente hasta liderar actividades cívicas y defender los derechos de los habitantes.

Las seis comunidades que conforman este territorio escogieron 20 representantes ante con el Gobierno central, donde esperaban tener esos preciados tres minutos de intervención.

Sin embargo, tres días antes del Taller, la Alcaldía de San José del Guaviare sacó un decreto que restringe "las marchas, manifestaciones o concentración de personas en el casco urbano", lo que afecta directamente la participación de los líderes rurales.

Para el Personero "esto es a todas luces inconstitucional" y cuenta que, al preguntarle al Alcalde encargado por el tema, le dijo que la medida fue sugerida por el Ministerio Público departamental en un consejo de seguridad. Sin embargo, el Personero de Guaviare, Isaac Vargas, le aseguró a SEMANA RURAL que "no sabía de ese decreto. Además eso sería coadministrar porque esa es una función de los gobernantes".

Como respuesta, los líderes del Guaviare y Sur del Meta publicaron una carta abierta al presidente Duque en la que reiteran que se movilizarán pacíficamente hasta el lugar del encuentro: "Esperamos usted como mandatario de la nación y defensor de la constitución (...) nos garantice un trato digno, respeto por nuestros derechos y disposición al dialogo y concertación". Varias horas después de que se conociera la carta, la Alcaldía modificó el decreto y eliminó la restricción sobre las marchas.

El sábado 15, las comunidades del río Guayabero finalmente lograron presentar sus reclamos ante figuras de autoridad diferentes a uniformados con fusil al hombro.

*Nota: Este artículo fue publicado originalmente el 12 de diciembre y actualizado el 14 de diciembre tras conocer el Decreto 279 de la Alcalía de San José del Guaviare.

POR: Marcela Madrid | Editora ‘Desde el Territorio’ @marcemv91