Las directivas del Instituto de Recreación y Deporte de Santander, Indersantander, aceptaron la renuncia de Mayra Alejandra Téllez Romero como asesora jurídica del instituto descentralizado. Cargo que ocupó desde del 2020.
En medio de denuncias de supuesta falta de idoneidad para ejercer el cargo como asesora jurídica del Indersantander, Mayra Téllez, presentó su carta de renuncia al Instituto descentralizado. Dimisión que fue aceptada en las últimas horas por las directivas de la entidad.
Según el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra, dentro de los requisitos exigidos por el manual de contratación del Instituto se exige que la persona que vaya a ejercer el cargo como asesor jurídico del Indersantander deberá acreditar como mínimo dos años de experiencia profesional relacionada además de título de postrado en la especialidad relacionada. Sin embargo, tres años después de la posesión de Téllez, en el Sigep, no hay soporte ni sobre la experiencia requerida ni los títulos de posgrado.
“El manual de funciones exige posgrado y aparte 2 años de experiencia relacionada con el cargo. Ella no tenía ni siquiera 2 años desde la fecha del grado al momento en que fue nombrada. Aparte que yo pasé derecho de petición antes pidiendo que me enviaran la hoja de vida y soportes de Mayra Téllez, la respuesta a ello es que apenas tiene pregrado”, expresó el diputado Ferley Sierra.
Por tal motivo, semanas atrás le solicitó a las directivas de la entidad remover de su cargo a la abogada además de que devuelva los sueldos recibidos por Mayra Téllez desde que sumió su cargo como asesora jurídica en 2020.
“Renunció por salud”
Aunque Téllez Romero había presentado su carta de renuncia desde el pasado martes, solo hasta las últimas horas se oficializó la salida de la funcionaria.
Fuentes al interior del instituto descentralizado le afirmaron a esta redacción que la dimisión de Mayra Téllez a la oficina jurídica del Indersantander se debió a temas personales relacionados con su actual estado de salud.
“La doctora Mayra presentó su carta el pasado martes debido a su actual estado de salud ya que se encuentra embarazada y es de alto riesgo y con la actual presión que vive, especialmente por parte de unos diputados, prefirió la salud de ella y su bebé. Nada tiene que ver con su idenoiedad”, señalaron las fuentes.
“No hay irregularidades”
En su momento, la directora del Indersantander, Kelly Restrepo, en diálogo con Vanguardia desestimó las observaciones del diputado Sierra y afirmó que la abogada Téllez tiene la idoneidad para ejercer el cargo como asesora jurídica del entidad.
“En revisión preliminar puedo afirmarle que los señalamientos hechos por el Honorable Diputado son falsos en razón a que se hizo una equivalencia de acuerdo al Decreto 1083 de 2015; del título de posgrado. Adicional al mismo. La equivalencia se hizo desde la culminación de materias. De acuerdo al decreto 1083 del 2015 artículo 2.2.2.3.7. Experiencia. La Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. En este caso en el expediente se encuentra la certificación de la Unab de terminación de materias”, indicó la funcionaria.
Sin embargo, unos días después, la propia funcionaria le solicitó al diputado Sierra tiempo extra para darle respuesta al derecho de petición interpuesto por el corporado en el que solicita las pruebas sobre la idoneidad de Mayra Téllez para asumir como asesora jurídica del Indersantander.
Cabe recordar que Mayra Téllez, quien llegó a la oficina jurídica bajo la dirección de Pedro Belén Carrillo desde comienzos del 2020, fue la encargada de darle viabilidad jurídica al polémico contrato de suministro de raquetas de tenis por $4 millones cada una a pesar de que el contratista que ejecutó el controvertido convenio presentó dos certificaciones ‘fantasmas’.
Tanto Téllez como Carrillo están siendo investigados disciplinariamente por la Procuraduría ante las presuntas irregularidades en la compra de elementos para el programa de escuelas de especialización deportiva dirigido a niños, niñas y adolescentes, contrato por $550 millones.
