Proyectos en disputa, divisiones sindicales y conflictividad local (1963-1966)

Ignacio Sánchez^[1]

Introducción

En los últimos meses de la dictadura del general Aramburu, se definió por decreto la transferencia de uno de los mayores establecimientos azucareros de Tucumán al gobierno provincial. Desde 1930 el complejo del ingenio Santa Ana, conformado por extensas propiedades, estuvo administrado por el Banco Nación, que no consiguió realizar una explotación redituable a pesar de intentar diversas modalidades de gestión y planes de mejoramiento. Al asumir la gobernación en mayo de 1958, el representante de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) Celestino Gelsi se comprometió a dar continuidad a su funcionamiento y formó para ello una empresa provincial. No obstante, las recurrentes dificultades financieras profundizadas por el contexto de sobreproducción decidieron al gobernador a promover su venta a privados. A comienzos de 1963, el interventor provincial Alberto Gordillo Gómez, evaluando que los gastos demandados por el ingenio recargaban excesivamente el presupuesto provincial, decretó su cierre.

En contra de la clausura de la fábrica, los trabajadores decidieron tomar las instalaciones. Sin acceder al reclamo de dar continuidad a la molienda ese año, el interventor impuso como solución un programa de reformas que contemplaban su nueva puesta en actividad. En primera instancia, parceló las tierras productivas del ingenio para su adjudicación y, días antes de finalizar su gestión, conformó una sociedad anónima para explotar la fábrica cuyos accionistas fueron sus trabajadores, empleados y cañeros, reservándose el Estado provincial el predominio en la firma como socio mayoritario. Tanto en lo relativo a la asignación de parcelas, como a la formación de la nueva sociedad mixta, se convocó a un sector limitado de los trabajadores, decisión que profundizó las disputas entre dirigentes sindicales locales. Quienes eran afines a la conducción de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) reclamaron por la ocupación del total de extrabajadores, así como la derogación del parcelamiento. Mientras que la oposición defendió los decretos de Gordillo Gómez. Los enfrentamientos en la localidad impidieron arribar a un consenso necesario para el buen desempeño del ingenio, que finalmente fue intervenido y clausurado en agosto de 1966 por el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía.

El trabajo postula que las divisiones sindicales fueron azuzadas por los proyectos decretados por la intervención, al punto de generar la confrontación entre sectores de la localidad e imposibilitaron la formulación de acuerdos contra la debacle del ingenio. La perspectiva local adoptada permite reconocer las posiciones de los dirigentes sindicales que cumplieron el rol de mediadores, con capacidad de influir en el ámbito provincial.^[2] Se reconstruye la trayectoria de estos agentes, las tramas tejidas con las entidades gremiales locales, provinciales y nacionales y los vínculos entablados con el gobierno provincial y nacional.

Abordar el estudio del ingenio Santa Ana desde un enfoque local permite analizar las divisiones al interior del sindicalismo azucarero invisibilizadas desde una mirada totalizadora, ya que las disputas convirtieron a la localidad en un campo de batalla entre las distintas facciones sindicales.^[3] Se trata de indagar un período insuficientemente explorado, crucial para comprender la crisis azucarera tucumana de la década de 1960, la gestión provincial de los ingenios y los proyectos frente a la crítica situación social generada por la amenaza del cierre de unidades fabriles.

La administración provincial del ingenio Santa Ana en crisis y las resoluciones del interventor: cese de la molienda y parcelamiento de tierras

Al momento de hacerse cargo de la gestión del ingenio Santa Ana, el gobierno de Tucumán contaba con otros tres establecimientos azucareros bajo su órbita, pero la escala de este último era muy superior y la perspectiva de realizar una explotación rentable era incierta.^[4] Con el objetivo de regularizar su funcionamiento el gobierno de Celestino Gelsi creó la razón social Ingenio Santa Ana E.P.T (Empresa Provincial de Tucumán).^[5] Frente a los cuestionamientos legislativos por la recurrencia de créditos solicitados por la firma y su situación deficitaria, se creó una comisión de la Cámara de Diputados que relevó las instalaciones y la población afectada por su funcionamiento.^[6] El estudio determinó que el área de influencia del ingenio Santa Ana incluía a quienes se radicaban en torno de la fábrica y en las 17 colonias, y se extendía a núcleos de población próximos, como Villa Clodomiro Hileret, Villa Vieja y Los Lunas, área de comerciantes, y de pequeños y medianos productores.^[7] En total fueron censados 12.123 habitantes, la mayoría de los cuales habitaban en viviendas precarias.^[8]

La evaluación técnica señaló como principal problema el abastecimiento energético, que imposibilitaba la correcta utilización de los trapiches y afectaba la productividad del complejo. A pesar del diagnóstico, la mayor dificultad no radicó en sus bajos rendimientos fabriles, sino en la imposibilidad de comercializar el azúcar elaborado en el contexto de la sobreproducción de 1958 y 1959, situación que definió la descapitalización de la empresa y su necesidad de asistencia financiera por parte del gobierno provincial.^[9] Ante las dificultades de funcionamiento, la legislatura aprobó a finales de 1961 la propuesta de enajenación del establecimiento presentada por el gobernador, pero la venta no se concretó por falta de interesados en las licitaciones.^[10] A comienzos de 1962, los conflictos arreciaban en el establecimiento, tanto con los proveedores de materia prima que reclamaban lo adeudado, como con los trabajadores que ocuparon las instalaciones para exigir el pago de salarios.^[11] La situación se descomprimió con fondos nacionales que permitieron regularizar las deudas e iniciar la molienda.^[12]

Al finalizar la zafra de 1962, se reactualizaron los problemas económicos. El interventor de la provincia Alberto Gordillo Gómez, designado por el presidente provisional José María Guido, removió al consejo de la administración del ingenio en razón de la “desorganización imperante” en su dirección y designó nuevas autoridades.^[13] En diciembre los trabajadores comenzaron una huelga de “brazos caídos” por el atraso de jornales.^[14] En ese removido contexto, el gobierno decretó como prioridad adoptar una solución definitiva para Santa Ana y se dio a conocer de modo extraoficial la intención de cerrar la fábrica y parcelar sus tierras.^[15]

A comienzos de 1963, el interventor presentó el informe gubernamental sobre la situación del ingenio, en función del cual denunció que el último ejercicio de Santa Ana E.P.T. databa de abril de 1961 y que, a partir de esa fecha, el desorden contable había imposibilitado la presentación de balances.^[16] No obstante, para dar fundamento a su decisión de clausurar la fábrica, enunció estimaciones de las deudas. La Federación Económica de Tucumán (FET), que nucleaba a los empresarios, respaldó el informe y la decisión, en tanto la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) cuestionó la difusión de “cifras antojadizas con el fin de confundir a la opinión pública”.^[17] Argumentó que los datos estaban incompletos, por no mencionar la producción obtenida en los ejercicios, ni las formas de comercialización. Las principales críticas las emitió FOTIA y su seccional de Santa Ana, que cuestionaron la parcialidad de los datos y, aunque reconocían los déficits abultados, defendieron la necesidad de una nueva zafra.^[18] Para fortalecer esa demanda, los representantes del sindicato local propusieron realizar una marcha de trabajadores azucareros hacia la ciudad, tema a ser definido en el plenario de FOTIA.^[19] En ese marco de movilización, Gordillo Gómez decretó el 15 de febrero la disolución y liquidación del ingenio Santa Ana E.P.T.

En paralelo al cierre del ingenio, el interventor propuso el fraccionamiento de sus tierras para la adjudicación de parcelas, otorgando prioridad al personal obrero. Advirtió que esta medida se definiría en los meses siguientes con el asesoramiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) encargado de estudiar los aspectos económicos, organizativos y sociales para la transformación del complejo agroindustrial. Por pedido del CFI, los directores del instituto José Enrique Miguens y asociados iniciaron la investigación a principios de 1963. Sus informes de avances constituyen una fuente clave para conocer el heterogéneo universo laboral afectado por la clausura del establecimiento, tema debatido intensamente en años posteriores.^[20] De acuerdo a la cantidad de recibos de sueldo o jornal, los trabajadores eran 1.653 y ascendían a 2.274 en épocas de zafra. Entre estos, 767 se empleaban en las instalaciones de la fábrica (número que incluía tanto a obreros jornalizados y mensualizados, como a empleados administrativos de carácter permanente), los cuales alcanzaban a ser 1.088 trabajadores durante la zafra. Mientras que en las colonias los peones u obristas registrados eran 886 y otros 300 trabajadores temporarios que vivían fuera de los límites del ingenio. En consecuencia, los trabajadores de fábrica (incluidos los incorporados en zafra) representaban el 48 % y el personal de surco el 52 %, la relación porcentual contrasta al común de los ingenios con cañaverales propios en que los trabajadores agrarios solían duplicar a los fabriles.

El estudio incorporó apreciaciones peyorativas de la población enmarcadas en conceptos modernizadores al afirmar: “solo hay rudimentos embrionarios de vida en sociedad, dado que toda la tierra es propiedad del ingenio”, o al considerar que había únicamente “instituciones desproporcionadamente grandes constituidas por el mismo ingenio con carácter paternalista”.^[21] El análisis de los comportamientos sociales locales estaba imbuido de una perspectiva que caracterizaba a los trabajadores como elemento pasivo, funcional al concepto de “paternalismo” en auge en las ciencias sociales. Dichas interpretaciones se contradicen con el agitado movimiento social desatado por el intento de clausurar la fábrica. Aun cuando estos no consiguieron articular una posición unificada y estuvieron signados por la división en el interior del sindicato local. Fractura que se gestó en torno a la figura de Carlos Balbino Martinez, quien adquirió relevancia como dirigente sindical luego del golpe militar de 1955.

Conflictividad sindical en la filial Santa Ana. La disidencia de Carlos Balbino Martínez previa a la clausura de la fábrica (1957-1963)

La normalización de FOTIA en julio de 1957 elevó a la dirección a Carlos Balbino Martínez, perteneciente al sindicato del ingenio Santa Ana.^[22] Su elección se definió con representación de 37 de los 56 sindicatos de fábrica y surco reunidos en el Congreso de Delegados. La regularización de las comisiones directivas estuvo tutelada por el interventor saliente, situación que permitió el retorno de dirigentes sindicales expulsados de los gremios por su participación en la huelga azucarera de 1949, entre los que se contaba el propio Martínez. Su ascenso al poder sin una oposición relevante fue posible por la persecución y el aislamiento de sindicalistas asociados a la resistencia peronista.^[23] Como secretario general, logró firmar en las dilatadas negociaciones paritarias de 1958 un convenio que unificó el porcentaje de aumento salarial para obreros de fábrica y trabajadores agrarios.^[24] En los años posteriores, la dirigencia de FOTIA debió batallar para que los gremios cañeros reconocieran los aumentos acordados en paritarias, pero sus éxitos fueron parciales, y esa limitación abonó las persistentes disidencias entre trabajadores de fábrica y surco (Bravo, 2015).

En contraste con las precedentes, las elecciones sindicales de 1959 fueron disputadas por dirigentes peronistas y contaron con una masiva concurrencia. Las listas azules que representaban la continuidad de la conducción de Balbino Martínez se vieron desafiadas por las listas blancas que promovían a Benito Romano como candidato a secretario general de la federación. Romano había sido removido por la intervención sindical de 1955 y debió exiliarse por tomar parte en la resistencia contra el gobierno de facto de Aramburu. Su retorno encarnaba una vertiente del sindicalismo peronista con aspiración de representar las bases azucareras y dispuesta a confrontar con el gobierno radical, desarrollando una línea de trabajo afín al peronismo proscripto. Su trayectoria era opuesta al perfil dialoguista de Martínez vinculado a sectores que apoyaron el gobierno de Gelsi (en particular a Carlos Américo Cabrera, trabajador del Santa Ana elegido diputado del departamento Río Chico por el partido Unión Popular) (Lichtmajer, 2020a).

En el Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del Ingenio Santa Ana, la lista azul fue encabezada por Martínez, quien ponderaba como discurso de campaña la defensa de los intereses de los trabajadores del surco, mensaje especialmente receptivo en las 17 colonias del establecimiento.^[25] Previo a los comicios, la lista azul denunció que la ubicación de urnas únicamente en la fábrica y en el sindicato obstaculizaban la participación de los obreros de surco que cumplían su jornada laboral en lugares distantes.^[26] El reclamo no prosperó, y Martínez fue derrotado por la lista blanca, presidida por Juan A. Núñez, que expresaba la preeminencia de los trabajadores de fábrica.^[27] Ese resultado estuvo en consonancia con la mayoría de los sindicatos de base, lo que habilitó el recambio en la conducción de FOTIA.

La nueva comisión directiva, presidida por Benito Romano, realizó una prolongada huelga a fines de julio y agosto de 1959 que extendió su alcance a todas las regiones azucareras del país y consiguió cerrar las negociaciones paritarias con un significativo aumento salarial del 70 % (Gutiérrez y Parolo, 2017: 163-164). Su gestión debió revertir el estado deficitario en que se encontraban las cajas gremiales, lo que determinó la decisión de aumentar la cuota sindical y establecer aportes extraordinarios. Esas resoluciones, impopulares entre los afiliados, se justificaron dando a conocer las irregularidades financieras de la gestión precedente. Con tales argumentos, se sancionó al exsecretario general Carlos B. Martínez.^[28] Como respuesta, el imputado llevó adelante una campaña de difamación del nuevo secretariado, al que denunció por fraude electoral, e inició gestiones para conformar una central azucarera paralela, sin que la iniciativa prosperara.

La representatividad de Martínez entre los trabajadores de Santa Ana se evidenció en las siguientes elecciones sindicales de abril de 1961. En principio, la Junta electoral impugnó la lista azul del sindicato local por llevar como representante al Congreso de Delegados y candidato a secretario general de FOTIA al sancionado Carlos B. Martínez.^[29] Su pedido de amnistía respaldado con la firma de los trabajadores no obtuvo respuesta favorable.^[30] En la campaña, la lista blanca que propiciaba la reelección de Núñez en la filial remarcó los beneficios obtenidos durante su gestión y responsabilizó a Martínez por la situación crítica de la fábrica.^[31] Los comicios estuvieron particularmente disputados, lo que justificó la novedad de disponer urnas en las colonias. Se presentaron en la contienda cuatro listas, incluida la finalmente aceptada lista azul que triunfó en ese escenario electoral fragmentado, con el apoyo mayoritario de los trabajadores de surco.^[32] De los 1.040 electores que sufragaron en las colonias el 47 % eligió la lista azul y entre los 422 que lo hicieron en el cuadro del ingenio (fábrica, talleres y sindicato) lo apoyó el 49 %, representado en su mayoría por personal de los talleres.

La nueva comisión directiva del sindicato de Santa Ana, presidida por Martín Coronel, confrontó durante el primer año de su gestión con el secretariado de FOTIA, ya que en esa instancia se logró imponer la continuidad de la lista blanca, presidida por Juan Pasayo del ingenio Los Ralos. Su elección fue impugnada por las listas disidentes en el congreso de delegados, especialmente por los sindicatos del surco, referenciados en Manuel Faciano del sindicato Los Molles, pero también por los delegados de los ingenios Santa Ana, Aguilares, San Ramón, Cruz Alta y San Juan. En la filial de Santa Ana, las disidencias gremiales se enfervorizaron al renunciar el delegado electo para dejar en su lugar a Martínez. Ante el hecho, las listas opositoras solicitaron a FOTIA la intervención del sindicato. Para impedir la medida, la dirigencia local anunció que Martínez no había aceptado el cargo y se mantendría como asesor, aunque al mismo tiempo aclaró que se le habían levantado las sanciones, reafirmando con esa declaración su perfil opositor.^[33]

La disidencia del sindicato de Santa Ana a la dirigencia fotiana se proyectó en la filial con la expulsión de sindicalistas y la exacerbación de la división entre trabajadores de fábrica y surco, tal como se manifestó a comienzos de 1962 ante el atraso del pago de salarios. La protesta por la regularización del cobro fue encabezada por los trabajadores de fábrica, quienes, en una asamblea sin representatividad gremial, decidieron la ocupación del establecimiento.^[34] La medida fue levantada por la presión de los trabajadores de las colonias, que aceptaron luego de dos días las promesas del gobierno. No obstante, para dar continuidad al reclamo, una delegación de trabajadores de fábrica, con el mandato de las seccionales, pero sin apoyo de la dirección sindical, presentó sus demandas en la casa de gobierno al mandatario Celestino Gelsi.^[35] Además, la delegación obrera denunció en la central de FOTIA la expulsión arbitraria de afiliados de la seccional efectuada sin respetar el estatuto y con cargos calumniosos. En réplica, la comisión directiva del sindicato de Santa Ana también se trasladó a la Capital junto a un numeroso grupo de afiliados para entrevistarse con el gobernador, quien les declaró su voluntad de resolver a la brevedad los salarios impagos.^[36] Luego se dirigieron al local de FOTIA, declararon contra la actividad disidentes, pero con ánimo de sobreponerse a los conflictos previos, los dirigentes se mostraron dispuestos a acercar posiciones con la conducción de la federación para actuar de manera conjunta frente a las pésimas condiciones económicas del ingenio y su presunta enajenación.

La situación financiera se distendió momentáneamente con los créditos extraordinarios que permitieron a la empresa regularizar el pago de salarios y acondicionar la fábrica para iniciar la zafra de 1962.^[37] Pero las previsiones para la próxima zafra no eran alentadoras, en vista de lo cual el secretariado de FOTIA decidió involucrarse en la problemática y designó a dos de sus directivos, Mario A. Leito y Bernardo S. Villalba, para intervenir en el territorio. Estos coordinaron con los directivos del sindicato local (a pesar de la disidencia) e intentaron conciliar criterios y generar acuerdos entre trabajadores de fábrica y surco. Con ese fin, se conformó una comisión con representantes de las seccionales de fábrica, de las colonias, dirigentes del sindicato local y miembros de la federación encargada de realizar las gestiones referentes al ingenio.^[38] De ese modo, la dirección de FOTIA se introducía en un espacio en que no contaba con un apoyo mayoritario, pretendiendo unificar posiciones para impedir el colapso del establecimiento.

La comisión se entrevistó con la administración del ingenio y solicitó un informe financiero. En la reunión recibió el anuncio de que la empresa se encontraba imposibilitada de abonar los próximos haberes.^[39] Ante esa novedad y la presunta intención de clausurar la fábrica, la federación definió la adopción de una línea de acción confrontativa con el gobierno, posición que reabrió las disidencias en el sindicato local en el corto plazo y no recibió el respaldo suficiente entre los trabajadores de la filial.

Resistencia al cierre del ingenio y continuidad de las divisiones sindicales

El anuncio de liquidación de Santa Ana E.P.T. en febrero de 1963 fue cuestionado y rechazado por FOTIA.^[40] Sus autoridades encabezaron una numerosa asamblea en el local del sindicato de Santa Ana, en la cual tomaron la palabra dirigentes de otros ingenios que brindaron su solidaridad para enfrentar la disposición gubernamental.^[41] Al día siguiente el ingenio fue ocupado por sus trabajadores, que organizaron una comisión intersectorial (obreros y empleados) para dirigir la toma.^[42] Se cerraron los accesos a la tesorería y se entregó la llave en carácter de depositario al cura Fernando Fernández. El párroco ofreció una misa por la pronta revisión de la medida, y las entidades católicas del pueblo cursaron un mensaje al arzobispo para pedir su intercesión. La ocupación de la fábrica expresaba la opción de confrontación directa con las autoridades provinciales, pero se adoptaron resguardos para revestirla de la mayor legitimidad posible. El respaldo brindado por el sacerdote perseguía dicho propósito, al asociar la demanda con el interés común de Santa Ana, más allá de los distintos posicionamientos políticos o sindicales. Además, su solidaridad podía desalentar la amenaza represiva.

Desde el día del anuncio del cierre, la comisaría reforzó su dotación policial y, en el momento de la toma, se presentaron el subjefe de policía y el director de seguridad con una formación de infantería para disuadir a los trabajadores de la medida de fuerza. El juez de instrucción los emplazó al desalojo y, ante la mediación de FOTIA, se extendió el plazo por 24 horas. Los apoyos sumados por el sindicato fueron fundamentales para disipar la acción represiva y fortalecer el reclamo. El plenario de la federación declaró la movilización general de los gremios y el paro de una hora en los ingenios en solidaridad a la toma. El secretario general de la CGT, José Alonso, expresó su aval al reclamo de los trabajadores de Santa Ana, y Mario A. Leito, que integraba la conducción de la central obrera, participó en la ocupación del ingenio, también respaldada por estudiantes y asociaciones diversas.^[43]

El 24 de febrero de 1963, la policía sitió el casco fabril para aislar las viviendas del ingenio, y las familias se la debieron ingeniar para hacer llegar la comida a los trabajadores que sostenían la toma. Se sumaron también otras modalidades de protesta en la población que procuraba por medios pacíficos dar cuenta de la urgencia del reclamo. En el hospital algunos trabajadores realizaron una huelga de hambre que contó con la asistencia de un médico.^[44] A pesar de la masividad de la protesta y las significativas adhesiones conseguidas, los trabajadores acordaron entregar las instalaciones compelidos por la orden judicial de desalojo y el amenazante bloqueo policial. También se justificó el cese de la toma en el compromiso de diálogo del cura párroco con el juez de instrucción. Sin embargo, el interventor aclaró que los puntos acordados habían sido a título personal, en cuanto no participó ningún representante del gobierno.^[45] Se aclaró que el ministro de gobierno recibió al cura en su carácter de sacerdote, quien, por su parte, informó sobre los motivos de su mediación:

…cumplía con el dictado de mi sacerdocio, de mantener la paz y evitar toda violencia que hubiera importado graves consecuencia para el sector de los trabajadores y sus familias […] las conversaciones con empleados y obreros del establecimiento hacen a la misión que invisto y es la esencia y obligación de todo sacerdote.^[46]

Las ideas de renovación conciliar comenzaban a circular en los ámbitos eclesiásticos, y Fernando Fernández no sería ajeno a ellas (Santos Lepera y Sánchez, 2019). Sin embargo, como él mismo explicó, en esa ocasión fueron los trabajadores quienes lo colocaron como interlocutor en la negociación, en razón de tradicionales mandatos asignados a los párrocos por la Iglesia católica.

Además de la CGT, los sindicatos azucareros se opusieron al decreto de liquidación. FEIA cuestionó la facultad de la provincia para vender el ingenio, argumentando que la compra se había realizado con el compromiso de formar una cooperativa mixta para su explotación.^[47] El consejo directivo de Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) rechazó la resolución gubernamental y reiteró su exigencia de que todos los ingenios debían funcionar.^[48] Responsabilizó al Estado por el desorden administrativo de la empresa y exigió prioridad para saldar la deuda con los cañeros acreedores.

Sin tener en cuenta las críticas generalizadas, el interventor anunció el plan de colonización de las tierras del ingenio próximo a ejecutarse. Su programa de parcelamiento implicaba la licitación de 226 lotes que abarcaban una superficie de 7.000 ha de terrenos ubicados en las colonias. Se abrió un concurso público de antecedentes para la adjudicación de parcelas; la prioridad se asignaba en este orden: primero a los obreros y empleados del ingenio; luego a los arrendatarios y aparceros; los técnicos de la universidad o de escuelas con especialidad agropecuaria; los hijos de trabajadores de la empresa; por último, se contemplaba la inscripción de agricultores de la provincia.^[49] En lo concerniente al estadio fabril, Gordillo Gómez se declaró a favor de la conformación de una sociedad mixta con la participación de obreros, empleados y cañeros como accionistas.

La filial de empleados de Santa Ana apoyó ambos proyectos gubernamentales y declaró que 76 de los trabajadores se encontraban dispuestos a adquirir parcelas. En tanto FOTIA cuestionó el plan de colonización al considerar que la fragmentación de la tierra desmembraba el complejo agroindustrial. Propuso la formación de cooperativas integrada por obreros y empleados para la explotación de tierras, solución considerada insuficiente al involucrar solo un cuarto del personal de las colonias. En oposición a la sociedad mixta, reivindicó el derecho de los trabajadores a la posesión de la planta industrial dada la finalidad social de la empresa. En la misma sintonía, la filial de Santa Ana se pronunció contra el decreto de colonización publicado el 17 de abril de 1963.

Las declaraciones se emitían en un clima de tensión en la localidad ante el anuncio de nuevas cesantías y el refuerzo de efectivos policiales en la comisaría de la villa. La relación de colaboración de los sindicalistas locales con FOTIA se rompió cuando Carlos Balbino Martínez inició de manera individual negociaciones con el gobierno nacional. Para dar sustento a su iniciativa que quebraba la orgánica práctica sindical, recurrió a los avales y consiguió reunir 938 firmas entre trabajadores de fábrica y surco. La maniobra encendió nuevamente el larvado conflicto. Una asamblea de obreros de fábrica decidió la expulsión de los miembros de la dirección que fueron sorprendidos en esa campaña de firmas.^[50] En respuesta, los sindicalistas removidos por la asamblea denunciaron que un reducido grupo de delegados de seccionales de fábrica actuaba junto a los directivos de FOTIA para obstaculizar la ejecución de programas oficiales que pondrían en funcionamiento el ingenio.^[51] La posición de Martínez logró adjudicarse un triunfo al ser recibido por el presidente provisional José María Guido.^[52] El encuentro revelaba la red de relaciones tejidas por el sindicalista cuando se desempeñó como secretario general de FOTIA, al mismo tiempo que demostraba el respaldo del gobierno nacional a un dirigente sindical con perfil negociador. La reunión no alcanzó una definición concreta, pero puso en conocimiento del Ejecutivo la necesidad de regularizar el pago de jornales atrasados.

La reapertura de las disputas internas y la falta de perspectiva sobre el ingenio decidieron al entonces secretario general del sindicato de Santa Ana, Enrique Veliz, a presentar su renuncia. En su lugar asumió Emilio Ramón Cabrera, y en el mismo acto fueron cubiertos los cargos vacantes debido a la expulsión de los dirigentes que juntaron firmas a favor de Martínez.^[53] La nueva conducción del sindicato alineó a la filial con el secretariado de FOTIA. En esa nueva correlación entre las partes en disputa, los disidentes comenzaron a manifestarse por fuera del gremio. Una asamblea de trabajadores de surco y fábrica, estimada en 300 personas, intimó al sindicato a dejar sin efecto la expulsión de Martínez, al considerar que este había sido autorizado (por los avales) para realizar las gestiones ante los poderes públicos.^[54] Seguidamente, una nueva asamblea, con amplia representatividad, que reunió a obreros de fábrica, temporarios y del surco reafirmó los cuestionamientos a los dirigentes sancionados.^[55] Por su parte, Martínez renunció a disputar en el plano sindical, pero utilizó su ascendencia como referente local y su acercamiento al poder político para continuar actuando en la localidad en confrontación con la dirigencia de FOTIA.

La fractura local. Entre el apoyo y la confrontación a la reapertura limitada de la fábrica decretada por Gordillo Gómez

Los planes de la intervención provincial para la conversión del complejo azucarero fueron apoyados sistemáticamente por Martínez y los sindicalistas afines. También recibió el apoyo de la disidencia del sindicato de empleados. La oposición a la liquidación de la empresa provincial había permitido la confluencia de FOTIA y FEIA, pero esta unión resultó efímera cuando los empleados se acogieron a percibir las indemnizaciones, rechazadas por los obreros por considerar que no se ajustaba a los términos de la ley.^[56]

En ese contexto, signado por los decretos de parcelamiento, el avance de las cesantías y la mayor presencia policial, el sindicato de obreros persistió en actitud de movilización y decidió retener los vagones de azúcar destinados a ser comercializados. Organizó una marcha por el pueblo que contó con numerosa participación de obreros, mujeres y niños, y culminó con un acto en la sede del sindicato donde pronunciaron discursos dirigentes locales y los directivos de FOTIA.^[57] Simultáneamente, el nuevo secretario general del sindicato obrero local, Emilio Cabrera, junto a representantes de la CGT, consiguió reunirse con el ministro del Interior para tratar la problemática de la fábrica, sin alcanzar compromisos concretos.^[58] En ese marco de indefiniciones, algunos trabajadores optaron por percibir las indemnizaciones y migrar.^[59] Las cesantías generaron problemas de infraestructura. La población se quedó sin agua potable cuando el motor distribuidor dejó de tener personal para hacerlo funcionar.^[60] El vaciamiento laboral de la empresa se reflejó en la reducida participación de trabajadores en las elecciones sindicales siguientes, en las que triunfó la lista blanca, encabezada por Osvaldo Argentino Lobo.^[61]

El nuevo dirigente de la filial obrera se pronunció por la unidad gremial intentando apaciguar las divisiones internas. En tal sentido, solicitó la apertura de una oficina para la inscripción a los lotes y mostró disposición para atender a quienes quisieran acceder al plan de colonización cuestionado por FOTIA. El cierre del plazo evidenció la escasa adhesión de los trabajadores de Santa Ana: de los 554 inscriptos, solo 162 pertenecían al territorio del ingenio, mientras que la mayoría eran personas ajenas a la localidad.^[62] La filial de obreros solicitó la prórroga de inscripción conjuntamente con el nuevo secretariado de FOTIA presidido por Arnoldo Aparicio. La reapertura del listado incrementó el número de trabajadores inscriptos, pero no cambió significativamente su correlación con los postulantes provenientes de otras áreas. Incluso fue superior el número de empleados que el de obreros. Probablemente, la postura de FEIA que ponderó positivamente la parcelación de tierras por considerarla una verdadera “reforma agraria” influyó en ese resultado.^[63] La procedencia de los inscriptos revela que el programa de colonización resultó un fracaso en términos de respuesta a la crisis social causada por la desocupación. A largo plazo, generó un reducido sector de medianos propietarios que accedieron a lotes de más de 25 ha de las tierras del ingenio (los cañeros chicos poseían menos de 5 ha).

El gobierno conformó una comisión con representantes obreros, empleados y cañeros para constituir la sociedad anónima que asumiría la fábrica. Los representantes de FOTIA insistieron en la necesidad de buscar un esquema laboral que diera ocupación al mayor número de obreros. Con una postura diferente en relación con el empleo, UCIT aconsejaba formar cooperativas para las secciones vinculadas a los talleres y mantener el personal estrictamente necesario para el funcionamiento de la fábrica. Esa concepción se asemejaba a la defendida por FEIA, que presentó un modelo de estatuto similar a los del ingenio Ñuñorco y Marapa, con la relevante diferencia de incorporar a sus trabajadores como accionistas.

Sin respaldo de FEIA y UCIT, la dirección de FOTIA profundizó sus cuestionamientos a los proyectos del interventor y reclamó su revisión. Argentino Lobo, del sindicato local, especificó que la nueva empresa mixta incorporaba solo a 240 trabajadores.^[64] No obstante esta denuncia, una comisión que se adjudicó la representación de 400 obreros y empleados de Santa Ana apoyó la conformación de la sociedad anónima y criticó a los dirigentes gremiales por la lentitud de sus gestiones.^[65] La formación se denominó Comisión Pro Recuperación del Ingenio Santa Ana, y entre sus referentes se destacaban dirigentes cercanos a Martínez, junto a otros opositores a la lista blanca. Como primera acción, presentaron un memorial al interventor en que declararon el apoyo al programa oficial de reformas, enumeraron los perjuicios generados por el cierre del ingenio y enfatizaron la necesidad de ponerlo en funcionamiento, aun con un plantel reducido.

En claro desafío a FOTIA, el gobierno convocó a los representantes de la Comisión Pro Recuperación a integrar las reuniones de los sectores involucrados en la formación de la sociedad, decisión que desplazaba al sindicato como representante natural de los trabajadores. FEIA apoyó esta determinación y brindó su aval para que la organización tuviera representación en el futuro consejo de la administración del ingenio, declaración que le otorgó mayor legitimidad a la comisión. Frente a ese avasallamiento, la federación endureció su posición y amenazó con la huelga azucarera para forzar la revisión total de las medidas adoptadas para Santa Ana. La reivindicación fue incorporada entre las condiciones que los sindicatos azucareros exigieron en la huelga para el inicio de la zafra, junto al aumento salarial y la extensión del convenio al personal de cañeros.^[66]

Sin atender los reclamos, el gobierno de Alberto Gordillo Gómez avanzó dando cumplimiento a lo decretado. En julio de 1963, se concretaron las primeras entregas de lotes de Santa Ana con resonantes actos en casa de gobierno, a los que asistieron las familias adjudicatarias y, entre estas, la del propio Carlos Balbino Martínez.^[67] La Comisión Pro Recuperación participó en la entrega de boletos de compraventa. El acceso a la tierra en extensiones superiores a 20 ha afianzó a los parceleros como acérrimos defensores de Martínez y del gobierno para proteger sus posesiones. Por su parte, FOTIA y la CGT regional instaron al interventor a no innovar en Santa Ana y propusieron que el gobierno constitucional próximo a asumir dirimiera el asunto. Esa posición fue repudiada por la Comisión Pro Recuperación y la filial de FEIA, que cuestionaron la legitimidad de la dirigencia de FOTIA para incidir en el problema de Santa Ana.^[68] Las acusaciones de FEIA se focalizaron en el asesor económico de la federación, Lisandro Caballero, a quien señalaban como agente de ideario castrista.^[69]

Al mes siguiente, el interventor anunció la constitución de la nueva sociedad anónima en la localidad, ante la presencia de funcionarios, representantes de las entidades involucradas, una concurrida participación de vecinos y el cura párroco, quien dio la bienvenida a las autoridades.^[70] En la jornada también participaron los nuevos adjudicatarios de parcelas, quienes comenzaban a organizarse para formar una asociación cooperativa. A pesar de la amplia convocatoria y del carácter de celebración comunitaria que se pretendió reflejar, la población se encontraba marcadamente dividida. Tal cual se explicitó cuando los trabajadores que participaban de la iniciativa oficial manifestaron su disconformidad con el aporte sindical de 100 pesos que se les descontaba de su salario.^[71]

El gobierno saliente consiguió implantar una base de apoyo local para publicitar la adjudicación de parcelas y presentarlas como un plan modelo de transformación agraria. Con ese objetivo, se exhibió un cortometraje sobre el parcelamiento en el cine de la capital tucumana, con la participación de las entidades que se habían pronunciado favorablemente.^[72] Por su parte, la filial del sindicato denunciaba el desabastecimiento del hospital y la falta de personal por el atraso en los sueldos.^[73] Para resolver esa situación que contrariaba la imagen difundida, Gordillo Gómez autorizó a la administración de E.P.T. Santa Ana en liquidación a transferir el hospital al Ministerio de Salud Pública de la provincia.

El modelo de estatuto adoptado para formar la nueva empresa fue presentado por el asesor de la comisión Pro Recuperación de Santa Ana, Eduardo Sabaté Prebisch, con aportes del contador Alberto Cohen en representación de UCIT.^[74] El esquema era similar al de los ingenios mixtos de la provincia, que tenían a sus proveedores cañeros como accionistas, pero innovó al asignar un porcentaje de acciones al personal y su correlativa representación en el directorio. A fines de septiembre, asumieron las autoridades de la fábrica, encabezada por Miguel Gutiérrez Cuadrado, en un nuevo acto oficial en la localidad.^[75] Alberto Gordillo Gómez expuso la formación de la nueva sociedad como la conclusión de sus logros en la gestión. Sin embargo, dejaba una formación precaria y atravesada por conflictos locales.

La formación de ISASA a cargo del ingenio y el embate de FOTIA en la esfera legislativa para derogar los decretos del interventor

La empresa a cargo de la explotación de la fábrica se denominó Ingenio Santa Ana Sociedad Anónima (ISASA). Bajo esta razón social, el principal accionista era el Estado provincial, y se incorporaba con una participación menor a obreros, empleados, adjudicatarios de las parcelas, cañeros de zonas aledañas y eventuales inversores. El capital social de $ 370.000.000 estaba representado por 1000 acciones de $ 370.000 cada una, distribuidas de la siguiente manera: 300.000 correspondían al Estado provincial, 30.000 a obreros y empleados permanentes de la empresa, 30.000 representaban a cañeros y parceleros, y los 10.000 restantes serían otorgadas a inversionistas. Cualquier modificación de la estructura debía ser autorizada por la asamblea extraordinaria de socios y no se permitía transferir las acciones en ningún caso.

Todo obrero o empleado de la empresa debía suscribir un mínimo de 15 acciones, lo que equivalía al 10 % de sus remuneraciones. Su potencial participación en los beneficios estaba sujeta a un sistema de puntajes que establecía la eficiencia del trabajador. Las acciones de cañeros quedaban habilitadas para los adjudicatarios de parcelas, y propietario o arrendatarios de fundos de la zona de influencia del ingenio, admitidos en función de la calidad de sus cultivos y la capacidad de molienda de la fábrica. La reglamentación determinaba imposiciones del gobierno a los factores destinadas a promover la productividad, al ligar los beneficios a la eficiencia laboral y la admisión de agricultores a sus rendimientos. Probablemente, la introducción de esta normativa obedecía a la controversia sobre la productividad agraria y fabril sindicada como la principal causa del declive de la industria azucarera tucumana.

El directorio estaba compuesto por 8 miembros titulares y 5 suplentes. Al Estado provincial le correspondía designar 4 titulares, con su correspondiente suplente; los accionistas obreros y empleados debían designar dos titulares, y dos suplentes; igual cantidad se adjudicaba a los cañeros. El presidente y el vicepresidente serían elegidos entre los miembros del directorio pertenecientes a la representación estatal. El decreto transfirió como aporte de capital del Estado provincial las instalaciones de la fábrica y parte del territorio aledaño que comprendía un total de 274 ha. No se incorporaban las 20.000 ha restantes que quedaban en propiedad de la provincia, a excepción de las 7.000 ha adjudicadas. En la órbita del Estado, quedaron la escuela, el hospital y los clubes, en tanto las construcciones correspondientes al aserradero debían arrendarse a una sociedad de extrabajadores del ingenio a conformar.

Contra esa formación de ISASA que incorporaba escasos trabajadores, el sindicato local formó la Comisión Pro Ocupación Plena, designación que aludía al personal cesante del ingenio no convocado por la nueva empresa e incluía a sectores no sindicalizados, mujeres, agrupaciones juveniles, trabajadores agrarios y pequeños comerciantes afectados por la medida. Exigió nuevas fuentes de trabajo para los desocupados y denunció que los obreros temporarios no habían percibido las indemnizaciones de E.P.T Santa Ana. Asimismo, señaló que entre los marginados del proyecto había personal de más de 15 años de servicios que residían en el ingenio.^[76]

La asunción de Lázaro Barbieri, representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), como gobernador constitucional en octubre de 1963 abrió expectativas para los reclamos sindicales, ya que en la campaña electoral se había pronunciado contra las reformas realizadas por la intervención.^[77] Dirigentes de FOTIA y el sindicato de Santa Ana solicitaron la derogación del decreto de colonización de tierras y exigieron la constitución de la nueva sociedad anónima. El nuevo escenario volvió a convulsionar el ámbito local y las declaraciones de FOTIA generaron el repudio de los parceleros y los trabajadores accionistas. Estos últimos esperaban el inicio de los trabajos de reparación de la fábrica y la puesta en funcionamiento de una planta de papel de bagazo, según lo acordado.^[78] Por su parte, la Comisión Pro Plena Ocupación denunció las amenazas de desalojo por la fuerza pública a trabajadores con largos años de servicio.^[79] Exhortó a la población a no dejarse engañar y a esperar el resultado de las gestiones de FOTIA y la CGT.

Una vez en ejercicio, el gobernador Lázaro Barbieri explicó que la derogación o revisión de los decretos no era facultad del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, por lo que estaba inhibido a intervenir directamente en el tema.^[80] Como compensación, anunció la elaboración de un nuevo plan de colonización en las 20.000 ha que disponía el gobierno en la zona (en mayoría área de bosques). FOTIA replicó que el gobernador, en condición de colegislador, tenía potestad para determinar sobre el asunto. No obstante, cifró sus expectativas en las cámaras legislativas. A fines de diciembre de 1963, el sindicato organizó un masivo acto en Santa Ana, donde tomaron la palabra el presidente del Senado y legisladores, representantes de la Comisión Pro Ocupación Plena, dirigentes de otros sindicatos azucareros, el titular de FOTIA y de la CGT regional.^[81]

Para licuar las consecuencias de estas manifestaciones, los directivos de ISASA intentaban exhibir los efectos benéficos de la creación de la nueva empresa para los habitantes de la localidad. Impulsaron las actividades deportivas en los clubes que habían cesado con el cierre del ingenio, para lo cual contaron con la activa participación del cura párroco. Se pretendía mostrar un supuesto renacer de las instituciones sociales y recuperar un sentido armónico de la vida comunitaria, imagen distante de las tensiones existentes en la localidad. A pesar de los escasos fondos disponibles, la empresa se propuso dar señales de actividad e inició las reparaciones de la fábrica con un plantel reducido de 127 operarios.

Simultáneamente a las mencionadas jornadas comunitarias y el inicio de las labores fabriles, se agudizó el enfrentamiento entre los distintos segmentos de trabajadores. El personal de la sociedad anónima constituyó a comienzos de 1964 un nuevo sindicato por fuera de la federación, para defender sus intereses y manejar su propia caja previsional. En su dirección se encontraban dirigentes de la Comisión Pro Recuperación y sindicalistas opositores a lista blanca.^[82] La nueva entidad gremial anunció que el directorio de ISASA la reconocería como única autorizada para representar al personal y que su principal programa de acción se fundaba en el afianzamiento de la sociedad mixta y la molienda de 1964. Asimismo, adelantaron su propósito de formar una nueva federación azucarera.

La filial de FOTIA repudió la formación de este sindicato. Acusó de “traición” a quienes defendían la sociedad que había mejorado la situación de solo 147 trabajadores del ingenio, mientras que el verdadero sindicato continuaba luchando por los 1.635 obreros desocupados. La Comisión Pro Recuperación del ingenio relativizaba la desocupación en Santa Ana denunciada por FOTIA, poniéndola en relación con los despidos efectuados en otros ingenios, y sostenía que el pago de indemnizaciones había distendido la urgencia del problema. Por su parte, el sindicato no federado de Santa Ana solicitó la personería gremial al Ministerio de Trabajo con el argumento de que la filial de FOTIA en la localidad carecía de representatividad.^[83]

Los directivos de FOTIA, junto a la regional de la CGT, se reunieron con los presidentes de ambas cámaras legislativas y el gobernador para sellar un compromiso orientado a revisar los decretos de la intervención. Pero el acuerdo se dilató por la indefinición del gobernador, mientras que la situación social y económica de los desocupados tensionaba el ámbito local. El dirigente del sindicato de Santa Ana, Lucas Sánchez, describió a la prensa la precariedad de la población desempleada y auguraba reacciones impredecibles.^[84] El gobierno reforzó la comisaría local con la presencia de 60 policías para prevenir protestas. En contraposición, el sindicato no federado anunció la reincorporación de 77 obreros debida a sus negociaciones con los directivos de ISASA.^[85] A su vez, los parceleros entregaron un memorial a Barbieri en el que le informaban sobre el desarrollo de sus cultivos y las contrataciones de trabajadores. En función de lo actuado, solicitaron mantener el parcelamiento.

En el marco de esas disputas, Barbieri formó una comisión integrada por las partes interesadas para revisar las medidas adoptadas en el ingenio Santa Ana.^[86] Asimismo, anunció un plan integral para las 20.000 ha en poder de la provincia que serían explotadas por cooperativas, formadas con el financiamiento del gobierno nacional. La novedad fue recibida con entusiasmo con FOTIA, mientras que los directivos de ISASA denunciaron que la solución de cooperativa evocaba a formaciones de tipo marxista de estructura totalitaria.^[87] FEIA declaró que no iba a participar en la comisión por no acordar en la necesidad de revisión, aun siendo público el reclamo de ex empleados del ingenio para ser incorporados en la sociedad.^[88] También FET recomendó no alterar lo dispuesto. Las posturas de estos actores dejaban en soledad a FOTIA, que debía lidiar con la situación de los desocupados. En ese contexto, la federación resolvió en una reunión plenaria romper relaciones con FEIA y cuestionó ampliamente al directorio de ISASA.

El plan para Santa Ana fue publicitado por el gobernador el 20 de enero de 1964. Contemplaba la cooperativización de la fábrica, la destilería y los talleres. En el estadio agrario, se formarían tantas cooperativas como colonias existentes. Las demás actividades contarían con sociedades específicas: aserradero y carpintería; taller metalúrgico y mecánico; transporte; construcción; y granja. Esta compleja formación que desmembraba el complejo agroindustrial en distintas sociedades cooperativas requería tiempo para ser implementada, de modo que, en función de asegurar la molienda de 1964, el gobierno provincial dispuso que ISASA gestionaría la próxima zafra. Los dirigentes fotianos se mostraron sorprendidos por la contradicción de los anuncios. Por una parte, se pronunciaba a favor de la organización de las respectivas cooperativas por sector de trabajo, pero en los hechos mantenía la continuidad de ISASA. No obstante, la dirigencia sindical redobló sus gestiones en la Legislatura para impulsar la caducidad de la sociedad mixta en el ingenio Santa Ana.

Los adjudicatarios de parcelas erigieron como representante a Carlos Balbino Martínez, quien fue recibido por el presidente Arturo Illia.^[89] En el encuentro le entregó un memorial que reseñaba su versión sobre el conflicto del ingenio Santa Ana. Nuevamente, Martínez hacía uso de sus influencias con relativo éxito, pero esta vez sin aspirar a una representatividad sindical. Su estrategia de oposición a FOTIA había cambiado. Como referente local, solicitaba el acceso a créditos para la cooperativa de parceleros y la apertura de nuevas fuentes de trabajo. Por su parte, ISASA, en un nuevo intento de legitimar su posición frente a la población, transfirió el aserradero a una cooperativa de exoperarios.^[90] La entrega se realizó a través de un acto celebratorio, que incluía un asado criollo para directivos, parceleros y miembros del sindicato no federado. En esa jornada se buscó nuevamente recrear una ficción comunitaria quizás apelando a una memoria vecinal, pero en momentos en que la localidad se encontraba profundamente castigada por la desocupación.

Ante la dilación de la vía legislativa, FOTIA impulsó la ocupación de la fábrica por parte de los desempleados.^[91] En respuesta, ISASA presentó la denuncia al juez de instrucción, en tanto los parceleros y miembros del sindicato no federado exigieron la concreción del desalojo.^[92] La toma de las instalaciones exacerbó la conflictividad entre los intereses gestados en torno a la fábrica. Desde afuera se cortaron los servicios eléctricos. Un grupo denominado como “verdaderos trabajadores” denunció que los exobreros quemaban sus ropas de trabajo. Estos últimos, representados por Lucas Sánchez, reiteraron su reclamo de una solución integral para Santa Ana. Afirmaban que los ocupantes de la fábrica soportaban sin contestar diferentes provocaciones: pedradas continuas y, lo más intolerable, castigos a los niños que intentaban acercar comida al establecimiento. Exigían, además, la suspensión de los carnavales organizados por ISASA, por tratarse de una “fiesta de privilegio” frente a las carencias que atravesaba la mayor parte de la población.

FOTIA y la CGT prestaron total apoyo a la medida de fuerza e intentaron mediar en diferentes instancias para arribar a soluciones. Los dirigentes azucareros Arnoldo Aparicio y Rodolfo Zelarayán ingresaron en el establecimiento acompañados del secretario del gobernador para dialogar con los ocupantes. Desde la CGT nacional, Mario Leito se entrevistó con el secretario de Previsión Social para transmitirle la urgencia de una resolución. En favor de la toma, se constituyó en el local de FOTIA de la capital provincial una comisión de defensa de Santa Ana, con delegados de CGT, la Federación Universitaria del Norte y otros sindicatos. Los respaldos también fueron amplios en el marco de organizaciones políticas nacionales, como el semanario Compañero, que prestó una amplia cobertura al problema de Santa Ana.^[93]

La toma fue breve, pero tuvo momentos de elevada tensión y violencia entre las partes. Luego de cuatro días, se entregó las instalaciones al jefe de la policía, justo antes de que se comunicara la resolución jurídica a favor del recurso de amparo interpuesto por ISASA.^[94] Los directivos de FOTIA, regresados de las negociaciones en Buenos Aires, anunciaron el compromiso del gobierno nacional de financiar una solución integral al problema de empleo con una suma de $ 100.000.000. En tanto, los parceleros, afiliados del sindicato libre y la filial de FEIA realizaron una asamblea que resolvió defender la estructura vigente. El sindicato libre repudió la presencia de comunistas en la localidad, y algunos de sus referentes constituyeron un “frente anticomunista” en defensa de la concepción “occidentalista y cristiana”.^[95]

En el ámbito legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados solicitó al gobernador la pronta remisión del anteproyecto. Por su parte, los diputados de la UCRI presentaron un proyecto que ratificaba lo actuado por el gobierno interventor y habilitaba una nueva área para la colonización.^[96] En contraposición, el gobernador hizo pública su propuesta legislativa que dejaría sin efecto los decretos.^[97] En su presentación a la prensa, reconoció que las opiniones de la población se encontraban divididas, pero los artículos del proyecto de ley se inclinaban a respaldar el pedido de FOTIA, en tanto anunciaba la expropiación de los terrenos parcelados y la totalidad de las acciones de ISASA. En consecuencia, el foco del conflicto se concentró en la Legislatura.

La delegación de parceleros y los trabajadores de ISASA se reunieron con los diputados provinciales y con el subsecretario de Hacienda de la Nación para rechazar la propuesta del gobernador. En FOTIA se decidió en plenario la movilización en apoyo al proyecto de Barbieri y se formó una comisión encargada de definir las medidas a adoptar.^[98] El asunto se debía tratar en la Cámara de Diputados el 28 de febrero de 1964. Ese día los parceleros se reunieron frente a la Legislatura. FOTIA convocó a una gran marcha de solidaridad con los trabajadores de Santa Ana que debía culminar en la plaza Independencia, principal paseo de la ciudad. En el acto participaron como oradores el secretario general de la CGT José Alonso, el delegado de la CGT Regional Andrés Addur, y Atilio Santillán en representación de la comisión de movilización de FOTIA.^[99] La concurrencia, estimada en 1.500 personas, se movilizó en 15 camiones, 4 ómnibus y otros vehículos que recorrieron las zonas céntricas de las ciudades del interior antes de llegar a la capital.^[100] El problema de Santa Ana alcanzó una amplia repercusión en la prensa, pero en la Legislatura se adujo el “clima de agitación” para suspender la sesión. La prórroga fue aprovechada por los parceleros, obreros y empleados de ISASA para presentar un memorial al presidente Illia y para ocupar la fábrica exigiendo la continuidad de la empresa. Finalmente, en sesión extraordinaria los diputados discutieron el proyecto de ley y ratificaron por mayoría los decretos de la intervención.

Asamblea en el sindicato del ingenio Santa Ana durante la ocupación de la fábrica, febrero de 1964. Fuente: semanario Compañero, nº35, 25 de febrero 1964.

Resuelta esa instancia legislativa, los desocupados del ingenio comenzaron a manifestarse con violencia. El párroco de Santa Ana, quien se mostraba públicamente cercano al personal y a los directivos de ISASA, fue duramente golpeado por uno de los trabajadores despedidos.^[101] La nota de desagravio al sacerdote fue firmada por numerosos y renombrados vecinos que ensalzaron la unidad local en torno a la fe católica.^[102] Sin embargo, el enfrentamiento entre ocupados y desocupados se manifestaba abiertamente: el local del sindicato filial de FOTIA fue atacado por los obreros de ISASA, mientras los desocupados realizaban una manifestación en la localidad en la que atacaron a piedrazos las viviendas de los dirigentes no federados.^[103]

En ese contexto, las expectativas de FOTIA se concentraron en el Senado. En una reunión plenaria, se declaró el estado de beligerancia contra toda organización que impidiera una solución integral para Santa Ana. El debate legislativo se realizó con la presencia en las inmediaciones de trabajadores desocupados, de FOTIA y la CGT, y también de representantes de los parceleros. El proyecto suscrito por Agustín M. Dip (Democracia Cristiana), Ramón A. Nazar (ex-UCRI) y Felipe A. Ochoa (Justicia Social), que alcanzó la mayoría, derogaba la legislación de Gordillo Gómez e introducía reformas sustanciales al sancionado en Diputados.^[104] Finalmente, el 18 de junio de 1964, se aprobó la transferencia de parte de las acciones del Estado a nuevos accionistas y se declararon de utilidad pública (plausible de expropiación) las tierras del parcelamiento.^[105] Como resarcimiento, se les permitiría la tenencia precaria a los parceleros hasta la siguiente cosecha, luego de la cual las propiedades serían transferidas a cooperativas agrícolas. Estas debían ser coordinadas por el Consejo Agrario de Santa Ana, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Esa institución, encargada de implementar las modificaciones impuestas por la ley, estaría integrada por delegados de las cooperativas, en tanto su presidente sería designado por el Ejecutivo. Durante los primeros dos años, las resoluciones del Consejo serían obligatorias para los cooperados, y el incumplimiento de las directivas se castigaría con la nulidad de la adjudicación de las tierras.

La nueva legislación se implementó con demoras y solo parcialmente, por lo que en los hechos la fábrica continuó trabajando bajo la gestión de ISASA. Se realizaron mejoras en las instalaciones eléctricas de la localidad para aumentar la potencia de la planta y se firmaron nuevos contratos para el abastecimiento de materia prima.^[106] El gobernador solicitó créditos al gobierno nacional para garantizar el funcionamiento de los ingenios oficiales y financiar programas de colonización agraria. En la primera quincena de julio de 1964, el ingenio volvió a moler y anunció un calendario de pago a los cañeros.^[107]

Los parceleros resistieron la ley que facultaba la expropiación de sus tierras y realizaron gestiones ante ministros y legisladores nacionales.^[108] En septiembre el sector referenciado en Carlos Balbino Martínez se reunió con el gobernador para advertirle que no permitirían ningún sistema colectivista en Santa Ana y defenderían a ultranza el parcelamiento. Para tranquilizarlos, Barbieri les confirmó que no se contemplaba la realización de desalojos. Por su parte, el sector de trabajadores ligado a FOTIA consiguió el compromiso del gobierno para modificar la modalidad de explotación del ingenio con el objetivo de absorber la mayor cantidad de mano de obra posible. Aun así, las promesas siguieron siendo tan ambiguas como las definiciones. Otro gran desafío fue conseguir un desempeño económico aceptable del ingenio que permitiera el desarrollo de la nueva sociedad anónima.

El desempeño de ISASA. Continuidad de la molienda y persistencia de las disposiciones fundacionales hasta la clausura definitiva del ingenio

Concluida la zafra de 1964, el ingenio Santa Ana había conseguido realizar una modesta molienda en la que procesó 127.325 toneladas de caña proveniente en su totalidad de productores independientes (85.463 t de parceleros y 41.946 t de cañeros de la zona), con un rendimiento fabril de 6,8 %, expresado en 8.671 toneladas de azúcar.^[109] El desempeño anual no fue insatisfactorio teniendo en cuenta las condiciones en que se llevó adelante, pero finalizada la cosecha emergieron nuevamente las dificultades para financiar el reacondicionamiento de la fábrica. Según la memoria anual y el balance de ISASA, las complicaciones financieras provenían principalmente de la escasa producción comercializada, ya que la mayor parte se encontraba retenida en espera de la declaración de un precio oficial acorde a los costos de producción.^[110] El balance cerrado en abril de 1965 registró apenas un 5,64 % de azúcares colocados y un 37,96 % de alcoholes. El stock alcanzaba las 117.085 bolsas, habiendo vendido solamente 7.042.^[111] En tal situación, el crédito que posibilitó iniciar las labores en 1965 fue otorgado por el gobernador. Se trataba de 45 millones derivados de las partidas nacionales obtenidas para ingenios oficiales.^[112]

Protesta obrera en reclamo de financiamiento para la zafra de 1965. Fuente: Archivo del diario La Gaceta (Tucumán).

Los obstáculos financieros para dar regularidad al funcionamiento del ingenio impulsaron al directorio a peticionar el pase de las acciones del Estado a la Caja Popular de Ahorro de la Provincia, considerando que de ese modo se facilitaría el acceso a los créditos. El traspaso solicitado fue aprobado por el gobernador a fines de enero de 1965. Esta disposición conllevó, entre otras medidas, un nuevo cambio de directorio. El sindicato libre felicitó la resolución oficial, pero la representación obrera del directorio, a cargo de José Antonio Juárez, criticó la falta de estabilidad en la administración al mencionar los cinco presidentes que estuvieron a cargo desde su creación.^[113]

El apoyo del gobernador fue decisivo para dar continuidad a la molienda de la fábrica. También, debido a su impulso, se iniciaron las tareas de desmonte en un área de 100 ha que ocupó a 220 trabajadores agrupados en 22 cuadrillas.^[114] En vísperas de las elecciones legislativas, Lázaro Barbieri publicitó su actuación en Santa Ana como una conquista de su gestión.^[115] Pretendía revertir en esa instancia electoral la debilidad de su gobierno incrementando su sutento legislativo; en parte, fue su inestabilidad política lo que impedía adoptar una posición contraria a los gremios o avanzar de manera decisiva implementando las reformas ya establecidas por la ley.^[116] Por lo que sus intervenciones persistieron en la intención de conciliar las partes. Respecto de las parcelas ofrecidas, declaró que la situación se respetaría si los fundos otorgados no excedían una superficie de 25 ha.^[117] Bajo esas coordenadas, Balbino Martínez aceptó firmar la desposesión con el compromiso de no ser desalojados y permanecer como tenedores exclusivos por tiempo indeterminado. En sus asambleas, los parceleros organizados como cooperativa agropecuaria buscaban impedir cualquier intento de expropiación.^[118] Por su parte, el dirigente del sindicato local, Emilio Cabrera, aclaraba que el problema de desocupación se había solucionado solo a medias, que la demora en el reparcelamiento causaba intranquilidad entre los obreros, y denunció que no se habían concretado las reformas del estatuto de la sociedad para adecuarlo a la ley e incorporar nuevos accionistas obreros.^[119]

Según la legislación, el Consejo Agrario de Santa Ana debía coordinar la cosecha y la entrega de caña de los parceleros a ISASA. Conseguir los acuerdos y fondos necesarios para realizar la cosecha suscitó nuevas dificultades. No obstante, la zafra se inició oficialmente el 17 de junio con una ceremonia en el ingenio presidido por el gobernador. El Consejo Agrario firmó posteriormente un convenio con los parceleros para levantar la caña, bajo el cual el Estado provincial se convertía en empleador de los trabajadores de las parcelas, cuyo personal sería designado en un 80 % por el Consejo Agrario y en un 20 % por los parceleros. Estos últimos recibirían un pago como locatarios de obra con responsabilidad en la “dirección, control y vigilancia” de los trabajos. Sin embargo, el inicio de estos trabajos se demoró.

La falta de empleo entre los residentes de las colonias por el retraso de la cosecha en las parcelas fue el detonante de reclamos y nuevas divisiones en el sindicato local. Esta vez la oposición estuvo encabezada por el exdiputado Carlos Américo Cabrera, reincorporado como obrero de fábrica. Con el aval de trabajadores de algunas colonias, solicitó a FOTIA la intervención de la filial y la renuncia a las autoridades del sindicato “por inoperancia y falta de información”, pedido que les costó la expulsión del sindicato.^[120] A su vez, los atrasos en el pago de salarios sumaron tensiones al interior de la empresa. Sin que se modificara el estatuto, las elecciones realizadas por sector en la asamblea de accionistas marcaron el ascenso al Consejo Directivo de ISASA de referentes enfrentados a FOTIA; entre estos, la figura más saliente fue Carlos Balbino Martínez, quien asumió en representación de los parceleros.^[121] El recambio otorgó mayor legitimidad al reclamo de ese sector, que continuó resistiéndose a la desposesión de sus parcelas.

Los conflictos se manifestaron también en el Consejo Agrario de Santa Ana, encargado de remitir los planes para reordenar el parcelamiento. A fines de octubre, Lázaro Barbieri cuestionó la inactividad de ese órgano y asumió personalmente su conducción. El Consejo Agrario normalizó la representación de los sectores con los delegados correspondientes y estableció el plazo de una semana para que estos se pronunciaran sobre los decretos de parcelamiento. Pero la presión no consiguió forzar un acuerdo; por el contrario, en una de las reuniones del Consejo, fue agredido el representante obrero.^[122] El consenso expresado en un acta firmada entre FOTIA y los parceleros autorizó al arrendamiento transitorio, el reparcelamiento de superficies superiores a 25 ha y el amojonamiento de la nueva estructura de colonización, con la realización de una mensura a cargo de Catastro.^[123] A su vez, Barbieri anunció un nuevo crédito para ISASA y la renovación de los créditos provinciales para parceleros.

Los últimos meses de 1965 fueron caóticos en Tucumán. Al stock azucarero de la zafra anterior que había complicado las finanzas de los ingenios, se sumaba un nuevo año de sobreproducción. Los rendimientos productivos fueron particularmente altos y volvieron a abarrotar el mercado, lo que imposibilitó que algunas empresas cumplieran sus obligaciones financieras. El ingenio Santa Ana obtuvo un rendimiento anual de 7,6 %, mientras que el promedio provincial era de 8,6 %, y su producción de azúcares alcanzó las 20 mil toneladas, superando ampliamente las 8 mil de la zafra anterior.

El problema, al igual que en la mayoría de los ingenios, residió nuevamente en la colocación del producto. El Directorio de ISASA realizó gestiones con el Banco de la Provincia para la obtención de un crédito con prenda a fin de abonar los jornales y la materia prima adeudada. La entidad adelantó fondos para el pago de obreros transitorios, pero aclaró que los créditos restantes quedaban sujetos a la negociación con el Banco Central.^[124] La expectativa de resolver la situación se diluyó cuando la entidad se negó a adjudicar el crédito por no contar ISASA con la escritura traslativa de dominio de los bienes aportados por la provincia, que debían quedar como refuerzo de hipoteca.^[125]

En marzo de 1966, el ingenio fue nuevamente ocupado por atrasos salariales.^[126] FOTIA y la filial local apoyaron la medida impulsada especialmente por los trabajadores agrarios y los adjudicatarios de parcelas a los que se adeudaba parte de la caña entregada. El sindicato demandaba la reforma del estatuto de la sociedad para que se aumentara el número de trabajadores ocupados. Por su parte, los directivos de ISASA exigieron el pronto desalojo. Luego de 11 días de ocupación, se acordó con el gobierno provincial el pago de los haberes y la materia prima adeudada y se devolvió a ISASA el control de la fábrica.

Una nueva complicación surgió en abril de 1966 cuando el gobierno de Arturo Illia dispuso la limitación de la producción en un 70 % como respuesta a la sobreproducción y a la imposibilidad de exportar los saldos dados los bajos precios internacionales. Se determinaron cupos de producción por ingenio teniendo en cuenta el promedio de lo elaborado en el quinquenio precedente. Bajo este parámetro, se contabilizaba para Santa Ana el año que no molió y la escasa producción de 1964. Con base en ese cálculo, la fábrica quedaba autorizada para elaborar solo 9 mil toneladas, volumen que tornaba inviable su funcionamiento. El directorio reclamó ante los poderes públicos nacionales sin encontrar una respuesta favorable.

En junio de 1966, el golpe de Estado de Onganía y sus primeras declaraciones de priorizar los problemas tucumanos derivados de la agroindustria azucarera alentaron alguna expectativa en ISASA. El directorio decidió iniciar la zafra a comienzos de agosto luego de ser recibidos por el secretario de Comercio de la Nación, quien se comprometió a tomar cartas para resolver el asunto.^[127]

En la madrugada del 22 de ese mismo mes, la policía federal intervino el ingenio junto a otras seis fábricas azucareras de la provincia, en cumplimiento del decreto nacional que determinaba el desmantelamiento de las unidades fabriles.^[128] Al frente del establecimiento, se designó un gendarme interventor y se mantuvo la presencia policial para suprimir la protesta. Cinco días después de la clausura, el gobernador de facto Aliaga García se presentó en Santa Ana para anunciar su conversión productiva y la próxima entrega de títulos de propiedad a los adjudicatarios de parcelas. Sin embargo, la autoritaria medida gubernamental generó uno de los índices de migración más elevados en la provincia, movimiento que revelaba el extendido desánimo social en la localidad, aunque sus dirigentes continuaron reclamando en los años siguientes nuevas fuentes de trabajo.^[129]

Conclusiones

Los últimos años del ingenio Santa Ana a cargo del gobierno de Tucumán constituyeron los primeros ensayos de respuestas frente a la amenaza de cierre de fábricas que la crisis azucarera provincial mantuvo latente hasta finales de la década del 1960. Plantear soluciones fue un desafío para los gobiernos de turno, tanto como para los sindicatos azucareros y la población local. A partir de 1958, el gobierno de Celestino Gelsi sostuvo su administración en un contexto de sobreproducción e intentó infructuosamente su venta a privados para evitar los costos políticos de su clausura. De manera intransigente, el interventor Alberto Gordillo Gómez avanzó con el cierre del ingenio en 1963 y fraccionó sus tierras productivas. Ante las presiones, propuso fundar una sociedad mixta que habilitara la fábrica con un plantel reducido; el proyecto encontró apoyo entre los trabajadores de la localidad disidentes a la conducción de federación obrera, quienes formaron la Comisión Pro Recuperación de Santa Ana. De esa convergencia, surgió ISASA, cuya capacidad limitada de inclusión cimentó la conflictividad local y la oposición de FOTIA. El gobernador sucesor, Lázaro Barbieri, se pronunció a favor del reclamo de la federación de derogar los decretos del interventor, pero la decisión quedó sujeta a la Legislatura, en que el oficialismo no contaba con mayoría. Los sindicatos azucareros se movilizaron para presionar a los legisladores a revertir las medidas adoptadas en Santa Ana, hasta conseguir revocar las normativas. Esta demorada victoria no logró cambiar la correlación de fuerzas en ISASA, en que la oposición a FOTIA representada por los parceleros y el personal de la fábrica afianzó su posición. Reiniciar la molienda en 1964 implicó conservar la modalidad de gestión establecida por la intervención.

La perspectiva local adoptada en el estudio permite reconocer las persistentes divisiones en el sindicalismo azucarero y su incidencia en el devenir del conflicto. La gestión de la federación obrera por parte de Carlos Balbino Martínez, alcanzada a partir de la normalización sindical de 1957 bajo la tutela de la dictadura, consolidó su referencia como dirigente sindical con un perfil dialoguista. En contraste, las elecciones sindicales de 1959 habilitaron el retorno a la conducción de los dirigentes peronistas proscritos, encabezados por Benito Romano. Martínez replegó su actividad al ingenio Santa Ana, siendo derrotado en el sindicato local y sancionado por malversación de fondos. Sin embargo, en los siguientes comicios, consiguió triunfar en Santa Ana por medio de una lista que lo reconoció como asesor. La decisión del interventor de clausurar la fábrica permitió a la conducción de FOTIA acordar con la filial en oposición para resistir el embate de la clausura. No obstante, la confluencia fue efímera. Martínez, junto a los gremialistas afines, emprendieron negociaciones con las autoridades gubernamentales por fuera del sindicato y posteriormente crearon una nueva organización escindida de FOTIA. El apoyo a las medidas adoptadas por el interventor le permitió consolidar su posesión sobre las parcelas y un mayor ascendiente en la conformación ISASA. Junto a FEIA y UCIT, los parceleros respaldaron las reformas del gobierno y confrontaron con la postura de FOTIA. Ponderaban en su discurso la solución pragmática de dar continuidad al funcionamiento de la fábrica en una escala muy reducida, mientras que FOTIA exigió el empleo del total de desocupados. Estas posturas contrapuestas acabaron por enfrentar violentamente a la población.

El gobernador Lázaro Barbieri suministró los recursos para dar continuidad al funcionamiento del ingenio en 1964 y 1965, pero no consiguió conciliar los intereses en pugna, ni implementar las transformaciones dispuestas por la ley y exigidas por FOTIA. La nueva crisis de sobreproducción en 1965 impidió la comercialización del producto y selló la imposibilidad de funcionamiento del ingenio. La resolución del Estado nacional de limitar la producción de 1966 para no incrementar el stock perjudicó de manera inequitativa a ISASA, que, a pesar del reclamo, no consiguió modificar la disposición. La dictadura de Juan Carlos Onganía incorporó a ISASA en el listado de los ingenios a ser clausurados y desmantelados. Dada la destrucción de vínculos comunitarios en el violento enfrentamiento local, la migración fue la respuesta mayoritaria de la población, ya que no pudo estructurar modalidades de resistencia al nuevo cierre como lo consiguieron en otros ingenios de la provincia. No obstante, quienes se mantuvieron en la localidad continuaron reclamando fuentes de trabajo junto a los demás trabajadores azucareros desocupados de la provincia.

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