Pindoty Porã es una localidad en Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, que se convirtió en la principal salida de desechos reciclables, principalmente de cobre y aluminio, de manera absolutamente ilegal.
Esta frontera seca se convirtió en la ruta de los cables y otros bienes del Estado que son robados, sin tener ninguna trazabilidad ni rastros de su comercialización. Esto ocurre ante la inacción de la Policía, el Ministerio del Ambiente (Mades) y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
Cómo se produce. En Pindoty Porã se instalaron varios acopiadores que compran materiales reciclables a precios que industrias locales no pueden competir y trasladan estos materiales con la complicidad de la Policía Nacional, pasando al Brasil.
Esta ruta del desecho ilícito parte de los acopiadores que compran de los denominados “chespis” -quienes sustraen de las instalaciones-, sin emitir comprobantes en sus compras, sin pagar los impuestos correspondientes y con operaciones que se encuadran dentro de las actividades del lavado de dinero por el delito precedente del envío de estos productos mediante contrabando al Brasil, por la frontera de Pindoty Porã.
Estos locales de acopio se encuentran en las localidades de San Lorenzo, Capiatá y Ciudad del Este.
Es vox populi en la frontera que este tráfico ilícito de deshechos es, además, transporte para todo tipo de sustancias prohibidas y armas, debido a que Pindoty Porã es considerado “tierra de nadie”.
Las compras las realizan en todo el territorio nacional y transitan con sus camiones sin los mínimos requisitos ambientales ni tributarios, alimentando al mercado de dinero en efectivo proveniente directamente de actividades vinculadas al crimen organizado.
Un tema muy importante es que este comercio ilícito y contrabando de desechos es la perfecta salida de todo lo robado en nuestro país, ya que las empresas formales poseen estrictos controles y no comercializan sin una debida trazabilidad.
Ruta del cobre. Unos 80 a 100 camiones por mes transportan cada uno aproximadamente toneladas de desechos metálicos, desde los lugares de acopio, ubicados especialmente en San Lorenzo, Capiatá y Ciudad del Este.
Estos miles de kilos de cobre o aluminio especial viajan hasta grandes complejos ubicados en la poca conocida ciudad fronteriza de Pindoty Porã, en frontera seca con la ciudad brasileña de Sete Quedas.
Para llegar hasta ahí son esenciales las rutas 3 y la ruta 2 indistintamente, sobre las cuales hay en suma más de 18 puestos policiales como de Aduanas, pero al parecer nadie molesta a quienes transportan estas cargas y mucho menos a quienes están detrás de este multimillonario negocio
Son decenas de camiones que pasan por semana; los metales son entregados en frontera en estancias a brasileños que haciendo lo mismo con agentes de la Policía Federal y la Receita Federal del Brasil meten los metales de contrabando llegando hasta São Paulo.
Los pagos son manejados fuera del circuito financiero legal vía casas de cambio y efectivo sin dejar comprobantes legales ni tributos en Paraguay. Para el transporte utilizan notas de remisión y facturas de venta local a valores absurdos que no llegan ni al 10% del valor de la carga. Lo que se inicia con el robo de un adicto al crac termina en un gran tráfico internacional de desechos ilegales.
Perjuicios económicos. El procesamiento de desechos en Paraguay alimenta a muchas industrias, que operan con licencia ambiental, normas y reglas para poder procesar y luego exportar, generando al país ingresos tributarios considerables.
El golpe a las industrias formales que produce en contrapartida el comercio ilegal es enorme, ya que sin cumplir ningún requisito ni pagar impuestos, la competitividad se ve afectada por precios.
Nos comunicamos con Nelson Martínez, gobernador de Canindeyú (ANR), para saber su impresión, pero al cierre de esta edición seguía sin atendernos.
